Se conmemora en estas fechas el día de los Derechos Humanos; buena falta hace, en efecto, recordar, traer a colación y conmemorar la existencia de una tabla de derechos que a todos nos atañen, como beneficiarios y también como defensores y vigilantes de su cumplimiento.

Los Derechos Humanos son muchos, y hay que decir que desde su promulgación se incumplen continuamente en uno u otro lugar. Tampoco nuestro país se libra de estos incumplimientos, a veces agravados por ser las instituciones y el propio gobierno quienes los vulneran.

La existencia de miles de personas asesinadas en el transcurso de un golpe de estado, sin proceso judicial, sin defensa, sin acusación ni delito por medio, enterradas ¡hoy! en montes y cunetas de nuestro país, cuando recurrentemente se ha solicitado al gobierno de turno la solución de este problema sin que hasta hoy se haya llevado a efecto, dice mucho acerca de nuestra solvencia democrática.

Porque hace muchos años ya que estas ejecuciones extrajudiciales, estos asesinatos alevosos, fueron tipificados como delitos contra la Humanidad por las instituciones supranacionales correspondientes, y nosotros, nuestros gobiernos, aceptaron esta tipificación entre otras muchas casuísticas.
Las leyes internacionales exhortan a las naciones a ejercer sus deberes para con la verdad, para con la justicia, para con la reparación hacia las víctimas de estos delitos de lesa humanidad. Y a la vez, estas obligaciones contraídas por los gobiernos son un derecho de los ciudadanos, que ellos, como gobernantes, tienen la obligación de garantizar: nuestro derecho a la verdad, el derecho general a la justicia, el derecho de las víctimas a recibir reparación.

Llama la atención que precisamente en estas fechas aparezcan artículos en los periódicos que siguen porfiando acerca de la inconveniencia de la memoria histórica; algunos, generosamente, admiten que "la memoria subjetiva no puede despreciarse", indicando que los hechos ocurridos en el transcurso y tras el golpe de estado franquista de 1936 son hechos individuales, y que mejor sería mantenerlos en ese plano: que cada uno asuma lo suyo como una tragedia personal; que los demás lo comprendemos e incluso le damos una palmadita en la espalda con toda simpatía; pero que no intenten generalizar, ni convertir esa “incidencia personal” en un problema general, en un problema político con unos responsables, con unas consecuencias y por tanto, en un problema a resolver, así hayan pasado setenta años o los que tengan que pasar.

La pregunta que surge es si de verdad estos analistas piensan que la existencia de esos miles de casos que arriba se apuntan, mas las secuelas sicológicas y materiales que los hijos de esas víctimas sufren a fecha de hoy, no constituyen prueba suficiente de la existencia de delito, de un delito atroz que une al propio hecho en sí una contumacia verdaderamente llamativa a la hora de seguir negando los hechos, calificándolos de anécdota personal o incluso acusando a aquellos que piden una justicia que les corresponde plenamente, de querer “abrir heridas”, o de “revolver”… expresiones éstas, además de ofensivas, de una gran pobreza y sin significado alguno.

El problema, precisamente por su carácter político, ha sido negado de una manera o de otra con procedimientos más o menos sutiles dependiendo de cada gobierno; pero todos ellos han evitado encarar el asunto, y mucho más asumir que golpe de estado, desapariciones forzosas, ejecuciones sumarísimas, estado ilegal, juicios nulos de pleno derecho, indefensión de las víctimas o selección de las mismas por sus ideas y convicciones, conforman una situación por completo incompatible con un estado de derecho, y que, lamentablemente, en tanto que todas y cada una de las circunstancias planteadas no sean afrontadas y resueltas en acuerdo con la legislación internacional, aparecerán y reaparecerán sin solución de continuidad.

Sentido de estado, aplicación de la ley y valor político es el deber de los gobernantes, y en la otra cara de la moneda, el derecho de nosotros, los ciudadanos.