Viernes, 3 de diciembre de 2021|

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Los símbolos franquistas envilecen nuestra ciudad

No es la primera vez que la ciudadanía vallisoletana solicita la retirada de los nombres franquistas que campan en el callejero de Valladolid y de los símbolos que se exhiben en las fachadas de algunas instituciones públicas de la capital; por no hablar del monumento que, erigido en el Cerro de San Cristóbal, domina toda la ciudad y puede verse casi desde cualquier punto de la misma, y que está dedicado al llamado “Caudillo de Castilla”, el filonazi Onésimo Redondo.

De forma casi recurrente desde que vivimos en democracia, muchas organizaciones y personas a título individual han reclamado de manera infructuosa la eliminación de estos recordatorios de aquella sublevación ilegal y sangrienta de julio de 1936, causa de la muerte y desolación de una gran cantidad de vallisoletanos demócratas que vivían al amparo de la II República, a la que habían votado en las urnas.

La pervivencia de estos símbolos y nombres sigue obligándonos a exigir su retirada, pero a fecha de hoy existe un factor fundamental que cambia por completo el cariz de nuestras reivindicaciones: la aprobación parlamentaria de una ley que ordena explícitamente la retirada de todos estos vestigios de la dictadura.

Se trata de la “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica.

En esta Ley, publicada en el B.O.E. de 27 de diciembre de 2007, existe el siguiente artículo:
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1.Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

2.Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

3.El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

4.Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.

Es decir, que ahora solicitamos que se cumpla una ley que lleva dos años vigente.

¿Es ético que sean los ciudadanos quienes tengan que exigir a sus mandatarios y representantes el cumplimiento de la ley? La respuesta, en buena lógica, ha de ser negativa.
Sin embargo, en Valladolid nos encontramos con una situación paradójica que no dice mucho a favor de nuestro regidor municipal, señor don Javier León de La Riva, quien al ser preguntado por su posición ante la retirada de los nombres y símbolos franquistas solicitada por los ciudadanos, contestó públicamente que de ninguna manera pensaba retirarlos, a pesar de que ésta es su obligación en cumplimiento de la ley.

¿En qué posición moral se coloca nuestro alcalde, sr. de La Riva con estas declaraciones? Diciendo públicamente que no va a cumplir la ley, él, que ha de ser precisamente el ejemplo a seguir ante sus conciudadanos, marca una pauta peligrosa por la que cualquier ciudadano puede declararse rebelde ante cualquier ley que no sea de su agrado, o que simplemente no le sea fácil cumplir… como dejar de pagar los impuestos municipales por estar en paro; o cerrar su local comercial a la hora que le apetezca; o dedicarse a circular por la izquierda porque es zurdo; o abandonar la basura en plena calle, porque el contenedor está lejos…

Pero al contrario del señor alcalde, los ciudadanos corrientes piden que las autoridades cumplan esta ley, que es de obligado cumplimiento como todas las leyes, y que son la garantía de una convivencia justa en nuestro país, recordando a quienes las incumplen que el hacerlo es inmoral, y más cuanta más responsabilidad detente el incumplidor, además de incurrir en un comportamiento incívico, con una carga ejemplar muy peligrosa y de difícil valoración.

Una mínima reflexión por parte de los responsables de estas instituciones, obligadas a dar ejemplo a los ciudadanos, ha de llevarles al cumplimiento inmediato de nuestra petición, evitando dar lugar a que los vallisoletanos tengamos que reclamar públicamente su cumplimiento.

Orosia Castán Lanaspa

Mapa calles franquistas en Valladolid


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