Represión franquista en Valladolid

Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz v. España: una decisión de inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionada con la investigación de los crímenes de la guerra civil

Daniel Toda — 2012-10-11T17:26:21Z

La inadmisión de la demanda interpuesta por los familiares ante el Tribunal Europeo de DerechosHumanos por la desaparición del diputado Gutiérrez Dorado en 1936 ha sido una de las mayores decepciones en materia de memoria histórica para todos los que luchamos por el restablecimiento de la justicia para las víctimas de la represión franquista.

Nuestro colaborador Daniel Toda, abogado y licenciado en Ciencias Políticas, analiza para nosotros los motivos legales en que se fundó dicha inadmisión que, lamentablemente ha sido acogida con silencio e indiferencia por grupos y partidos políticos de nuestro país.

Introducción

El 27 de Marzo de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH en adelante) decidió inadmitir la demanda interpuesta en el año 2009 por Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz. Los demandantes pedían al TEDH que declarase la violación de una serie de derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH en adelante) debida a la ausencia de una investigación relativa a la muerte de su abuelo y padre respectivamente al inicio de la guerra civil. La decisión del TEDH significa que el Tribunal no estudiará si hubo o no tales violaciones, pues considera que la demanda le ha sido presentada demasiado tarde y que los hechos en los que se sustenta no entran en su jurisdicción temporal. Así pues, por esta vez se ha quedado sin responder la pregunta sobre si la falta de investigación de los crímenes de la guerra civil constituye o no una vulneración de las obligaciones internacionales de España para con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La decisión, no obstante, resulta muy interesante y desde luego deberá ser tenida en cuenta por todo aquél que pretenda instar la acción de la justicia, y especialmente de la justicia internacional, en un caso similar.

Los hechos

Los hechos relevantes para entender la decisión del TEDH son los siguientes: El señor Dorado Luque era diputado del PSOE en 1936. El día 18 de Julio de ese año fue detenido por unidades militares mientras viajaba entre Madrid y Málaga y llevado a Córdoba. A partir de entonces, no hubo más noticias ciertas sobre él y su familia nunca supo qué le había ocurrido en realidad. En 1993, a instancias de su esposa, un tribunal declaró al señor Dorado Luque en paradero desconocido y se procedió a la inscripción de su muerte en el registro civil.

En 2006 Carmen Dorado, la hija de Dorado Luque, interpuso una denuncia penal ante un juzgado de instrucción de Córdoba por el secuerstro y asesinato de su padre, alegando que se trataba de crímenes contra la humanidad y que, por tanto, no prescribían. El juzgado no acogió estos argumentos, y estimó que en todo caso se trataría de un asesinato ordinario y que estaría prescrito. La Audiencia Provincial de Córdoba rechazó el recurso de apelación que Carmen Dorado interpuso contra la decisión del juzgado. A su vez, el Tribunal Constitucional inadmitió en el año 2008 su recurso de amparo contra la decisión de la Audiencia Provincial.

La demanda ante el TEDH

Una vez que habían agotado todos los recursos existentes en España, los familiares de Dorado Luque interpusieron una demanda ante el TEDH, alegando que la falta de investigación de la muerte de aquél suponía la vulneración, principalmente, del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo obliga a los estados a investigar las muertes ocurridas bajo su responsabilidad o bajo circunstancias desconocidas. Alegaron también la violación de los artículos 3 (prohibición de tortura y tratos inhumanos y degradantes), 5 (derecho a la libertad y a la seguridad personales), 8 (derecho al respeto de la vida privada) y 13 (derecho a un recurso efectivo). La decisión del TEDH sin embargo responde sólo a las alegaciones de violación del artículo 2 y, al concluir la falta de jurisdicción de la Corte, aplica también esta conclusión a las demás alegaciones. Por ello, el razonamiento jurídico que examinaremos a continuación se refiere únicamente al artículo 2 del CEDH.

La decisión del TEDH

De manera preliminar, vale la pena detenerse brevemente en la formación judicial del TEDH que ha tomado esta decisión. Ha sido una sala compuesta por siete jueces (entre ellos el juez español, como en todos los casos que se admiten contra España). Este hecho revela que el TEDH al menos ha apreciado una cierta complejidad jurídica en el asunto. Efectivamente, el Tribunal se organiza en jueces únicos, comités de tres jueces y salas de siete jueces. Las dos primeras formaciones judiciales se encargan de asuntos de escasa complejidad jurídica cuya resolución es rápida y sencilla: demandas claramente inadmisibles y asuntos que se pueden resolver mediante la aplicación directa de la jurisprudencia establecida del TEDH. A las salas de siete jueces solamente se les asignan los asuntos que suscitan cuestiones jurídicas complejas o nuevas. Por tanto, aunque finalmente la demanda se haya declarado inadmisible, el TEDH ha apreciado que sí planteaba cuestiones de cierta envergadura legal y que su inadmisibilidad no era tan evidente. Esto queda corroborado por el hecho de que la decisión no es unánime: al final del texto, se indica que la decisión se ha tomado por mayoría (no se dice cuántos jueces votaron a favor y cuántos en contra, ni quiénes fueron). Por tanto, hubo al menos un juez que en las deliberaciones adoptó y mantuvo otro punto de vista.

Dicho esto, podemos pasar al fondo de la decisión. Pero para ello, es necesario dar unos datos previos: en primer lugar, que el CEDH sólo obliga a los Estados que lo ratifican a partir del momento de su entrada en vigor. Ésta es una regla establecida por el propio Convenio. Esto significa que el TEDH sólo puede juzgar a los Estados por hechos ocurridos después de que el CEDH entrara en vigor para ellos. Todo lo que haya ocurrido antes queda fuera de la jurisdicción del TEDH. El CEDH entró en vigor en España en 1979; por tanto, el TEDH no puede juzgar a España por hechos ocurridos en 1936.

Esta regla, sin embargo, se matiza en casos como el nuestro. La demanda de los familiares del señor Dorado Luque no pretendía que el TEDH declarara la responsabilidad de España por su muerte, sino que el TEDH declarase que España había faltado a su obligación de investigar una muerte ocurrida en circunstancias desconocidas (obligación que, recordemos, deriva del artículo 2 del CEDH). Por eso el caso es ligeramente diferente: si bien España no había ratificado el CEDH en 1936 (en aquel año el CEDH ni siquiera existía), la falta de investigación de esta muerte se ha prolongado más allá de 1979, cuando el CEDH entró en vigor. Después de que el CEDH entrase en vigor, España ha continuado sin investigar esta muerte. Ahora bien, ¿es esto suficiente para que el TEDH pueda admitir y resolver el asunto?

El caso de Dorado Luque no ha sido la primera ocasión en la que el TEDH se ha enfrentado a un caso así. En casos anteriores, el TEDH ha tenido la ocasión de establecer que la obligación de investigar muertes impuesta por el artículo 2 CEDH puede vincular a los Estados incluso cuando la muerte tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Convenio. Pero para que esto ocurra, el TEDH exige que haya una “conexión fuerte” entre la muerte y la entrada en vigor del Convenio. En la práctica, esto ha significado, por un lado, que no haya pasado un periodo de tiempo excesivamente largo entre la muerte y la entrada en vigor. En un caso contra Eslovenia fue un año; en otro caso contra Rumanía, cuatro años y medio. Por otro lado, esta conexión fuerte también significa que una parte significativa de la investigación se debe haber llevado a cabo después de la entrada en vigor del Convenio. El TEDH aplica esta jurisprudencia al caso de Dorado Luque. La simple constatación de que la muerte ocurrió en 1936, 43 años antes de la entrada en vigor del CEDH para España, elimina la posibilidad de que se dé esa “conexión fuerte” que el TEDH exige.

Nos podemos preguntar si en este caso no se podría tener en cuenta el hecho de que España no ha tomado ninguna medida para investigar. Hemos visto que uno de los requisitos de la “conexión fuerte” es que la mayor parte de la investigación se haya llevado a cabo después de la entrada en vigor del Convenio. Pero en casos como éste, donde no ha habido investigación en absoluto, podríamos pensar que el Estado, adoptando una actitud pasiva, se puede librar de su obligación. Si no hay investigación, ni antes ni después de la entrada en vigor del Convenio, no puede haber “conexión fuerte”.

Este interrogante queda respondido en la segunda parte de la decisión. En esta segunda parte, el TEDH se plantea si la demanda también sería inadmisible si se considerase que la desaparición de Dorado Luque constituye una violación continuada, que se prolonga más allá de la entrada en vigor del CEDH para España y que puede por tanto comprometer su responsabilidad. El TEDH concluye que la demanda es de todos modos inadmisible, debido a la tardanza de los familiares de Dorado Luque en presentarla. El TEDH observa que la primera vez que los familiares de Dorado Luque instaron una investigación sobre su muerte mediante una denuncia penal fue en el año 2006. España puede ser demandada ante el TEDH desde 1981. El TEDH reconoce que la ley de amnistía de 1977 puede haber planteado dificultades a la hora de presentar denuncias ante los tribunales españoles. Sin embargo, considera que los familiares de Dorado Luque deberían haberse percatado mucho antes de que no había expectativas realistas de que el Estado realizase investigaciones y de que las que ellos instasen tendrían pocos visos de prosperar. De modo que aquí queda respondido el interrogante: si el Estado sencillamente no hace nada, entonces los demandantes tienen que ser diligentes: no pueden tardar demasiado tiempo en plantear sus acciones a nivel nacional para poder acudir al TEDH lo antes posible. El TEDH estima que la familia de Dorado Luque no fue suficientemente diligente, pues esperó hasta 2006 para comenzar acciones penales en España. ¿Por qué esa diligencia es tan importante? El TEDH dice que es porque las posibilidades de que haya una investigación efectiva disminuyen con el tiempo. Así pues, cuando las víctimas o sus familiares han tardado excesiva e inexplicablemente en llevar sus casos ante el TEDH, éste puede inadmitir sus demandas por tardías. El TEDH tiene establecido que la obligación de investigar vincula al Estado durante el periodo en el que se puede esperar razonablemente que las autoridades tomen medidas para establecer las circunstancias de la muerte. Por ello, cuando han transcurrido ya muchos años, el TEDH no puede imponer la obligación de investigar con la misma fuerza.

Comentario

La decisión del TEDH habrá resultado sin duda decepcionante para quienes buscan, al menos, saber la verdad sobre la muerte de sus familiares en la guerra civil. Efectivamente, se tiende a esperar mucho de una institución llamada Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, es conveniente ajustar dichas expectativas a la realidad. Un tribunal, por naturaleza, no es una institución todopoderosa (al menos no en contextos democráticos), sino que sus competencias están fijadas por la ley, y el tribunal no se puede salir de ellas. Y hay muchas cosas que un tribunal no puede hacer. Esto es todavía más cierto para tribunales internacionales como el TEDH, cuya base legal es un tratado internacional y por lo tanto un compromiso político entre Estados muy difícil de conseguir. En el caso del TEDH, esta base es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sería más exacto llamar al TEDH “Tribunal del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, puesto que así saltaría a la vista que la misión de este tribunal es la de supervisar el cumplimiento con los derechos humanos establecidos en ese Convenio, y no con un concepto abstracto, filosófico y amplio de derechos humanos. El CEDH contiene sólo algunos de los derechos humanos que se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948. En sus artículos 2 a 14 sólo contiene derechos civiles y políticos, definidos en algunos casos de forma estrecha y con limitaciones y posibilidades de restricción. Por tanto, no nos debemos imaginar que el TEDH es capaz de solucionar cualquier injusticia que podamos percibir: sólo podrá encargarse de aquéllas que se puedan relacionar con el CEDH. La manera en la que se define la obligación de investigar muertes derivada del artículo 2 deja fuera el supuesto planteado por la demanda de los familiares de Dorado Luque. Podemos y debemos preguntarnos si esta definición que ha hecho el TEDH es razonable. A mi entender sí lo es, al menos desde el punto de vista del propio TEDH. Volviendo a sus limitaciones, el TEDH no es un tribunal penal nacional y no posee los medios ni las habilitaciones para practicar pruebas que tienen dichos tribunales. Si el TEDH admite demandas como ésta, resolver sobre el fondo le resultará imposible o muy difícil, pues tendrá que estar convencido, más allá de toda duda razonable, de ciertos hechos ocurridos hace mucho tiempo y de los que no puede tener un conocimiento directo. Por otra parte, al TEDH también le resultaría difícil condenar a los Estados a realizar investigaciones que, por el paso del tiempo, ya se han tornado muy difíciles. Por tanto, la exigencia de una cierta diligencia a los demandantes no parece desproporcionada, aunque el TEDH deberá ser sensible a sus circunstancias y posibilidades de instar investigaciones penales.

Epílogo

Esta decisión del TEDH en realidad no hace más que reflejar la realidad de nuestro país: el tiempo que se ha dejado pasar, las oportunidades que se han perdido para llevar a cabo una justicia transicional, son en sí mismos nuevos obstáculos para que los familiares de las víctimas puedan obtener alguna clase de respuesta por parte del Estado. Conviene tener claro sin embargo que, aparte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede haber en teoría otras normas jurídicas de las que emane la obligación del Estado de investigar muertes y desapariciones ocurridas durante la guerra civil, tanto nacionales como internacionales. El hecho de que el TEDH haya determinado que el artículo 2 del CEDH no impone esta obligación no significa que un tribunal español no pueda hallar esta obligación en otras normas. Respecto al TEDH, las posibilidades que quedan son pocas. Cuando hemos hablado de la “conexión fuerte” al analizar la decisión no hemos mencionado que el TEDH puede hallar esta conexión en la necesidad de garantizar la protección efectiva de las garantías y valores básicos del CEDH. Si el abogado de algún demandante como los Gutiérrez Dorado consigue persuadir al TEDH de esto, y si consigue argumentar de manera muy convincente los obstáculos que impidieron a sus clientes acudir antes al TEDH, tal vez su caso se podría admitir. Hay alguna lección que sacar de la decisión en este sentido, pero lo cierto es que las posibilidades son pocas.

A quienes hayan quedado desencantados con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo les invitaría a adoptar una perspectiva más global. Durante mi estancia en Alsacia, tuve la ocasión de visitar el campo de concentración de Natzweiler. No era uno de los más grandes ni de los más famosos, pero sí estaba clasificado por los propios nazis como uno de los más duros. En su memorial, una placa está dedicada a los republicanos españoles. La visita a ese campo expone con toda claridad las razones por las cuales es necesario que el TEDH exista: es nuestra última garantía contra atrocidades como las que se cometieron en Natzweiler. Lleva más de 50 años evitando y condenando con toda la fuerza otras violaciones de derechos humanos, y estableciendo normas básicas comunes para que en Europa dichos derechos se respeten. Por eso animo a los lectores de esta página a que conozcan al TEDH por medio de este vídeo en español producido por el propio tribunal, y a que, en la medida de sus posibilidades lingüísticas (el TEDH trabaja en inglés y francés), se mantengan al tanto de su actualidad. Es un ejercicio de ciudadanía europea y de conocimiento de nuestros derechos.

Daniel Toda

De Los Luminosos Días Oscuros

Redacción — 2010-11-29T11:16:46Z

Juan Carlos Valle "Karlotti"

Viajero y poeta, su figura ocupa un lugar preeminente en el panorama literario vallisoletano, donde siempre está presente aunque resida en su Galicia natal.

Su creatividad se materializa en forma de poema y se revela a los lectores a través de su colaboración en la mayor parte de las iniciativas literarias que han aparecido en nuestra ciudad y con las que muchos vallisoletanos han nacido a la literatura más vanguardista:

Hebe, Pavos Reales, Haz y Envés, Pliegos de Cordel Vallisoletanos, Cuadernos Leoneses de Poesía, Un Ángel Más, El Signo del Gorrión, Barrio de Maravillas…, además de varias antologías y libros propios: Todos de Etiqueta, Esto Era y no Era, Un Golpe de Dados, Los Infolios, Todos los Jueves Salvo la Luna.

Esta vez Karlotti recuerda aquellos días, luminosos o no, en los que toda una generación vallisoletana despertaba, junto con el país entero, a una nueva etapa, en la que todos pusieron sus esperanzas y alguno llegó a dejar su vida.

Damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, del que presentamos el artículo titulado “De Los Luminosos Días Oscuros”

De Los Luminosos Días Oscuros

Por Juan Carlos Valle "Karlotti"

En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi.

Después de treinta años, hablar de la transición se ha convertido en un deber. El silencio fue el secuestro del dolor y el sacrificio de muchos. No importa si, ahora aún a tiempo, ponemos el recuerdo, no sólo de la guerra y de la posguerra, sino el de aquellos años en los cuales los que habíamos nacido después de terminada la guerra, un decir, sin el peso del silencio terrible que atenazaba a los supervivientes, a los vencidos, nos atenazase y nos impidiese tomar parte en la lucha contra el franquismo totalmente consolidado en los años sesenta. Desaparecidos los últimos focos de resistencia armada, con la certeza de que se abría un tiempo en el que Franco y los que le apoyaron de una u otra forma, habían impuesto a una sociedad enmudecida las pautas políticas, culturales y económicas del nacional catolicismo, sólo cabía plegarse a los designios del régimen u organizar y comprometerse con una lucha larga contra el régimen en todos los terrenos. En aquellos años sesenta, hacia el final de la década, muchos jóvenes vimos con claridad la necesidad y la posibilidad de acabar con aquel estado de cosas.

1974, enero. León. Casi siempre enamorado. Las Navidades las había pasado en el Alto Bierzo. En Berlanga, Fabero... Ella visitaba a sus padres por esas fechas. Todos los taxis eran Dodges Dart en la cuenca minera. Y ella era de una transparencia cálida. Y paseábamos sobre aquellos días nevados en los enormes Dodges, festejando la limpieza del frío y nuestro amor ardiente, sin fin. Sin consumación, eterno.

Sólo unas semanas antes habían volado a Carrero Blanco, y a ello le siguió una represión brutal. Hilvanábamos los sueños con la pesadilla, y la clandestinidad a la que nos sometíamos no impedía proclamar, y celebrar a la luz del día, con la seriedad de la inocencia, el amor y la amistad. Vivíamos embriagados por la lucha y la esperanza. Y la "inconsciencia" indoblegable de estar vivos. Aprendíamos a ser libres.

Regreso a León, a donde había ido, protegiéndome de una situación insoportable, perseguidos y golpeados por la temida y sórdida Brigada Político Social, en Valladolid, como consecuencia de las actividades llevadas a cabo, no las mías, que eran limitadas, sino por las de toda una minoría cada vez más amplia y activa.

Aquel enero jamás lo olvidaré. La noticia de las detenciones en Valladolid se confirmaba. Detención y tortura. A La mañana siguiente era un hecho: el diario "Informaciones" daba la noticia. Un estudiante se había arrojado de la tercera planta de la Comisaría. A las horas, sabíamos quien había sido el "arrojado" por la ventana mientras estaba sometido a interrogatorios bajo tortura. José Luis Cancho, amigo y militante del PCE (i). Al día siguiente nos declarábamos en huelga, en asamblea, la Escuela de Magisterio. La primera huelga de esas características en León. Horas después sería cerrada la Escuela. Y durante unas horas llevamos a cabo una ocupación de la misma, bajo la amenaza de intervención de la Policía Antidisturbios. En su interior, y respondiendo a la convocatoria de apoyo a la huelga y en protesta por los sucesos de Valladolid. Se convoca un encierro, en el transcurso del cual se organiza una asamblea-conferencia sobre el PODER NEGRO en los USA, y en concreto sobre los PANTERAS NEGRAS y su estrecha relación con la música, con el Blues y el Jazz. Audición de discos de Jazz, un tesoro valiosísimo en aquellos días. Los amigos los habían traído en sus viajes a Suiza durante los veranos. Ellos se confirmarían como excelentes músicos, y se abría una relación, que duraría hasta hoy, entre música y poesía, entre los amigos de León y de Valladolid.

Seríamos detenidos. El Gobernador civil haría llegar al profesorado de Magisterio mi condición de agitador profesional pagado por China. Ridículo. Los delegados de curso serían amenazados con represalias si continuaban prestándome su confianza. Y por primera vez y última, me veo obligado a declararme poeta, como profesión, ante la amenaza de ser imputado por la ley de VAGOS Y MALEANTES.

Cuento esta anécdota para destacar la complejidad de aquellos tiempos, su riqueza, muy lejos de la visión sórdida y oscura, asfixiante que de ella han hecho muchos que esperarían a los 80 para incorporarse a lo político, y ya como una forma de hacer carrera, precisamente cuando muchísimos más que estuvimos implicados radicalmente contra la dictadura nos habíamos ido despegando de lo que, con mayor frecuencia, era una caricatura de lo que habíamos soñado.

Años 1979—1981. VALLADOLID

Tres años después de la muerte del Dictador, la izquierda seguía teniendo un empuje y una fuerza que nadie pone en duda. Sin el peso de la clandestinidad y con la libertad, su ejercicio, como intrínseca propiedad de la persona, perfectamente engrasada, y la libertad de expresión política e ideológica ejercitándose mas allá del aval de las leyes, la amnistía como conquista, las calles eran tomadas día a día por una juventud concienciada, ansiosa ante un panorama de cambios cada vez más claro, aunque también encogido en los procesos de negociación, procesos que poco a poco iban quedando en manos de unas élites que al final, desde inicio de la gobernación democrática del país, serían las únicas que pactarían, a través de un consenso en el que no tendrían cabida exigencias fundamentales de una gran parte de los sectores populares comprometidos con el derrocamiento de la Dictadura y conformarían la tan santificada Transición, aparcando definitivamente la deseada Ruptura democrática.

6 de enero de 1981. Valladolid. La táctica que seguían los grupos fascistas, nucleados por Fuerza Nueva, la CEDADE, Guerrilleros de Cristo Rey, etc., alcanza su punto álgido. Desde el 77 sus acciones terroristas de baja intensidad se habían ido incrementando, paralelamente a la desaparición de la escena de la BPS (Brigada Político Social), y con el apoyo de los elementos que formaban parte de este cuerpo puramente represivo, someten las calles de muchas ciudades de España a una violencia dirigida a fragmentar y debilitar las manifestaciones creativas, ciudadanas, sociales que con una fertilidad sin parangón se multiplicaban por doquier. Abríamos bares a la medida de los sueños que habíamos incubado y planeado, lugares comunes donde se expresaban las ganas de vivir en una creatividad desbordante, la música, el teatro y la poesía eran los expansivos territorios, que habiendo estado presentes en los años oscuros, ahora brillaban con un tono de rebeldía inolvidable.

Ese 6 de enero, al atardecer, El Cafetín, El Largo Adiós, se encontraba entreabriéndose como los pocos clientes en esos momentos lo ocupaban. Cuatro disparos desde la calle marcan ese día para siempre. Jorge recibe un disparo por la espalda que le alcanza la columna vertebral, los otros tres quedan empotrados, testimonio visible hoy día, en las paredes y el techo. El Cafetín (antes cócteles molotov, asaltos con destrucción del mobiliario, palizas...), el asalto a la facultad de derecho, la sede del MCE asaltada, quemada y como consecuencia un matrimonio muerto en el incendio. El Ayuntamiento, y locales de fuerzas de izquierdas, etc., en un progresión que llego hacer de Valladolid un referente. Para la extrema derecha siempre lo fue. Es una ciudad de las que ellos consideran Zona Nacional.

Ante los hechos, y sin poder contar lo mas mínimo con las fuerzas policiales, se convoca La Asamblea Popular Antifascista por dos veces. A ella asisten todas las fuerzas de izquierdas, políticas y sociales, de la ciudad. De ahí saldrían dos comunicados contundentes que abrieron paso a una situación nueva, dando paso progresivamente a la desaparición de los elementos fascistas de la vida pública. Hubo decisiones y medidas que no vienen al caso detallar ahora. Pero así fueron las cosas. Hoy en día, si algunos viven, los protagonistas, funcionarios del franquismo, gobernadores civiles etc., siguen con sus jubilaciones y sin haber ido jamás a juicio.

¿Cómo se puede llegar hasta hoy, desconociendo lo que aquellos años, junto a los terribles de la posguerra, guardan?

¿No es ese silencio el que permite hoy día estas formas de hacer política, esta mezquindad que muchos parlamentarios exhiben?

Nosotros mismos, aún tocados por vicios de ausencia de modos y maneras de compartir la vida, somos responsables de esta colonización del olvido, haciendo del mismo una enorme fosa común, diezmados por la corrupción que nos hacen ver como inevitable, y que tan firmemente prende en los años sesenta, sobre todo en el terreno del urbanismo, de la construcción, la especulación sin limites del suelo público... Un criminal abandono del campo en aras de una industrialización caprichosa y pazguata, lista para ser inmolada años más tarde en una reconversión brutal sin contrapartidas, cuyo coste pagaron ciudades enteras, que aún hoy siguen quebrantadas. El enriquecimiento rápido sin contrapartida alguna que haría posible fraguar, brutalmente, esta situación de colapso total en la que estamos sumidos. ¿No es ese silencio el que paraliza a un pueblo en su ejercicio de control sobre sus representantes, el que lastra la participación activa en los asuntos que nos atañen? ¿No es este olvido programado el que hace posible que nos presenten como inevitable cada decisión que toman, decisiones absolutamente contrarias a los intereses de la gran mayoría y que hacen del sentido común un pensamiento subversivo?

Recordar el pasado inmediato, saber de dónde venimos, es afianzarnos en la certeza de que las cosas se pueden cambiar, de que otro mundo es posible.

La justicia durante la guerra

Redacción — 2010-08-31T17:18:05Z

Daniel Toda nos presenta su nuevo artículo, que con el título “La Justicia durante la guerra” analiza los Consejos de Guerra que sufrieron los republicanos detenidos, demostrando con argumentos jurídicos la ilegalidad de los juicios y de los Tribunales que los impulsaron.

Un breve análisis de algunas condenas de los Consejos de Guerra de la provincia de Valladolid desde el punto de vista de los derechos y garantías del proceso penal

Introducción

En el anterior artículo, localizamos sucintamente el incumplimiento de las garantías penales que proporcionan los principios informadores de la legislación penal en los Consejos de Guerra que se celebraron en la provincia de Valladolid en los años 1936 y 1937. Sólo nos dedicamos entonces al marco legal punitivo. Ahora vamos a adentrarnos en los procesos mismos. En una selección de cinco condenas, vamos a extraer los incumplimientos de las garantías procesales más fundamentales que se cometieron en aquellos juicios.

El artículo 28 de la Constitución de 1931 establecía que:

“Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por Juez competente y conforme a los trámites legales”.

Es un artículo mucho menos garantista que el artículo 24 de la actual Constitución Española, que dispone que:

1. “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Las injusticias ya están cometidas, las condenas ya se ejecutaron, y las víctimas de esos juicios sumarios no podrán ser nunca restablecidas en su derecho a un juicio justo. Por eso no importa tanto ahora comprobar si esos Consejos de Guerra se ajustaron a la legalidad vigente en el momento de emitirse las condenas. Sabemos que esto no fue así, por lo que dijimos en el artículo anterior, y porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establecía una serie de garantías obviadas en los procesos que ahora examinamos. Sin embargo, nos importa más ahora comprobar si estos procesos tienen algún encaje en el sistema jurídico-constitucional actual, puesto que reclamamos que sean declarados nulos. Vivimos en un nuevo sistema constitucional que, como hemos visto, es muy celoso de los derechos fundamentales implicados en el proceso penal. Siendo esto así, ¿pueden permanecer en vigor estas condenas? ¿Basta con la simple declaración de “ilegitimidad” que hace la Ley 52/2007, o realmente repugnan estas condenas al sentido común jurídico actual? No se trata tanto de dilucidar si las cosas entonces se hicieron bien o mal (esto ya lo sabemos), sino de ver si nuestro sistema constitucional actual soporta la existencia de estas condenas.

1.La aplicación de la ley penal militar

En este punto vamos a detenernos poco. Las condenas que analizamos se sustentan sobre los artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar aplicable entonces. Dichos artículos establecían lo siguiente:

Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la constitución del Estado, contra el Rey, los Cuerpos Legisladores o el Gobierno legítimo, siempre que lo verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª) Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas del Ejército.

2ª) Que formen partida militarmente organizada y compuesta por diez o más individuos.

3ª) Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio de la Nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.

4ª) Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra.

Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:

1º) Con la pena de muerte el Jefe de la rebelión y el de mayor empleo militar, o más antiguo, si hubiere varios del mismo, que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde de cada cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, fracción o grupo de estas unidades.

2º) Con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior, los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten y los que, valiéndose del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla.

Con sólo leer estos artículos, ya nos damos cuenta de la injusticia de su aplicación. Ya sabemos que la represión llevada a cabo por los Consejos de Guerra se basó en “dar la vuelta a la tortilla” y decir que el régimen legítimo era el establecido por los golpistas. Si leemos el primer párrafo del artículo 237 y nos preguntamos quién se alzó contra la Constitución, los Cuerpos Legisladores y el Gobierno legítimo, tenemos clara la respuesta. Sin embargo, los jueces de los Consejos de Guerra tuvieron por más legítimas a las autoridades militares golpistas, que autoproclamaron su legitimidad y su poder mediante bandos, de una manera que no tenía cabida alguna en los cauces constitucionales previstos.

Por lo tanto, la aplicación de la ley que se hizo partió de un supuesto erróneo. Evidentemente una ley que habla de la Constitución y los poderes legítimos no está pensando en proteger a una facción golpista del ejército. Sin embargo, los jueces militares de los Consejos de Guerra sustituyeron el supuesto de hecho de la norma y doblaron así el brazo a la legalidad. Sobre esto no vale la pena detenerse más, pero esta consideración deberá estar presente en todo el análisis que hagamos, porque en realidad es la fundamental.

Por último hay que decir que si se aplicó el Código de Justicia Militar y no el Código Penal, también fue porque las autoridades militares golpistas declararon el estado de guerra, cuando no eran competentes para hacerlo, sencillamente por ser facciones militares sublevadas contra la Constitución.

2.Los procesos ante los Consejos de Guerra

Como habíamos dicho, vamos a examinar ahora la vulneración de las garantías procesales más elementales por parte de los Consejos de Guerra, a partir de cinco condenas seleccionadas. Hay que advertir que este examen resulta en cierto modo artificial: no se puede “pedir peras al olmo”, no podemos pretender que unos Consejos de Guerra establecidos para reprimir y no para aplicar el Derecho fuesen respetuosos, en un contexto de guerra, de las garantías procesales. Por otro lado, ya hemos visto cómo el fundamento mismo de estas causas está viciado. Por ello es hasta cierto punto superfluo el comprobar si se observaron las garantías procesales. Sin embargo, en la medida en que estos Consejos de Guerra pretendieron dar a sus condenas un barniz de legalidad, es provechoso destacar las injusticias materiales que desde la perspectiva actual podemos encontrar. Iremos pues repasando las diversas garantías:

1. El derecho a la presunción de inocencia: Según este derecho, la persona acusada debe ser considerada inocente por el tribunal hasta que haya una prueba de cargo suficiente como para considerarla culpable. Pues bien: en las diversas condenas podemos apreciar cómo esa prueba de cargo no es, en absoluto, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

En la causa contra Gaspar Citoler (24 de Agosto de 1936) se da por probado el hecho de que ha habido una rebelión contra las autoridades legítimas (recordemos: las golpistas, en la lógica de los Consejos de Guerra), y que esa rebelión ha sido provocada por organizaciones marxistas, masónicas, etc. Este hecho se trata como concluyente de la participación del acusado en dicha rebelión, cuando no es más que una descripción del contexto que en absoluto prueba la participación individual del acusado en esos hechos. En esta misma causa, se observa cómo la mera pertenencia a las organizaciones supuestamente autoras de la rebelión basta para establecer la autoría y la culpabilidad del acusado. Es evidente que pertenecer a una organización no es prueba suficiente de haber participado en sus acciones. La prueba tiene que demostrar la participación de concretas personas en hechos concretos. Pero los Consejos de Guerra no fueron tan escrupulosos, como vemos.

En la causa seguida contra Francisco Sáez Sisón y otras personas (28 de Octubre de 1936) se aprecia de nuevo esta falta de rigor en los hechos que se dan por probados, y que vulnera la presunción de inocencia. En la propia condena se puede leer cómo no queda acreditado que las personas acusadas llevasen armas. Sin embargo, su adscripción ideológica se estima suficiente para condenarlos, a pesar de que, lo que se les imputa de manera difusa, es la muerte de un Teniente de la Guardia Civil. Es obvio que la adhesión ideológica no causa muertes. Si no se pudo probar el porte de armas en el momento de suceder la muerte, no es conforme con el derecho a la presunción de inocencia el condenar. En el mismo sentido, en la causa contra Emilio Redondo (8 de Febrero de 1937) se dice claramente que no quedó probado que disparase ningún arma, y aún así se lo condena, por su adscripción ideológica.

En la causa contra Victoria Pérez (22 de Octubre de 1936), ésta resulta condenada por haber pronunciado ciertas palabras constitutivas de adhesión a la rebelión militar. Sin embargo, en la condena no se especifica por qué medio de prueba se ha determinado que, efectivamente, pronunció tales palabras. Simplemente se consigna que fue oída por un piquete, pero ni siquiera se especifica si éste testificó o no. Y en todo caso, un simple testimonio no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Esto revela también deficiencias en la defensa de la acusada.

2. El principio de responsabilidad individual: En el derecho penal, la responsabilidad es estrictamente individual. Cada persona responde por lo que individualmente ha hecho y es necesario delimitar precisamente las responsabilidades de cada acusado, sobre todo en casos de actuación conjunta. Lo que no existe, ni siquiera en los delitos cometidos por varias personas, es una “responsabilidad colectiva” en la que, atendiendo al resultado, no se investigue qué hizo cada uno de los intervinientes, sino que se dé por hecha una participación de todos igual. Este principio, que también se relaciona con el derecho a la presunción de inocencia, no se respetó en las condenas que comentamos:

En la causa contra Gaspar Citoler se habla de la responsabilidad “solidaria y conjunta” de los miembros de las organizaciones marxistas, masónicas, etc. a las que se imputa la rebelión. Esto es un verdadero dislate jurídico. La responsabilidad solidaria existe en el derecho civil, y es un mecanismo para garantizar a un acreedor el cobro de una deuda que tiene frente a varios deudores. Nada que ver con responsabilidades penales que, como hemos dicho, han de ser individuales.

3.El principio de legalidad: según este principio, no hay delito si, al momento de realizar cierta conducta, ésta no estaba clasificada como delito en la ley. Se prohíbe por tanto castigar por lo que la ley no establezca como delito. Este principio también prohíbe subsunciones ilógicas, arbitrarias y sorpresivas de una conducta en un delito que sí aparece en la ley. Es decir, que no puede el juez entender que cualquier conducta se corresponde con los delitos tipificados. Esta correspondencia ha de ser lógica y previsible, porque si no, se sorprende al acusado igual que cuando su conducta no estaba clasificada en la ley como delito. Pues bien: en la causa contra Francisco Sanz Sisón, la subsunción de las conductas en los tipos penales no se justifica en absoluto. No hay un análisis de los elementos típicos que configuran el delito, y no se explica cómo las conductas que se imputan a los acusados se corresponden con ellos. Por ello, se vulnera el principio de legalidad. La adhesión ideológica, como hemos dicho, se convierte de manera sorpresiva en delito de rebelión.

4.El principio acusatorio: según este principio, el juez no puede condenar al acusado a una pena mayor que la pedida por las acusaciones. Es una garantía fundamental de la defensa: sólo si el acusado sabe a qué pena se enfrenta, puede defenderse. Si el juez, sorpresivamente, le impone en la sentencia una pena mayor que no ha sido discutida en el juicio, el acusado no ha tenido la oportunidad de defenderse. En la causa contra Emilio Redondo Escudero (8 de Febrero de 1937) ocurre exactamente esto. Vemos que el fiscal pedía 30 años de prisión, y que el defensor del acusado pedía una pena menor. Sin embargo, en el fallo encontramos una condena a muerte, de la que Emilio Redondo no tuvo la posibilidad de defenderse.

5.El derecho a conocer la acusación: también como evidente garantía del derecho a la defensa, está el derecho a conocer la acusación que se formula contra uno. Es imposible defenderse si uno no sabe de qué lo están acusando. Esta garantía también brilla por su ausencia en estos procesos. Así, en el proceso seguido contra Pablo Arranz Sanz y otros 72 vecinos de Tudela de Duero (9 de Enero de 1937), de ninguna manera se reflejan acusaciones concretas. Se habla de hechos que pudieran haber tenido relevancia penal: detenciones, maltratos, etc. Pero no se especifica quién los cometió, ni quiénes fueron las víctimas. De este modo, los distintos procesados fueron acusados de estas conductas, pero cada uno de ellos no sabía de cuántas, ni contra quiénes. Como segunda consecuencia, se produce que personas que no participaron en esas detenciones o maltratos también se vieron acusadas de ellos. El delito se comete contra una víctima concreta, que hay que especificar. Sin ese elemento, se puede dudar de la existencia misma del delito, puesto que no se puede practicar una prueba convincente. Sin saber de qué detenciones o maltratos en concreto se los acusaba, difícilmente se podrían defender. Esta falta de concreción en las acusaciones también se observa en otras causas, como en la de Gaspar Citoler, condenado a pena de muerte sin que se le imputase nada en concreto.

6.Derecho a la asistencia letrada: todo acusado en una causa penal tiene derecho a la asistencia de un abogado para construir su defensa. El abogado es la pieza fundamental de la defensa, y por ello se ha de garantizar que se disfruta de una asistencia letrada efectiva. Por ello se garantiza el derecho a elegir abogado de confianza. Sin embargo, sabemos que en estos Consejos de Guerra los acusados no elegían a sus defensores, sino que éstos eran designados por el propio tribunal, y eran militares. Podemos dudar de la efectividad de estas defensas gracias a lo que leemos en algunas de las condenas:

En la causa contra Emilio Redondo, vemos que el defensor aprecia la existencia del delito de auxilio a la rebelión. Cabe preguntarse qué clase de abogado reconoce sin más que su defendido ha cometido el delito del que se lo acusa. Por otro lado, en esta misma condena se dice que en la vista no se practicó prueba alguna, de manera que parece que el “abogado” ni se molestó en aportar pruebas que pudiesen eventualmente librar a su defendido de la condena. Por tanto, se puede concluir que la defensa del abogado no fue real ni efectiva.

En la causa contra Francisco Sanz Sisón y otras personas se lee al final que no se interpuso recurso y que no se formularon protestas por el incumplimiento de los trámites legales durante el juicio. Ambas son funciones del abogado, que en este caso no cumplió. Por tanto, la asistencia letrada fue puramente formal e incluso perjudicial para el acusado.

7. La individualización de la pena: en concordancia con la individualización de la responsabilidad, está la individualización de la pena. Si queda claro que diferentes acusados perpetraron diferentes conductas delictivas, está claro que las penas que les corresponden son diferentes. Además pueden concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad. Ello justifica que a cada condenado se le calcule, de acuerdo con la ley, cuál es la condena que ha de cumplir. Pero esto no se hace en las condenas que examinamos. En muchas de ellas, se condena a los acusados en bloque. A los que más o menos se los acusa de los mismo, se los condena a la misma pena, sin tener en cuenta circunstancias que los pudieran diferenciar. Por ejemplo, en la causa seguida contra Francisco Sáez Sisón y otros, o en la causa de Tudela de Duero.

Hay más defectos que podríamos encontrar; por ejemplo, en ninguna de las condenas se hace referencia a las pruebas y a su valoración, por lo que podemos pensar que los acusados no tuvieron derecho a presentar los medios de prueba pertinentes para su defensa. No sabemos tampoco por qué razones los jueces dieron los hechos relatados por probados. También vemos que ciertos elementos subjetivos como la “notoria perversidad” de la que se habla en el caso de Emilio Redondo no se justifican en absoluto, no se explica de qué manera llegan los jueces al convencimiento de que el acusado actuó con tal perversidad. También se usaron conceptos jurídicos inexistentes, como el de “Ejército Salvador”, en esta misma causa. Adoptando una perspectiva más global, llama la atención la causa de Tudela de Duero: en cuatro folios cabe la condena a 72 personas. Esto basta para concluir la falta de calidad del enjuiciamiento. Podemos terminar la retahíla de disparates con un punto de humor. En la causa contra Victoria Pérez vemos escritas las palabras “poder lejítimo” y “juez instruztor”, que también denotan una bajísima calidad de la que esta mujer y muchas otras personas fueron víctimas.

Como hemos visto, incluso poniéndonos en la lógica de los golpistas, estas condenas resultan jurídicamente insostenibles. Si además comparamos este rápido y breve análisis sencillamente con el artículo 24 de nuestra Constitución actual, transcrito al principio, podemos concluir sin más que nuestro ordenamiento constitucional actual no consiente que estas condenas sigan en vigor, con una simple declaración de ilegitimidad. Nuestra Constitución no lo soporta, y la solución es declarar su nulidad.

Daniel Toda: La justicia de los ganadores

Redacción — 2010-06-29T17:27:12Z

Daniel Toda, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, presenta una nueva sección dedicada al análisis del entramado jurídico franquista que, con el título “La Justicia de los ganadores”, analiza pormenorizadamente los principales documentos jurídicos que sirvieron de base para el establecimiento de la “Nueva España”.

Los sublevados contra la República intentaron desde el primer momento revestir de legalidad sus actos criminales mediante la promulgación de bandos, edictos y más tarde leyes, que les permitieran conculcar todo el orden jurídico establecido y que era el verdaderamente legal.

Los argumentos jurídicos que utilizaron eran a veces tan disparatados que el propio Serrano Súñer se refirió a todo el entramado como “la Justicia al revés”.

Una de las reivindicaciones exigidas con más fuerza por nuestro grupo es, precisamente la anulación de todos estos actos jurídicos, que costaron la vida, años de cárcel, deshonor y exclusión social a miles y miles de demócratas.

La justicia de los ganadores

Un breve análisis desde los principios del derecho y del proceso penal de las condenas a republicanos en los primeros meses de la guerra civil

Analizar las sentencias de los Consejos de Guerra de la provincia de Valladolid que se dictaron en los días y meses posteriores al comienzo de la guerra civil permite descubrir que, aunque disfrazados de derecho, estos procesos carecieron de las más elementales garantías. Un ordenamiento jurídico como el actual, que consagra el derecho a un juicio justo entre los fundamentales de la persona, no puede soportar que tales condenas no sean anuladas.

1. Las normas penales: el Bando del General Mola

Empecemos por hablar del presupuesto del delito y de la condena: la norma penal.

Recientemente hemos podido ver una grabación en la que varios artistas españoles se ponen en la piel de represaliados republicanos, condenados a pena de muerte durante la guerra civil y en años posteriores. La frase con la que casi todos ellos concluyen, para subrayar la injusticia que padecieron, es “No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia”. Sin embargo, para poner de manifiesto en toda su dimensión las injusticias disfrazadas de derecho que se cometieron entonces, hay que ir un paso más atrás. Parece que quien se queja de no haber tenido juicio, ni abogado, ni sentencia, acepta el sometimiento al proceso. No se cuestiona el enjuiciamiento, sino la falta de garantías en él. Pero hay que cuestionar el enjuiciamiento mismo de estas personas. Ninguna de ellas merecía haber sido sometida a un proceso penal militar y sumarísimo, y muchas de ellas no habrían tenido que pasar siquiera por un proceso penal ordinario y garantista, puesto que no incurrieron en conductas punibles.

El principio según el cual no hay delito sin ley previa es uno de los más básicos y elementales del derecho penal. Según él, nadie puede ser condenado si no hay una ley que califique su conducta como delito antes de que lo cometa. Así lo ordenaba el artículo 28 de la Constitución de 1931. Los militares golpistas conocían este principio y quisieron dar una pátina de legalidad a la represión que llevaron a cabo a través de los Consejos de Guerra. Un ejemplo de ello es el bando del General Mola de 19 de Julio de 1936, que intenta dar cobertura al castigo de una serie de conductas que tipifica. Pero, evidentemente, esto no se puede considerar suficiente y no satisface el requisito de la ley previa.

Entre las garantías que ofrece el citado principio, está la de la ley formal. Es decir: no cualquier norma sirve para tipificar delitos. Los delitos solo pueden ser establecidos por ley de las Cortes Generales. Esto es así porque el derecho penal es el instrumento más fuerte y más restrictivo de los derechos fundamentales que tiene el Estado. Por ello, para permitir que el Estado castigue determinadas conductas, es necesario el acuerdo de la soberanía nacional, encarnada en las Cortes. Para calificar de delito las conductas recogidas en el Bando de Mola solo habría sido competente el mismo órgano que redacto el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Pero es evidente que el bando de guerra de un militar no puede servir nunca para tipificar delitos, por carecer de la legitimidad democrática requerida para legislar en materia penal y por lo tanto, de las garantías que para los ciudadanos supone el procedimiento legislativo.

El Bando de Mola introdujo además novedades de gran calado: tipifico conductas como delitos, extendió la competencia de la jurisdicción militar para que pudiera juzgar a civiles, y modifico los Tribunales de Urgencia. Todas ellas cosas que solamente se podía hacer por ley. Por ejemplo, el Bando de Mola castiga “la formación de grupos de mas de tres personas en la vía publica”, lo que supone suspender el derecho de reunión. Dicho derecho estaba garantizado por el artículo 38 de la Constitución de 1931, y el artículo 42 de esta misma Constitución decía que tal derecho solo podría ser suspendido por decreto del Gobierno y con aprobación de las Cortes. Otro ejemplo: el artículo 95 de la Constitución establecía que las jurisdicciones serian reguladas por las leyes. Por lo tanto, atribuir competencias a determinados órganos judiciales, como hace el Bando de Mola, solo se podía haber hecho por ley. Por ultimo, el articulo 105 de la Constitución preveía la existencia de Tribunales de urgencia para “hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías constitucionales”. Estos Tribunales serian creados y regulados por ley. Como hemos dicho antes, el Bando de Mola, sin ser una ley, los modifico, puesto que los hizo competentes para juzgar los delitos no comprendidos en la jurisdicción militar.

Hay otro principio relativo a la ley penal que el Bando de Mola tampoco respeta: el principio de irretroactividad. Esta muy relacionado con el anterior e impide que una ley dictada posteriormente a la comisión de la conducta que criminaliza pueda castigar dicha conducta. Las leyes penales solo pueden castigar los delitos que se cometan después de su entrada en vigor, y no se pueden aplicar a los cometidos antes (salvo que sean más favorables). Pues bien: en el Bando de Mola se convierte en delito el estar ausente del puesto de trabajo. De modo que se aplica retroactivamente a todos aquellos que el día 19 de Julio, por unas razones u otras, no hubiesen acudido a trabajar. Es cierto que se les da un plazo de gracia de media hora, pero esto es un plazo de gracia, no una “vacatio legis”, no un retraso de la entrada en vigor del Bando. Por tanto, el Bando se aplicaba a supuestos ocurridos antes de su entrada en vigor.

Ya por ultimo resta solo enfatizar la injusticia material del Bando, represor de conductas como la celebración de reuniones, mítines y conferencias, de la publicación y difusión de periódicos, de las reuniones de tres o más personas, etc. Esto es ya tan conocido que no merece mayor comentario.

En conclusión, el primer principio fundamental del derecho penal que vulneraron los Consejos de Guerra fue el de legalidad, pues los bandos y normas que se dictaron, como hemos razonado, ni eran suficientes para tipificar delitos, ni reunían las garantías necesarias para hacerlo. Por tanto, no se puede aceptar que los juicios de los Consejos de Guerra se llevaran a cabo bajo una legalidad que merezca tal nombre.

Francisco Espinosa Maestre nos presta su colaboración.

Redacción — 2010-05-30T11:30:41Z

Doctor en Historia y una de las principales figuras en el estudio y la investigación acerca de la sublevación militar, guerra civil y represión franquista.

Entre sus investigaciones y publicaciones destacamos “La guerra civil en Huelva”, “La justicia de Queipo en Sevilla”, “La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz” y “Contra el olvido”, obra que incluye “El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española”. Además es coordinador del proyecto “Todos los Nombres” en Andalucía, con la base de datos del mismo nombre "www.todoslosnombres.org", impulsado por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la Confederación General del Trabajo de Andalucía.

Por todos estos trabajos, el día 17 de este mismo mes de mayo, el profesor Espinosa ha recibido el premio Andalucía de Memoria Histórica 2010.

El Jurado del Premio Andalucía de Memoria Histórica, reunido hoy en la sede de la Consejería de Gobernación y Justicia, antigua Capitanía General de Sevilla, ha fallado los galardones correspondientes a su I Edición.

El Premio a la trayectoria personal ha sido para Francisco Espinosa Maestre, historiador y doctor en historia; coordinador técnico del proyecto Todos los Nombres; prolífico autor de innumerables libros sobre memoria histórica; miembro de la comisión de expertos para la investigación de los crímenes del franquismo; brillante articulista y documentadísimo conferenciante.

Sevilla, 17 de mayo de 2010.

Agradecemos al profesor Espinosa su artículo, que reflexiona acerca del oportunismo, el revisionismo y otros males presentes en la investigación de la Memoria Histórica a fecha de hoy.

Empar Salvador y el increíble caso de las fosas de Valencia

Vivimos en un país donde Enric Marco, presidente de la principal asociación española de deportados y que en 2001 recibió la Cruz de Sant Jordi, contó durante años su experiencia en los campos nazis. Donde Antonio Pastor, premio medalla de Granada en 2002 y protagonista de un programa de Canal Sur TV, hablaba allá por donde iba de su paso por Mauthausen. Y donde una periodista que quiso estar en la onda de la memoria histórica dejó constancia escrita para siempre de la vida heroica de Juan Gila Boza, un comunista infiltrado en Falange. Sin embargo y para desgracia de todos ellos, surgieron aguafiestas que demostraron que Marco y Pastor no habían pisado un campo de concentración en su vida y que Gila Boza no era lo que decía ser sino lo contrario: un falangista infiltrado en el PCE, además de un delator.

Se trataría de los excesos propios de un país en el que durante décadas reinaron el silencio y el olvido. Un país donde gracias al estado de sus archivos y a las carencias en la investigación unos han podido ocultar su pasado y otros pasar por lo que no fueron. Todos ellos deben agradecérselo a aquella modélica transición en la que un Martín Villa pudo ordenar la destrucción de los llamados archivos del Movimiento (los expedientes personales de Falange, por ejemplo) como medida complementaria a la amnistía que borró lo más negro del régimen anterior. Cosa lógica: si se borraba el pasado, ¿para qué dejar los papeles con los historiales de todos los que sirvieron al fascismo? Así que las gracias deben ir al modelo de transición y también a los catorce años del PSOE, partido que cuando llega al poder ya ha dicho su adiós a todo eso y para el que todo lo relacionado con la guerra civil, como dijo uno de su dirigentes, no era más que pura arqueología.

Sin embargo, la investigación histórica desde los ochenta y el movimiento en pro de la memoria desde fines de los noventa han dado un vuelco a la situación. Pero ni siquiera aquí, como era previsible, nos hemos librado de los falsarios y los demagogos. De modo que por un lado tenemos a los que por sistema siguen no negando pero sí minimizando lo que les interesa y por otro a los que todo exageran. De ahí que unos reduzcan las consecuencias de la matanza de Badajoz a unos centenares de víctimas y otros lleguen a hablar de miles de personas asesinadas. Curiosamente ambos parten de lo mismo: de un cierto fondo de verdad –dado cómo nos han llegado los archivos el estado de la cuestión da pie a cualquier cosa– que luego distorsionan o falsean a capricho. Pues bien, aquí es donde encaja nuestra protagonista, Empar Salvador, presidenta del Fòrum per la Memória de Valencia.

Las mayores fosas comunes de Europa

La cosa empezó hace unos años, a comienzos de 2006, con el “descubrimiento” de unas grandes fosas en el cementerio de esa ciudad. Según parece la presidenta del Fòrum estuvo convencida durante un tiempo de que los franquistas habían ocultado a sus víctimas en el interior de alguna de las montañas que rodean a Valencia, pero finalmente cayó en la cuenta de que el mejor lugar para que un muerto pase desapercibido es entre los demás muertos. De ahí la feliz idea de buscar en el archivo del cementerio y de ahí el hallazgo de los libros de Fosa Común: estábamos ante la más grande ocultación de la represión franquista. ¿Qué eran las miles de víctimas de Andalucía o Extremadura comparado con lo de Valencia? Nada. Además, según estos investigadores del Fòrum, al contrario que en esas u otras zonas del país, en Valencia el franquismo había querido dejar constancia de sus víctimas y las había detallado de manera minuciosa en libros que el Fòrum había descubierto sagazmente. El resultado: la matanza del siglo y las mayores fosas comunes de Europa.

Y el despiste reinante es tal que personas de respetable trayectoria y de probada inteligencia no sólo creyeron el disparate sino que se dispusieron a avalarlo dándole de esta forma más credibilidad. Fue así como a mediados de 2006 una serie de entidades valencianas como Acció Cultural del País Valencià, la Fundación Cultura de Pau y el propio Fòrum promovieron la creación de una Comisión de Verdad que elaborara un informe sobre las fosas de Valencia. La idea era que para comienzos de 2007 ya estuvieran constituidos los diversos grupos que formarían la comisión (personalidades nacionales e internacionales, juristas, historiadores, representantes de instituciones, etc.). Sin embargo esta iniciativa no cuajó.

Ya entonces se oyeron voces que advertían que algo no iba bien, que existía una investigación previa de 1993, de Vicent Gabarda, que mostraba otra realidad, que lo que habían “descubierto” los del Fòrum no eran las víctimas de la represión franquista sino las personas, desde fetos a ancianos, ingresadas en Fosa Común, una sección existente en todos los cementerios españoles, entre 1939 y 1945, es decir, en los años del hambre y de la negra posguerra. Esa es la razón de que los encontraran a todos inscritos en los propios libros del cementerio. Esto era lo habitual en los casos procedentes de sentencia de consejo de guerra, que pasaban igualmente al registro civil, pero era absolutamente inusual en lo que se refiere a la represión realizada mediante lo que los golpistas llamaron “aplicación del bando de guerra”, es decir, sin más trámite que la decisión militar. Pero el disparate de “las mayores fosas comunes de Europa” resultaba poderoso y creíble, y además tenía a su favor el hecho de que Valencia era un feudo del PP, partido opuesto frontalmente a todo lo que huela a memoria histórica.

Después de esto nos hemos ido enterando de que, pese a todo, Empar Salvador, además de recibir varios premios y una subvención de Vice-presidencia de Gobierno, era invitada a los más diversos foros dentro y fuera de España. El despropósito ha llegado incluso al Reina Sofía, donde se inauguró recientemente una exposición de una artista valenciana, Virginia Villaplana, quien, asesorada por el Fòrum, se había decidido a Narrar la historia de las fosas del cementerio de Valencia. Recientemente Empar Salvador ha pasado por Argentina, donde ha dejado una clase magistral sobre la reciente historia española. Naturalmente la entrevista que allí le ha hecho una cadena de televisión no ha dejado de circular por Internet y aparece en la página Web del Fòrum. Detengámonos en ella para ver qué dice.

La entrevista

En pocos minutos Empar Salvador, a la que se describe como “luchadora e investigadora”, nos dice que en 1931 España, a excepción de Cataluña, era un país feudal, pero que en cinco años la República lo colocó en la vanguardia de Europa. Para demostrarlo, en un tótum revolútum, menciona leyes como las de sanidad, divorcio, aborto, colectivizaciones de tierra, educación, reforma industrial, militar, etc. Naturalmente el entrevistador, que no tiene idea de nada, no pregunta ni plantea duda alguna. Sólo así se explica la tranquilidad con que la presidenta del Fòrum va soltando sin parpadear esa sarta de inventos, barbaridades y lugares comunes.

Pero lo peor llega después, cuando explica las consecuencias del golpe militar. Es aquí donde brillan sus conocimientos. Por ella nos enteramos de que “no hay pueblo en España donde no hubiera un campo de concentración”, de que a consecuencia de los trabajos forzados murieron “miles y miles y miles de presos” o, por ejemplo, de que “solo en el Valle de los Caídos se calcula que murieron 24.000 presos”. El hecho de que en la mencionada obra, a lo largo de los 18 años que tardó en construirse, llegasen a trabajar algo menos de veinte mil personas y que, según quienes lo han investigado, caso de Daniel Sueiro, las víctimas mortales no lleguen a veinte resulta irrelevante para E. Salvador.

Tampoco se le escapa, como no podía ser menos estando en Argentina, el “inmensísimo negocio del secuestro, robo y venta de niños” que hubo durante el franquismo. Aquí ha debido guiarse por la intuición o quién sabe si por investigaciones propias, ya que sobre el asunto de los niños robados es muy poco lo que se sabe aún, por la sencilla razón de que no hay apenas documentación y solo los testimonios orales han permitido atisbar el problema. Así que ignoramos qué fuentes han permitido a Empar Salvador hablar del “inmensísimo negocio”. Ya sabemos que la ignorancia es muy osada y que la prudencia suele ir de la mano del conocimiento, como han demostrado quienes han investigado estos hechos, caso de Ricard Vinyes (historiador), Montse Armengou y Ricard Belis (periodistas) o Francisco González de Tena (sociólogo).

Pero, sobre todo, la presidenta del Fòrum de Valencia destaca en la entrevista su hallazgo: los libros de Fosa Común del cementerio de Valencia. Así fue –dice– como “todo esto me lleva a descubrir seis inmensas fosas en el cementerio general de Valencia” que ocupan más de cuarenta mil metros. Para ella no tenía duda: los franquistas estaban tan seguros de lo que estaban haciendo que dejaron a la vista todos sus crímenes. Y nada de tres o cuatro mil como en cualquier ciudad similar sino por todo lo alto: ¡26.300 en seis años (1939-1945)! Y por si hubiera alguna duda aclara que el político italiano Francesco Cossiga, toda una autoridad en la materia, las ha descrito como “las más grandes de la historia europea del siglo XX”.

El hecho de que el historiador Vicent Gabarda haya establecido que sólo una mínima parte de esas personas (menos de cuatrocientas) puedan entrar en la categoría de represaliadas y que el grueso de la represión se efectuó en Paterna, también resulta irrelevante para la presidenta del Fòrum. Así mismo la constatación, comprobable en todos los cementerios importantes, de que los restos inhumados en fosa común pasaban al osario general periódicamente y que, por tanto, los que hay en las fosas no tienen relación alguna con la posguerra, también es irrelevante.

Estamos ante esas “mentiras convincentes” sobre las que escribió Julián Casanova hace unos años en referencia a Moa y Cía., sólo que en este caso por la otra banda. Unos ajustan el pasado a las necesidades del presente y reducen y minimizan los excesos franquistas; otros hacen otro tanto y los multiplican por cinco. Sin duda, hubiera sido muy interesante un trabajo sobre la situación demográfica de la posguerra en Valencia, pero lo que no tiene sentido es presentar como fruto de la represión franquista lo que en realidad fue consecuencia de la situación en que quedó sumida la población tras la guerra. Cualquier investigador de la represión sabe que esa cifra de Valencia es una barbaridad y que un estudio de la cuestión tiene la obligación de diferenciar a las víctimas: asesinatos, sentencias de muertes, hambre, suicidios, accidentes, etc.

A comienzos de los años 80 investigué los libros del cementerio de San Fernando de Sevilla y me impresionaron los dos gruesos tomos de fosa común. De haber seguido el “método” de E. Salvador/Fòrum de Valencia hubiera llegado a la conclusión de que, entre 1936 y 1945, la represión franquista acabó en la capital andaluza con 15.526 personas, que fueron las que ingresaron en fosa común durante esos años. La cifra sin duda hubiera colmado los peores presagios sobre la crueldad de Queipo. Sin embargo, el estudio a fondo de la cuestión y la consulta de investigaciones que ya existían entonces sobre Cataluña y Andalucía me permitieron afinar más y concluir que entre julio de 1936 y febrero de 1937 ingresaron en fosa común 3.028 personas asesinadas. Evidentemente las víctimas posteriores, al proceder en su mayoría de sentencias dictadas por consejo de guerra, no planteaban problema alguno a la investigación, ya que sus nombres aparecían tanto en el registro civil como en el cementerio.

Pero Valencia no sólo ha ganado a todas las demás ciudades españolas en represión franquista –para la señora Salvador todo lo que no supere la cifra de veinte mil es pecata minuta– sino que además ahora nos enteramos por la mencionada entrevista de que fue “la última ciudad que cae, la que más resiste al franquismo”. Debe haber olvidado que las últimas ciudades en caer, dentro de lo que los franquistas consideraron un paseo militar, fueron Alicante, Cartagena y Murcia. Salvador acaba hablando de “cientos de miles de desaparecidos” de los que, según ella, se han logrado documentar 156.000. ¿De dónde saca esta cantidad? Es fácil. De añadir a los 130.000 que efectivamente sí están documentados, incluidos los 3.128 de Valencia, sus 26.000.

En cualquier circunstancia normal las ocurrencias de Empar Salvador no saldrían de su círculo habitual. La existencia de un caso tan escandaloso como éste requiere que nos preguntemos sus causas y cómo es posible que persista. Desde luego juegan a su favor los vientos pro memoria que en España soplan desde fines de los 90. Nadie puede controlar que en un momento de investigación y recuerdo de un pasado duro y oculto se cuelen todo tipo de gente, sobre todo a partir del momento en que a la historia se sumó la memoria. Curiosamente para esa fecha indicada ya estaba investigada la represión en Valencia, tanto la que tuvo lugar tras el fracaso del golpe militar como la que vino con la ocupación en marzo de 1939. La de Gabarda, Els afusellaments al País Valencià, de 1993, basada en los registros civiles, se trataba de una investigación guiada por el rigor y los métodos de la historia. Por el contrario El genocidi franquista a València, el libro del Fòrum y de Salvador, de 2009, carece de rigor o método alguno –salvo el de copiar todos los registros de los libros de Fosa Común sin más tratamiento– y entra dentro de lo que podríamos llamar el estilo “guía telefónica”. Podrán añadirse algunas decenas de nombres al listado de Gabarda pero la clave está ahí.

Sólo las críticas han obligado al Fòrum a reconocer que dentro de los 26.300 –cifra que en algún momento pasó a 24.500– había varios grupos, que detallan de la manera siguiente:

Represaliados del franquismo: (ejecutados extrajudicialmente, asesinados por palizas y torturas y muertos por hambre, sed, frío, epidemias y enfermedades no asistidas en las cárceles y otros lugares de detención)
Víctimas del franquismo muertas por hambre, frío, malos tratos, epidemias y enfermedades no asistidas debido a las miserables condiciones de vida que el franquismo impuso a la población.
Personas en situación extrema de necesidad a las que sus familias no pudieron pagarles un entierro digno.
Indocumentados muertos en circunstancias no conocidas y explicadas, también enterrados en las Fosas.

Pero poco debió arreglar esto cuando, a comienzos de este año 2010, la Federación Nacional de Foros por la Memoria, presidida por José María Pedreño, decidió dejar fuera al Fòrum per la Memòria del País Valencià por motivos de orden interno y por “la falta de rigor en su investigación de las fosas de Valencia”, cuestionada por diversos historiadores entre los que se mencionaba a Vicent Gabarda y Ricard Camil.

Entre la credulidad y la ignorancia

Pero en cualquier caso, ¿de qué hablamos? Parece que todo este despropósito no tiene otro origen que el profundo desconocimiento de la materia que se investigaba y un evidente deseo no solo de protagonismo sino de llamar la atención con cifras espectaculares, tendencia esta que cuenta con un enorme arraigo entre nosotros y que una y otra vez conduce al absurdo de que, dado que la investigación no las suele confirmar, producen frustración entre los afines y regocijo en los contrarios, que aprovechan para negar o restar importancia a la represión franquista. Es un fenómeno este que conocemos bien los que hemos investigado las consecuencias del golpe militar.

Supongo que todo esto entra dentro de los excesos que inevitablemente conlleva un proceso como el que se vive en España desde finales de los 90. Alguien los podría llamar excesos de la memoria, pero no es justo que la memoria cargue con esto. En realidad son excesos de la ignorancia. Lo difícil de explicar es por qué son tan fácilmente aceptados incluso por quienes tienen posibilidad de analizarlos. Que los tiempos son favorables a dar pábulo a este tipo de disparates no tiene duda, pero que esto ocurra en un lugar donde la represión fue investigada hace años complica el análisis. Sin duda también debe influir la tendencia del medio académico a no implicarse en debates sociales.

Este todo vale, que aprovecha la extrema credulidad con que es aceptado cualquier mensaje de contenido antifranquista por disparatado que sea, ha alcanzado recientemente una de sus cimas con el montaje fotográfico titulado “Parece-imposible-pero-sucedió!”. Un texto absurdo en el que, entre supuestas imágenes del que llaman “holocausto franquista” como una hilera de muertos en el cementerio de Badajoz, unos niños víctimas de un bombardeo en Barcelona o un grupo de hombres fusilados “en las afueras de Madrid”, se cuelan una imagen de ficción de una película y el patio del Cuartel de la Montaña sembrado de cadáveres… ¡Menudo holocausto franquista! En realidad se trata de la “adaptación” casi literal de un tendencioso montaje sobre el holocausto judío con evidentes intenciones antiislámicas al que se le han hecho una serie de cambios para adaptarlo al caso franquista. De ahí que el texto, mal escrito además, carezca de sentido alguno y no encaje con las imágenes. Sin embargo, algo tan burdo coló y no ha dejado de circular (Anexo).

Enric Marco confesó que su interés era únicamente que la gente conociera mejor lo ocurrido a los deportados españoles en los campos nazis. Antonio Pastor no tuvo tiempo de explicar por qué se inventaba su paso por los campos porque la muerte se lo impidió. Empar Salvador tendrá que explicar alguna vez qué pretende exagerando, falseando y mintiendo sobre hechos tan graves y que tanto trabajo está costando documentar. Benito Bermejo y Sandra Checa, los descubridores de los falsarios Marco y Pastor, dijeron que les bastó hablar con ellos o echar un simple vistazo a los documentos que mostraban para saber que estaban ante falsos deportados. Cualquier historiador mínimamente versado en represión franquista sabe que Empar Salvador representa un fenómeno ajeno al deseo de conocer nuestra historia y denunciar los excesos del franquismo.

Fenómenos como “el increíble caso de las fosas de Valencia” apenas afectan a la historia pero, sin embargo, pueden causar un enorme daño al movimiento pro memoria, convertido así en una farsa y cuyo papel en la transformación del presente queda anulado por completo. El mensaje simplificador, maniqueo y victimista de gente como Marco, Pastor o Salvador puede captar a mucha gente predispuesta a creer en la por otra parte probada maldad del nazismo o del franquismo. Pero son mensajes que neutralizan el pensamiento, embotan la capacidad crítica y, por tanto, inciden negativamente en el presente. Posiblemente a todos ellos les pierde el placer de ser escuchados y convertirse en centro de atención. Pero el daño causado es difícil de medir y el restablecimiento de la credibilidad y de la verdad será muy complicado. Ya hemos visto que la mentira, que a punto estuvo de provocar la creación de una comisión de verdad sólo para Valencia, logró colarse hasta en la Audiencia Nacional y que incluso existió una orden de exhumación de una de las fosas. La tentación de juzgar el todo por la parte, es decir, el movimiento en pro de la memoria por la actuación en este caso del Fòrum per la Memòria de Valencia, es muy fuerte y seguro que se da. A Marco, Pastor y Salvador poco les importaban las víctimas del terror; su verdadera preocupación eran ellos mismos y su desmedido afán de protagonismo, por el que han sido capaces de mentir una y otra vez.

Las personas que tienen tendencia a creerse este tipo de discursos o los montajes que circulan por Internet son víctimas de lo que podríamos denominar el virus de la credulidad. Sin duda, algo de esto hay en quienes creen, sin cuestionarlas, las barbaridades que lleva soltando ya hace tiempo una propagandista de sí misma como es la presidenta del Fòrum de Valencia. Quienes la han premiado, subvencionado o invitado a cursos y jornadas sabrán por qué lo han hecho. Y es que si al virus de la credulidad se une el de la ignorancia los efectos pueden ser devastadores.

Anexo

Texto del primer montaje: “¡Parece imposible! El General Dwight D. Eisenhower tuvo razón al ordenar que fueran tomadas las fotos y films en los campos de concentración nazis… El Holocausto. Cuando el Gral. Dwight D. Eisenhower, Supremo Comandante de las Fuerzas Aliadas, encontró a las víctimas de los campos de concentración ordenó que se tomarán el mayor número posible de fotografías e hizo que los alemanes de las ciudades vecinas fuesen guiados hasta aquellos campos para que los vieran y enterraran los muertos. Y explicó así los motivos: “Que se tenga el máximo de documentación, hagan films y graben testimonios, porque ha de llegar un día en que algún idiota se va a plantar y decir que esto nunca sucedió”. “Todo lo que es necesario para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no hagan nada” (Edmund Burke). Esto fue el HOLOCAUSTO: … y exactamente, como fue previsto hace cerca de sesenta años. Esto fue el HOLOCAUSTO. …recientemente, el Reino Unido eliminó el Holocausto de su plan escolar porque ‘ofendía' a la población musulmana, que afirma que el Holocausto nunca sucedió. (…).

Este e-mail está siendo enviado como una corriente recordatoria, en memoria de los 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, 10 millones de cristianos y sacerdotes católicos, que fueran asesinados, masacrados, violados, quemados, muertos de hambre y humillados mientras el resto del mundo miraban en otras direcciones… (…). Súmate para erradicar la ignorancia y la desinformación con la que pretenden manipularnos. Este email debe llegar al mundo entero… Tradúcelo a otras lenguas si fuera necesario!! Bórralo y serás otro cómplice silencioso. Reenviarlo sólo te llevará dos minutos, ellos perdieron toda su vida…”.

Texto del segundo montaje: “¡Parece imposible! El General Franco tuvo razón al ordenar que no tomaran fotos ni films en los campos de concentración españoles… El Holocausto franquista. Y explicó así los motivos: “Que se tenga el mínimo de documentación, eliminen testimonios, y a todo aquel contrario al régimen, porque ha de llegar un día en que se va a plantar y decir que esto nunca sucedió”. “Todo lo que es necesario para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no hagan nada” (Edmund Burke). Esto fue el HOLOCAUSTO… y exactamente, como fue previsto hace cerca de sesenta años… … el Holocausto español fue eliminado de nuestro plan escolar porque ‘ofendía' a la población, que afirma que el Holocausto nunca sucedió…

Este e-mail está siendo enviado como una corriente recordatoria, en memoria de l@s español@s asesinad@s, masacrad@s, violad@s, quemad@s, muert@s de hambre y humillad@s mientras el resto del mundo miraban en otras direcciones… La intención de enviar este e-mail, es que sea leído por lo menos por 40 millones de personas en todo el mundo. Empezá por tus seres cercanos!! (…). Súmate para erradicar la ignorancia y la desinformación con la que pretender manipularnos. Este email debe llegar al mundo entero… Tradúcelo a otras lenguas si fuera necesario. Bórralo y serás otro cómplice silencioso. Reenviarlo solo te llevará dos minutos, ellos perdieron toda su vida…”.

Desde Buenos Aires, Laureano López Lois

Redacción — 2010-05-18T10:59:00Z

Laureano López Lois nació en Galicia. Su padre, que había sido condenado a muerte y pasó años y años en las cárceles franquistas, se vió obligado a emigrar con toda la familia.

Laureano ha vivido prácticamente toda su vida en Buenos Aires, víctima también él de aquel acoso a que su padre fuera sometido.

Observador atento de todo lo que ocurre en su país natal, escribe notas, cartas y artículos en los que aparece su gran sagacidad y su espíritu crítico, y que son publicados a menudo en los principales diarios españoles.

Es además cantautor conocido y muy apreciado en los círculos intelectuales de Buenos Aires.

Tenemos la suerte de contar con su colaboración, que pensamos ofrecer de manera continuada en esta sección.

01. Colaboraciones

Redacción — 2010-04-14T17:35:00Z

En esta sección pretendemos que tengan cabida las colaboraciones de una serie de personas que desean aportar su pensamiento o su opinión, con el fin de enriquecer nuestra Página.

La sección estará compuesta por artículos, conferencias, cartas, y en fin, todos aquellos formatos que podamos asumir.

Como en todas las demás secciones, esperamos hacerla más extensa y completa con el paso del tiempo.

Las colaboraciones representan una mirada más amplia acerca nuestro tema central, el golpe de esatdo franquista y sus consecuencias, y desde la Redacción agradecemos estas generosas aportaciones de amigos y compañeros.

Nota: Algunas de estas colaboraciones están ya publicadas; otras son inéditas, pero todas ellas están protegidas y los autores mantienen sus derechos sobre ellas.

Homenaje de las vallisoletanas a la República

Redacción — 2010-04-14T13:14:00Z

Desde hace ya cinco años, y por iniciativa de Izquierda Unida, las vallisoletanas homenajean a la República en la Plaza del Poniente, al lado de la escultura de Rosa Chacel.

Este año, Verdad y Justicia participó con el texto que reproducimos.

No, no hay que dar las gracias sólo a la República

Nuestro reconocimiento hoy, 14 de abril, aniversario de la proclamación de la República, es para Clara Campoamor y para todas las mujeres y hombres que lucharon con ella para conseguir que la Constitución republicana reconociese los derechos de la mujer, derechos que a día de hoy hay que seguir defendiendo e intentando que puedan ser ejercidos por todas las mujeres del mundo.

Clara Campoamor, llamada por sus compañeros republicanos “Clarita”, intentando minimizar su persona y su discurso mediante la infantilización de su nombre, tuvo que luchar de firme para conseguir que sus propuestas feministas simplemente se oyeran entre el maremágnum de protestas y abucheos que se producía en las Cortes republicanas cada vez que se atrevía a exponer su programa. Y no sólo eran los bancos de la oposición derechista y clerical los que boicoteaban el discurso de Clara Campoamor, porque muchos de los diputados republicanos tampoco aceptaban sus reivindicaciones, tachándolas de excesivamente feministas; y de este rechazo , aunque parezca mentira, participaban muchas mujeres. Una de ellas, la política republicana Victoria Kent, se opuso públicamente al voto femenino con argumentos que hicieron mucho daño a la causa de la mujer.

Hay que reconocer que el programa de gobierno presentado por Clara Campoamor era ambicioso y recogía reivindicaciones que todavía hoy, en el año 2010, siguen siendo discutidos e incluso negados en muchas sociedades. El programa planteaba:

Derecho al voto femenino
Derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad
Ley de Divorcio
Ley del derecho del niño y de la niña
Investigación de la paternidad
Abolición de la pena de muerte

Tras una intensa campaña (durante la que fue acosada y agraviada de continuo), logró salir diputada, y formó parte de la Comisión Redactora de la Constitución Republicana, lo que paradójicamente le costó ser expulsada de su propio partido, el Republicano Radical; pero consiguió articular un movimiento feminista que desde la calle, las asociaciones y las Cortes luchó para que la Constitución recogiese estos derechos, y esto se logró mediante un esfuerzo incansable de divulgación y propaganda y enfrentándose valientemente a los detractores de los derechos de la mujer.

Ningún régimen, ni siquiera el republicano, regaló jamás a la mujer sus derechos. Mientras exista una sociedad patriarcal, seremos las mujeres las que tendremos que luchar para conseguirlos, sin dejar ni por un momento de defenderlos. No se puede, pues, bajar la guardia: nos queda todavía mucho camino por recorrer y muchos frentes en los que trabajar para conseguir ocupar el puesto que nos corresponde, en verdadera igualdad, a día de hoy.

14 de Abril del 2010

Orosia Castán Lanaspa. GRUPO VERDAD Y JUSTICIA (Valladolid)

Víctimas, verdugos y simetrías. Secundino Serrano

Redacción — 2010-04-01T19:34:00Z

La historia del franquismo es sobre todo el relato de una impunidad. Se reparten culpas en vez de buscar la verdad.

Setenta años después de finalizada la Guerra Civil, está afianzándose la opinión de que los dos bandos fueron responsables de lo ocurrido y en la misma medida. Un discurso paralelo, más radical, recupera el relato hegemónico durante la dictadura: responsabiliza a los republicanos de la guerra y presenta el golpe de Estado como inevitable, además de equiparar las represiones. La doble ola revisionista, surfeada por divulgadores tóxicos y jaleada por un aguerrido coro mediático, también la respaldan, en lo que respecta a las víctimas y su reparación, intelectuales antes progresistas reconvertidos en adalides de las tesis más conservadoras, así como conocidos historiadores que se muestran beligerantes contra las políticas de memoria. El objetivo es impedir el ajuste de cuentas democrático con el pasado y continuar con una memoria y una historia de plastilina, a la medida de los vencedores de la guerra.

La simetría nunca existió en el apartado de las víctimas y los verdugos, y tampoco puede aceptarse, en aras de la corrección política, que la violencia política durante la guerra fue análoga. La represión de los sublevados estaba planificada: un verdadero programa gubernamental de exterminio. La de los republicanos, una mezcla de organización y espontaneísmo, ajena al ejecutivo, resultado de la desaparición de los aparatos coactivos del Estado y de la ira popular ocasionada por la interrupción violenta de una experiencia democrática que hacía visibles a las clases menos favorecidas. Aparte de las declaraciones de unos políticos y otros, se omite que las autoridades republicanas, además de impedir las matanzas indiscriminadas cuando dominaron la situación, abrieron en 1937 una investigación sobre el 'terror caliente' de 1936: ni en la guerra ni durante la posguerra la dictadura hizo algo parecido. De otro lado, los franquistas llevaron a cabo una durísima represión en todas y cada una de las provincias; los republicanos, en la mitad más o menos. Es un dato que no puede cuestionarse: los republicanos no mataron, ni podían hacerlo, en la España donde triunfó el golpe de Estado.

Pero lo más grave no es que se quiera convencer a los españoles de que durante los turbulentos años de la guerra un bando y otro actuaron de manera parecida, sino que se pretenda trasladar ese paralelismo a la época de la dictadura, y para ello nada mejor que recurrir al maquis como antagonista del franquismo: una tesis claramente alucinógena. Más allá de la ignorancia interesada o de la manipulación, de todos es conocido que el franquismo administró el monopolio del terror durante cuarenta años. La contabilidad asienta más de cincuenta mil víctimas de la dictadura en la posguerra, amén de cientos de miles de prisioneros políticos, de presos esclavizados, de funcionarios depurados. ¿Dónde está la equidistancia? El procedimiento de anudar intencionadamente guerra y dictadura es una artimaña para enmascarar la naturaleza genocida del régimen, para destruir la caja negra del franquismo y formatear a la carta la mente de los españoles.

Las reparaciones de los muertos tampoco presentan semejanza alguna. Durante cuarenta años, las víctimas franquistas disfrutaron de reconocimientos públicos y de incontables lugares de memoria, sus nombres continúan en los atrios de las iglesias y sus familiares recibieron recompensas materiales y simbólicas. Por el contrario, numerosos muertos republicanos permanecen todavía abandonados en fosas comunes, tapias de cementerios y cunetas, y durante cuarenta años fueron cadáveres invisibles: sus lugares de memoria fueron borrados y el luto, prohibido. Y media España pretende que continúen así: invisibles e insepultos. Resulta difícil comprender que en un país democrático la derecha se deje representar, en lo que respecta a la memoria histórica, por un puñado de extremistas infectados por la tentación totalitaria y no asuma algo obvio: los familiares tienen derecho a saber de sus víctimas, y además no se puede pasar página sin registrar y enterrar al último cadáver de la guerra.

Tampoco resultó semejante el destino de los victimarios. Los verdugos franquistas no fueron castigados por sus tropelías, pese a que más del cincuenta por ciento de las víctimas republicanas de la guerra y la posguerra fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales. Al contrario, recibieron homenajes, ocuparon puestos en la Administración y algunos prestaron incluso sus nombres al callejero. El devenir de los verdugos republicanos fue un poco diferente: los detenidos fueron ejecutados, y los que consiguieron escapar expiaron sus responsabilidades en un exilio perpetuo. ¿Cómo se puede sostener que «todos, republicanos y franquistas, perdieron la guerra y pagaron por igual sus consecuencias»? El último documental importante sobre un verdugo de la guerra ('El honor de las injurias', de Carlos García-Alix, 2007) se refiere a un pistolero anarquista. ¿Quién se atrevería hoy realizar algo parecido sobre la vasta y representativa gavilla de verdugos franquistas? La respuesta deviene meridiana a la vista de los acontecimientos, y eso es así porque nos hemos reconciliado con el pasado por decreto-ley, al margen de la memoria y de la justicia. La historia del franquismo es sobre todo el relato de una impunidad.

La hegemonía narrativa de la responsabilidad compartida tuvo su correlato más sorprendente en un episodio difícil de metabolizar por estómagos democráticos. El 12 de octubre de 2004, José Bono, militante socialista y entonces ministro de Defensa, tuvo una ocurrencia que reflejaba una acusada insensibilidad histórica. En el desfile militar, la ofrenda a los caídos la efectuaron dos ancianos ex combatientes: uno había luchado voluntariamente en la División Azul, en defensa del totalitarismo de Hitler, y el otro, obligado por el exilio, en la División Leclerc, y a favor de la libertad. Un suceso improbable en una nación con pedigrí democrático, pero posible en un país, España, donde al hecho de registrar a las víctimas se califica de 'reabrir heridas' y a reparar la injusticia de sus muertes, de 'revanchismo'. Donde lo natural y aceptado es repartir culpas en vez de buscar la verdad.

El paraíso de las simetrías.

(Secundino Serrano es historiador)

Secundino Serrano, EL DIARIO VASCO, 9/4/2010

http://www.paralalibertad.org/modul...

Sobre la impunidad del franquismo y la ILP: Hablemos claro

Redacción — 2010-03-28T18:03:02Z

Tras el fracaso y el descrédito de la llamada ley de memoria, una nueva iniciativa (la ILP) ha tomado el relevo; presenta graves deficiencias y puede convertirse en un callejón sin salida.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la memoria es el penúltimo y más novedoso intento de preservar la impunidad del franquismo, es una nueva mascarada, un nuevo engaño como lo fue la ley de memoria. Y no lo decimos porque tengamos una mala opinión de su promotor inicial, el profesor y jurista Miguel Ángel Rodríguez Árias, militante del PSOE. Cualquiera que le haya tratado podrá ver que es una persona sincera, entregada honradamente a su trabajo en la denuncia de los horrores franquistas. Ese no es el problema: como jurista y como ciudadano es alguien sin tacha, pero como estratega político en la lucha contra la impunidad, nuestro buen amigo Miguel Ángel es un desastre y esta es la cuestión principal: buenas intenciones mal llevadas pueden producir efectos contrarios a los que supuestamente se buscan. Su indudable buena fe está siendo utilizada por quienes pretenden precisamente todo lo contrario.

La propuesta oculta errores fatales y llevará inequívocamente a un nuevo fracaso, a más frustración. Es sencillo, está mal planteada y por ello no resulta extraño que numerosos de los promotores y defensores de la Ley de Memoria se hayan unido de forma entusiasta a su defensa. ¡Que curioso! Ahora la Ley de Memoria ya no tiene quien la defienda, ahora «todos» piensan que es mala o insuficiente. Algunos lo hemos dicho siempre, desde antes incluso que se promulgase, cuando en los debates previos y en las conversaciones en Moncloa entre gobierno y asociaciones se pudo ver que no habría ni verdad, ni justicia ni reparación. Constituye un verdadero escándalo que el golpe franquista siga siendo legal, los tribunales y las sentencias que condenaron a cientos de miles sigan siendo legales y que el franquismo siga impune. Como estas «deficiencias» de la ley no son aceptadas por la mayoría de la gente, hablar bien de la ley genera un desgaste político y un descrédito irremediable a quien lo haga. Pocos se atreven a hacerlo directamente, todo son eufemismos: «es un avance», «es un principio», cosas de ese tipo. Ya saben. Estamos en el siglo XXI, en 2010, han pasado más de 70 años desde la guerra civil y ahora tomamos como un esperanzador avance que nos dejen desenterrar a las víctimas y se concedan subvenciones para picos y palas; ¡no querrán ustedes —parecen decir algunos— que se declare ilegal el franquismo! ¿Tal vez dentro de otros 70 años? ¿No es hora ya de acabar con todo esto?

Y ahora es cuando entra en escena la ILP, un nuevo episodio en esta batalla. Básicamente la propuesta del profesor Rodríguez Árias consiste en realizar una propuesta de Ley que recoja la casi totalidad de las demandas del movimiento memorialista y luego presentarlo a las Cortes. Sencillo ¿verdad? Suena bien sin duda, pero si analizamos los detalles las cosas son distintas. Podemos encontrar dos tipos de problemas; los que tienen que ver con el contenido y los que tienen que ver con la estrategia para llevarla adelante.

La iniciativa de nueva ley se basa en la idea de que las víctimas del franquismo exigen verdad, reparación y justicia, algo que todavía no se ha logrado como cada día es más obvio. ¿Y cómo se caracterizan los crímenes franquistas? Los conceptos que se emplean en la propuesta son los de «genocidio» y «desaparecidos». Estos términos pueden emplearse en un lenguaje coloquial para referirnos a las atrocidades franquistas, pero si lo que deseamos es hablar con propiedad, el término clave es «crímenes contra la humanidad», precisamente el que es expresamente abandonado en la ILP. Crímenes contra la humanidad es el cargo por el que se lograron las condenas en Núremberg, es la figura recogida en la legislación internacional para caracterizar hechos monstruosos como los llevados a cabo por los nazis, los fascistas... y los franquistas. Hemos de recordar que la expresión «contra la humanidad» tiene su origen en un alegato del fiscal Jackson en Núremberg; señaló en su día el fiscal que muchos crímenes nunca sería posible probarlos porque los asesinos se ocuparon de matar a todos las víctimas y testigos, las dimensiones y la intensidad de las agresiones fueron tan grandes que hubo miles y miles de casos que desconoceremos, pues ni los cuerpos quedaron para atestiguarlo: ¿significaría esto que habría que renunciar a juzgar a los culpables pues nada podría acusarles de acuerdo con el tratamiento normal de los crímenes en los códigos penales usuales? En modo alguno, hay crímenes que debemos considerarlos cometidos contra la humanidad y nosotros, los que los denunciamos, tenemos derecho a hacerlo y a exigir justicia en nombre de todos contra estos criminales. Los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca e incluyen acciones como el secuestro, la tortura, la desaparición, etc. Es, por todo ello, un verdadero error hablar de genocidio y desaparición forzosa en relación al golpe, la guerra y la dictadura franquista si lo que queremos es caracterizar penalmente el franquismo y sus prácticas: con esas palabras nunca se logrará una condena, jamás prosperará una denuncia. Para afrontar la lucha por la verdad y la justicia, las cosas son sencillas. ¿qué concepto temen los franquistas, sus cómplices y sus encubridores actuales? El de crímenes contra la humanidad. En el fondo del mal uso de los términos hay una voluntad de confundir. Desaparición forzosa nos recuerda a Argentina y Chile, es decir descontextualiza al franquismo de su entorno histórico e ideológico natural, Europa y los fascismos. No quiero decir con esto que el promotor de la ILP quiera engañar a la gente conscientemente; desde su punto de vista de especialista en derecho internacional, cree haber encontrado algún resquicio para emplear esos términos, pero es un cálculo arriesgado y que podemos calificar de fallido. Recientemente, la Audiencia Nacional condenó a un golpista y torturador argentino y en la sentencia se explica con toda claridad que se le condenaba por «crímenes contra la humanidad» y que si se hubiera empleado otra figura («desapariciones, genocidio», por ejemplo) no se hubiera logrado una condena.

Hay otro elemento clave en el tratamiento que le da la ILP a los crímenes franquistas: la renuncia a que sean juzgados los crímenes franquistas y condenados los culpables, sus cómplices y el entorno actual de encubridores necesarios para mantener la impunidad hasta hoy. Miguel Ángel ha dicho en numerosas ocasiones que cree que no es posible una condena penal del franquismo y sus crímenes. Le entiendo perfectamente. La mejor prueba de ello es que hoy se juzga por prevaricación a un juez que se atrevió a dar tratamiento de encausado a Franco y otros altos cargos franquistas. Se le acusa de no respetar la Ley de memoria y la Ley de Amnistía de 1977. Es decir, de actuar a sabiendas de la existencia de dos elementos del ordenamiento legal español que eximen al franquismo de toda responsabilidad. Este hecho demuestra que todo el planteamiento de la ILP es erróneo. Si se considera sinceramente como ilegal y criminal al franquismo y sus prácticas asesinas, debe emplearse con claridad el tipo penal correcto, «crímenes contra la humanidad» y, si se observa, como es el caso, que la impunidad del franquismo se basa en la ley de amnistía del 77, el paso siguiente es denunciarlo políticamente y exigir que sea derogada tratando a sus defensores como lo que son: encubridores necesarios del franquismo, encubridores que no se han muerto y que siguen ocupando sus escaños de diputados en las Cortes actualmente. Ah, claro, pero eso es otro problema en que ni Rodríguez Árias y la sorprendente alianza de intereses que apoya su iniciativa desean afrontar. Por cierto, es hora de exigir públicamente a los diputados de las Cortes que se autoconsideren de izquierda que aclaren su posición en esto. ¿Para cuando una declaración firme y acciones consecuentes denunciando la ley de amnistía y su carácter de ley de punto final? No nos basta su opinión, el hecho es la posición legal que se expresa en el procesamiento de Garzón, eso sí es una opinión que debe ser combatida donde se puede combatir, políticamente y en las Cortes. La inmunidad parlamentaria está para estas cosas, Sr. Llamazares, para jugarse el tipo así.

El otro problema en la ILP es la forma escogida para sacar adelante la iniciativa. Lo de «iniciativa legislativa popular» es una posibilidad reconocida por las leyes españolas para que los ciudadanos, unidos en número suficiente, puedan presentar proyectos de ley a las Cortes. Esto suena muy bien, aires de fronda, de rebelión, de movimiento ciudadano dispuesto a luchar por la verdad, la reparación y la justicia. ¿Y qué camino se le propone a tantos miles de ciudadanos dispuestos a luchar? Pues nada menos que un camino ciego, un callejón sin salida. Las iniciativas legislativas populares exigen medio millón de firmas (500.000 firmas) recogidas con todo rigor, a través de una estructura ligada a las juntas electorales, con apoderados/fedatarios incluidos. Esto significa que no vale cualquier firma en cualquier sitio. Todo el esfuerzo exige una gran estructura humana y territorial para lograr en un plazo máximo de nueve meses el gran número de firmas. Supongamos que se consiguen, harto improbable con los recursos disponibles. Pues bien, la propuesta de ley llegaría en primer lugar a la Mesa del Congreso de los Diputados, y una vez allí podría pasar a un pleno para su discusión y votación. En 1996, una ILP presentada para lograr las 35 horas logró reunir 700.000 firmas; el pleno apoyo de CC.OO y una Izquierda Unida con 21 diputados lo hizo posible. Es conocido el resultado, se votó y fue rechazada por 161 votos contra 145. El gobierno de entonces (PP) ni se dignó acudir a la votación, todo duró unas horas. Si eso ocurrió entonces ¿quién nos asegura que no volverá a ocurrir lo mismo? Nadie. Es más, los mismos promotores de la actual ILP reconocen que no hay probabilidades de que sea tenida en cuenta. ¿entonces por qué se presenta? Respuesta: para hacer campaña en la prensa. Una campaña que tendrá por protagonistas y actores imprescindibles a algunas de las mentes preclaras que apoyaron en su día la ley de memoria. Mirad los nombres, ahí están, son los mismos.

Esto tiene todo el aspecto de ser un intento más de poner fin a la lucha contra la impunidad del franquismo. Se quiso dar carpetazo político con la Transición, pero miles de fosas comunes lo han impedido; se intentó dar un carpetazo jurídico, con la aventura de Garzón, y ahora la extrema derecha política y hasta la judicial le tienen procesado; se intentó un carpetazo legal con la ley de memoria, con un rotundo fracaso, y ahora se nos viene con el intento de quemar a todo el movimiento en una nueva aventura, el carpetazo ciudadano. Es algo similar a las carreras en un canódromo, ¡todos a correr tras una liebre mecánica, imposible de alcanzar, hasta que no quede nadie en la carrera!

Todo esto es una inmensa locura. Había otros caminos, por supuesto. Hay diputados que podrían asumir la defensa de una propuesta redactada a través de una gran acción popular, con la participación de asociaciones ciudadanas, ¡son tantas las cosas que se podrían haber hecho! ¡tantas las cosas que aún se pueden hacer! Pero para actuar con la contundencia que el reto de la impunidad del franquismo supone hay que tener unas cuantas ideas claras y una posición política inequívoca ante ese gran fraude que fue la Transición. Y eso es algo que no todos tienen.

Hay contradicciones. ¿Lo dudan? Se reconoce que la ley de memoria es mala e insuficiente, pero los mismos que la apoyaron, ahora defienden esta nueva iniciativa, exactamente los mismos. Se reconoce que es necesaria la verdad, la reparación y la justicia pero se renuncia expresamente a enjuiciar y condenar penalmente los crímenes franquistas. Se da la palabra a las víctimas pero se les exige que hablen de términos y conceptos que no condenaran a los verdugos. Se le quiere dar un escrupuloso tratamiento legal, pero se escogen tipos penales que nunca podrán ser utilizados con probabilidades reales de que sean aceptados. Se reconoce la imposibilidad de lograr condenas, pero no se denuncian las leyes que las niegan (la de Amnistía de 1977, por ejemplo). Se denuncia con dureza la falta de justicia y hasta la impunidad del franquismo, pero no se exige la aplicación en España de las leyes internacionales que podrían condenarlo y que, además, han sido firmadas por el estado espñol y en realidad son de obligado cumplimiento, algo completamente olvidado por la fiscalía del estado. Se reconoce que la iniciativa no tiene ninguna probabilidad de ser aceptada por las Cortes, pero no se duda en arrojar a las calles a miles de personas para reunir una gigantesca cantidad de firmas que exigen un complejo protocolo de recogida: es una aventura condenada.

Hay motivos sobrados para calificar de trampa esta iniciativa legislativa popular. No es un problema de la voluntad de su promotor, puede estar sencillamente equivocado, pero han sido tantos años de abandono, de soledad, tan grandes el dolor, la frustración y la necesidad de justicia de tantos miles y miles de ciudadanos, que incluso una posibilidad engañosa y absurda como ésta puede recibir muchos apoyos bienintencionados. A todos ellos debemos hacerles llegar un mensaje claro. Este no es el único camino, ni es la última batalla. Somos muchos los que estamos librando un combate por la verdad, la reparación y la justicia y no nos hemos rendido, ni vamos a hacerlo. Es comprensible que los que pactaron la Transición con los franquistas, negaron a la República en 1977 y basaron la democracia en la impunidad del franquismo, tengan miedo a que la memoria se abra paso y a que las contradicciones les estallen en la cara. Muchos de ellos han puesto sus nombres al lado de esta iniciativa legislativa popular. Si desean enmendar sus errores, deben saber que este no es el camino. La lucha por la Memoria y la Lucha por la República están indisolublemente unidas y en ella hay que actuar con vocación de unidad, con claridad y con firmeza. En esto estamos muchas personas y organizaciones como la Federación Estatal de Foros por la memoria y la Plataforma de Ciudadanos por la República, no estamos solos, cada día crece el número de los que gritan ¡basta! La lucha contra la impunidad del franquismo es también la lucha por lograr reconstruir el espacio de la izquierda y con caminos falsos como esta ILP no van a lograr impedir que este combate vaya adelante.

Pedro A. García Bilbao | Foro por la memoria | 22-3-2010

http://www.kaosenlared.net/noticia/...

Federación estatal de FOROS POR LA MEMORIA

PLATAFORMA DE CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA

Miguel Ángel Rodríguez Arias da cumplida y argumentada respuesta al escrito de su amigo Pedro García Bilbao, difundido por la Federación de Foros por la Memoria: http://www.facebook.com/l/4bd38;ley...

Pedro A.García Bilbao