Represión franquista en Valladolid

A tiros con los críticos

Orosia Castán — 2013-04-05T21:15:23Z

El 18 de julio de 1936, Tovar se encontraba en Alemania; era, como Onésimo Redondo, Martín Almagro, Eugenio Montes y el propio Serrano Súñer, filo nazi y gran admirador del régimen hitleriano.

Cada vez que paso por la calle Santiago y cruzo la esquina con Claudio Moyano, recuerdo la historia que cuenta Dionisio Ridruejo en sus memorias, tituladas con toda sinceridad “Casi unas Memorias”, y que tiene como protagonista a Antonio Tovar Llorente, el gran filólogo y lingüista vallisoletano.

El 18 de julio de 1936, Tovar se encontraba en Alemania; era, como Onésimo Redondo, Martín Almagro, Eugenio Montes y el propio Serrano Súñer, filo nazi y gran admirador del régimen hitleriano.

Su militancia falangista se debía precisamente al deslumbramiento que le había producido el nacionalsocialismo alemán, y concretamente la eficacia de sus procedimientos.

Al conocerse el levantamiento militar, se apresuró a regresar a Valladolid, poniéndose de inmediato al servicio de los sublevados contra el régimen legítimo, el republicano.

Un lingüista como él tenía puesto asegurado en el equipo de prensa y propaganda, importante siempre, pero mucho más en aquellos momentos en que era decisivo controlar la información, colapsar los medios republicanos y difundir de todas las maneras posibles la propaganda adecuada para crear una opinión favorable entre la población.

Tovar entró, pues, a formar parte del flamante equipo de Prensa y Propaganda falangista haciéndose cargo de la radio. La importancia de este medio era enorme, y casi la única manera de obtener información en una situación como aquella, confusa y repleta de noticias falsas.

Pero Tovar no era, según los estrictos códigos falangistas, “trigo limpio”, ya que durante su estancia en la universidad había pertenecido a la FUE, y por tanto llevaba sobre sí la etiqueta de liberal. Por este motivo era mirado con reserva por los celosos camisas viejas fundadores de las JONS, que temían con razón la entrada en tromba de todo tipo de gente en su organización. En los primeros días del año 1937, Dionisio Ridruejo fue nombrado Jefe Provincial de la Falange vallisoletana, descabezada tras la desaparición de su líder natural, Onésimo Redondo. El liderazgo, ocupado por su hermano Andrés, provocaba problemas y originaba facciones indeseadas.

La designación de Ridruejo no era casualidad, desde luego, ya que a su probada vocación falangista se unían vínculos personales con una ciudad donde había cursado sus primeros estudios, precisamente en el colegio de los jesuitas, el mismo en el que había estudiado Girón de Velasco. Ridruejo se reencontró en Valladolid con Antonio Tovar, con quien compartía inquietudes literarias, además de ideas políticas y amistad, y lo nombró jefe de Prensa y Propaganda de su nuevo equipo.

Tovar, un exquisito de las letras, tomó con mucho empeño su cargo. Comenzó a revisar la prensa local y encontró lo normal: plumas mediocres que rellenaban los periódicos con artículos mayormente apologéticos de las nuevas figuras del poder. No podía ser de otra manera: el periodismo, como parte de la cultura, había fenecido a manos de los golpistas, quienes habían emprendido una auténtica cruzada contra los intelectuales republicanos, que ahora estaban siendo sustituidos por torpes y mediocres aspirantes de segunda fila.

Es impensable que Tovar esperase otra cosa; él, por su pertenencia a las cúpulas golpistas, era conocedor de las purgas y depuraciones a que los estamentos intelectuales habían sido sometidos; él, mejor que nadie, conocía esta destrucción, ya que había pertenecido a la comunidad universitaria y era conocedor, como todo Valladolid lo era, de las purgas expeditivas que la enseñanza y el periodismo habían sufrido y del final trágico y brutal de decenas de los que por naturaleza eran sus compañeros. Pero Tovar era parte. No se le conoce ni una sola objeción ante los asesinatos de sus compañeros: el abogado Landrove, el padre de éste, profesor de la Normal; el paseo al anciano catedrático Arturo Martín, o el del profesor de Medicina Getino; o el fusilamiento inhumano del profesor Mardones, o, en fin, el rapto con final sangriento de la Inspectora de Enseñanza y pedagoga célebre, Aurelia Gutiérrez Blanchard, anciana ya.

Otros muchos profesores, periodistas, escritores o intelectuales fueron perseguidos con saña, golpeados, encarcelados y privados de sus trabajos; y todos esos puestos vacantes fueron cubiertos con toda celeridad por las figuras de segunda, tercera o cuarta fila, que tomaban posesión de aquellos cargos tranquilamente, como si los hubieran ganado con su esfuerzo y sus méritos.

Una de aquellas figuras mediocres encumbradas de repente gracias a la ausencia providencial de un desposeído cualquiera, era un personaje tipo de ese momento. Se trataba de un funcionario de prisiones, una persona desleal a su juramento ante la República, que había traicionado sus deberes poniéndose al servicio de aquellos presos a quienes debía custodiar; había llegado a ser enlace entre los falangistas detenidos en la Cárcel Nueva de Valladolid y sus camaradas en la calle; y esta colaboración había llegado al extremo, según él mismo relataba, de haber introducido armas en las celdas, además de llevar y traer consignas y órdenes del propio Onésimo Redondo, detenido en aquellos días de 1936 en orden a organizar el golpe del día 18.

Ahora, tras la sublevación y sometimiento a sangre y fuego de Valladolid, este antiguo funcionario, de nombre Conrado Sabugo, era una figura en el mundillo fascista vallisoletano, donde se le respetaba y festejaba a causa de los servicios prestados. Sabugo tenía pretensiones literarias que en circunstancias normales jamás hubieran salido de sus círculos más íntimos; pero ahora que Valladolid pertenecía a los suyos, tenía al alcance de la mano la posibilidad de satisfacer estas tendencias hacia las letras y se dispuso a ejercer como periodista.

El funcionario de prisiones se descolgó con una serie de artículos hagiográficos en los que ensalzaba a los poderosos del momento; y estos artículos, depositados en las redacciones por el flamante autor vestido con camisa azul y correajes y con su pistola al cinto, comenzaron a ser puntualmente publicados por los medios vallisoletanos, que espontáneamente mostraban su proclividad hacia el levantamiento de todas las formas posibles. A Tovar no podían complacerle los escritos de Sabugo; ni a él, ni a su jefe, Dionisio Ridruejo, a la sazón poeta. Para ellos, los artículos en cuestión eran una bofetada dada a su exquisitez; la escritura de Sabugo les ofendía, y su extrema falta de cultura no podía dejar de herir a aquellos espíritus puros.

Lo que no consiguieron las detenciones dramáticas realizadas en plena calle; los sonidos de los disparos que segaban la vida de sus conciudadanos allá, en las cascajeras de San Isidro, o la lectura diaria de El Norte de Castilla, en cuyas páginas aparecía indefectiblemente la sección “Hoy han sido pasados por las armas…”, y “Hoy han sido detenidos…”, o la visión de las cuerdas de presos en plena ciudad, o la conducción de otros hacia destinos más que previsibles, lo consiguió la lectura de los sueltos de aquel carcelero que pretendía acceder al olimpo intelectual. Esto sacó de su ensimismamiento a ambos literatos y consiguió que pasaran a la acción. Tovar escribió un oficio a todos los periódicos de la provincia. Les dejaba entrever que las colaboraciones de Sabugo no eran del agrado del Jefe de Falange, Dionisio Ridruejo, ni del Jefe de Prensa y Propaganda, el mismo Antonio Tovar; y que si querían continuar publicándolos, era cosa suya, pero que dichas autoridades “no tenían ningún interés en que fueran publicados”.

Todos podemos comprender el mensaje tácito que portaba este comunicado oficial emitido desde la propia Jefatura de Falange. Por desoír mensajes mucho menos explícitos se pagaba aquellos días con cárcel, palizas y hasta con la propia vida. Los periódicos, esgrimiendo aquel mandato, rechazaron los artículos de Sabugo, quien se sintió humillado y vejado de tal manera, que pasó a la acción. Un camarada como él, con semejante trayectoria y una hoja de servicios repleta de heroicidades no podía ser ninguneado por unos advenedizos, así ocuparan en el escalafón una posición superior. Sabugo, rodeado de un grupo de aguerridos falangistas, se dirigió a la calle Santiago. En la esquina con Claudio Moyano, el café Royalty acogía a los nuevos jerarcas en las terrazas extendidas por ambas calles. En uno de sus veladores tomaba café a diario Antonio Tovar, y dado que la calle Santiago era el escaparate de la ciudad, todos los que pasaban por ella conocían el detalle.

Sabugo se acercó a la mesa, sacó la pistola y le pegó un tiro a Tovar. Dirigió el arma no a la cabeza o al corazón, sino al bajo vientre, según palabras de Ridruejo. La bala, pues, quería herir, y su intención era humillar al humillador. La herida causó varios destrozos en el organismo del crítico, siendo el más visible la leve cojera que le acompañó toda la vida.

Conrado Sabugo resultó totalmente impune. Las reclamaciones de Ridruejo (recordemos, la más alta autoridad falangista de la ciudad en aquel momento), no sirvieron de nada. Girón se ocupó de facilitar la huida y de esconder a Sabugo, protegiéndole e impidiendo que ninguna clase de represalia (no vamos a hablar de justicia, concepto inexistente en esa etapa) alcanzase al agresor. Y le ofreció unas buenas razones a Ridruejo: no se podía sacrificar a un viejo camarada por el simple hecho de haber herido a uno nuevo, que ayer mismo era de la FUE, aunque ahora fuera un jefe.

Girón y Sabugo se salieron con la suya, y ninguna reclamación en contra de su proceder, ni del crítico herido, ni de los jerarcas falangistas, logró salir adelante. Y ya sabéis el resto: Girón, que también era de gatillo rápido, llegó a ministro y acabó siendo terrateniente en la prometedora Costa del Sol; Sabugo, aunque no logró cumplir sus sueños literarios (y para esto hacía falta ser muy, pero que muy mal escritor), obtuvo prebendas y vivió con desahogo económico entre el respeto y el temor; y Ridruejo y Tovar empezaron a desviarse de la estrecha senda que Franco les señalaba y que les acabaría distanciando del régimen, aunque eso sí, jamás llegaron a reconocer el daño que con sus acciones e inacciones inflingieron al país, y por tanto, a todos sus conciudadanos víctimas del aciago levantamiento militar de aquel julio de 1936.

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La impostura e inmoralidad de una Proposición no de Ley del Grupo Socialista

Redacción — 2012-12-28T12:16:42Z

El 6 de marzo de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los diputados la Proposición no de Ley Núm. 162/000239, bajo el título "Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", la cual está firmada por Ramón Jáuregui Atondo, Diputado, y, Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El documento parlamentario en cuestión, al igual que la práctica totalidad de las proposiciones "no de ley", ha pasado desapercibido. Este tipo de propuestas no es más que un "brindis al sol" por parte de los Grupos parlamentarios en el Congreso dado que, caso de ser aprobadas, no tienen valor de ejecución imperativa, como sucede con las leyes, de ahí su vacuo nombre.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encomendó en su día al Diputado Ramón Jáuregui la tarea de instrumentar todo el procedimiento puesto en marcha desde Moncloa para hacer frente a la cuestión de las víctimas del franquismo y la legalidad republicana puesta en evidencia por nuestro informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", hecho público en 2004.

Esta instrumentación supone la maniobra más perversa llevada a cabo desde la aprobación de la Constitución de 1978, y, por tanto, de los acuerdos de impunidad que conllevó la denominada "transición democrática", esto es, la "transición post-franquista" que permitió la legalización del franquismo, como quedó reflejado en la aberrante ley denominada "Ley de la Memoria".

Ramón Jáuregui enfrentó las asociaciones que se adhirieron a nuestro documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas". Esto no es un eufemismo. Nuestra organización representó a otras organizaciones en calidad de portavoz en varias reuniones celebradas en sede parlamentaria, donde nos dejó muy claro que no haría nada para promover el reconocimiento legal de las víctimas del franquismo, defendiendo posiciones que están más cerca de Falange que de cualquier propuesta de libertades civiles o concordante con el derecho internacional |1|.

Supimos durante muchos años que desde Moncloa se dirigía esta campaña perversa que extendía incluso su actuación a terceros países, como explicamos en nuestro documento "La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica".

No obstante, era imposible denunciarla como tal, porque desde Moncloa se actuó con los parámetros de una operación de contrainteligencia, y, por ende, se utilizaron todos los mecanismos propios de una operación de esa naturaleza, cuya finalidad última no era otra que la de consolidar el por nosotros denominado "Modelo español de impunidad" y desarticular el conglomerado de asociaciones que surgieron en aquellos años.

Ésta es la razón, y no otra, de la total falta de transparencia |2| de todos y cada uno de los pasos que se dieron desde la Vicepresidencia del Gobierno a través de María Teresa Fernández de la Vega y que, después de la renuncia de ésta, fueron asumidos directamente por José Luis Rodríguez Zapatero a través de un gabinete clandestino en el que se utilizaron diplomáticos de carrera y otros especialistas en operaciones "especiales" e ingeniería jurídica, incluido el entonces juez Baltasar Garzón.

Ésta es la importancia de la Proposición no de Ley de 6 de marzo de 2012, que pasará a la historia de la libertades civiles como parte de la humillación permanente en que viven y sobreviven las víctimas del franquismo fuera y dentro de España.

Se trata de un texto único porque el Grupo Parlamentario que lo presenta reconoce y asume toda una serie de maniobras en un documento público y en sede parlamentaria. Tiene por tanto el valor de prueba indubitable ante la historia y ante las víctimas, similar al de una declaración de culpabilidad, dado que nunca antes el Grupo Parlamentario había reconocido las actuaciones que recoge la Proposición no de Ley.

Ahora sabemos fehaciente y legalmente que el Gobierno de Rodríguez Zapatero implementó de forma deliberada y sistemática una serie de medidas ilegales, alegales y de ingeniería social, y que, mediante este documento, el Grupo Parlamentario Socialista las asume.

El documento comienza con una frase "célebre" que es "per se" un manifiesto de hipocresía y de ilegalidad y que dice así «En 1978 quizá no era razonable (o simplemente era imposible), desenterrar a los muertos; en 2012 es un espanto que sigan enterrados.»

I) La primera cuestión que se nos oculta es lo que ocurrió en 1978: la denominada "transición democrática" no sólo ignoró la cuestión de las víctimas republicanas, sino que legalizó el franquismo, legalización que arrancó con la aceptación de un monarca designado por Francisco Franco Bahamonde. Juan Carlos de Borbón y Borbón "juró", valga la expresión, lealtad al Caudillo y a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino el 23 de julio de 1969, al aceptar su nombramiento como sucesor de Francisco Franco a título de Rey. En su discurso de 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado rey por las Cortes franquistas, D. Juan Carlos de Borbón recuerda que su título de rey deriva de las Leyes Fundamentales del Reino. Este hecho nos exime por sí solo de mayores comentarios. |3|

El mantenimiento de la legalidad franquista era incompatible con el reconocimiento a las víctimas republicanas de su carácter de víctimas y al régimen franquista de su carácter criminal de conformidad con la definición que de tal régimen hacen las Naciones Unidas en fecha tan lejana como el 12 de diciembre de 1946, en que la Asamblea General de esta Organización aprueba su resolución 39(I), en la que declara que "(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es um régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini;"

Con ser estos hechos terribles, el segundo enunciado de la cita elegida por el Grupo Socialista expresa claramente la perversión del lenguaje de una proposición que es jurídicamente ilegal, moralmente despreciable y, desde el punto de vista de la lógica formal, manifiestamente irracional. Tras afirmar que si bien en 1978 era imposible "desenterrar", la segunda proposición expresa que en cambio, en 2012, "es un espanto que sigan enterrados".

Es decir, el Grupo Parlamentario Socialista y sus asesores jurídicos, en la proposición presentada, sancionan y proponen en sede parlamentaria -como lo hicieron con la llamada "Ley de la Memoria"- que se lleven a cabo desenterramientos sin cumplir con las normas rituarias penales de toda sociedad civilizada. Esta afirmación no sólo esconde en sí misma una profunda ilegalidad, sino que es indigna de un profesional del derecho que tiene la obligación de decir la verdad en cuanto a cuestiones procesales y legales se refiere.

Es claro que no existe el derecho al desenterramiento fuera del procedimiento ritual penal y este documento en sede parlamentaria nos permite afirmar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dirigido la mayor operación de destrucción de pruebas de crímenes contra la humanidad de un régimen fascista en Europa Occidental después de la IIGM.

El documento afirma "se han realizado casi 6000 exhumaciones, en casi 300 fosas; en un trabajo que sigue abierto;". Lo que no dice es que se hicieron en forma ilegal en la práctica totalidad de los casos y, por lo tanto, la destrucción de pruebas se ha consolidado. Este hecho es conocido y hasta este documento sabíamos que había asociaciones que de buena fe realizaron estos actos ilegales y otras que lo han hecho de manifiesta mala fe, pero lo que cambia cualitativamente la cuestión es el reconocimiento de que fue parte de una acción gubernamental.

La novedad que se desprende de este documento parlamentario es el reconocimiento de la actuación gubernamental en lo que a evidencia material de crímenes se refiere, y, por ende, que las exhumaciones obedecieron a un plan deliberado y sistemático dirigido por el Gobierno legal, en dejación de sus deberes de cumplimiento de la ley y de garantía de derechos, y, violando, no sólo el derecho interno, sino el derecho internacional y especialmente el surgido de la doctrina de Nuremberg.

Para entender la perversidad de la Proposición no de Ley es necesario leer el "Auto confirmando que los jueces naturales del lugar de los hechos son competentes para desenterrar e identificar a las víctimas del franquismo", de fecha 28 de marzo de 2012, en el que el Tribunal Supremo deja muy claro cómo debe ser el procedimiento de desenterramiento y que la jurisdicción es exclusivamente de los jueces naturales. Este Auto no innova, sino que simplemente viene a ratificar que las normas rituarias forenses son de aplicación a los restos de las víctimas del franquismo.

Lo que ocurrió, vistos los documentos judiciales, es que el Fiscal General, por órdenes del entonces presidente Rodríguez Zapatero, decidió no utilizar los juzgados territoriales e inducir a las asociaciones a realizar los desenterramiento ilegales, con el agravante de que ambos, Fiscal y Presidente del Gobierno, son funcionarios públicos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes.

La Proposición no de Ley también utiliza en forma torticera las referencias a la Sentencia Nº 101/2012, absolutoria de D. Baltasar Garzón Real |4| por delito de prevaricación, sentencia, por otra parte, indigna de profesionales del derecho que se suponen obligados a la ética en el ejercicio profesional. La Sentencia en cuestión se refiere a si Baltasar Garzón prevaricó o no y, por lo tanto, no puede ser usada con otra finalidad, como pretenden los autores de la Proposición no de Ley. (Para un análisis más pormenorizado de esta sentencia ver el documento "La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica").

Sirva lo siguiente como ejemplo claro de lo que queremos decir: la Proposición no de Ley utiliza en su exposición de motivos el Párrafo 5º de la sentencia referida, que dice textualmente: «Los testimonios oídos en el juicio oral narraron los sentimientos de los familiares de los desaparecidos, el silencio que imperaba en los familiares al no poder hablar sobre los hechos acaecidos, incluso de la vergüenza padecida y lo horrible de la comparación entre la suerte de unos fallecidos y la de otros.»

Esta afirmación es falsa. Los testigos no lo eran en su calidad de víctimas del franquismo en un procedimiento que estuviera juzgando los crímenes del franquismo, lo eran en calidad de testigos de parte de la defensa del Juez Baltazar Garzón. La utilización procesal de personas mayores que no podían distinguir esta diferencia y que fueron llamados por los abogados de la defensa de Baltasar Garzón es desde el punto de vista de la ética profesional totalmente reprochable y no deberían haber sido aceptados por un tribunal en tal calidad.

II) El documento afirma "Casi 200.000 personas han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles exilados;". Esto es manifiestamente falso. Se ha otorgado la nacionalidad a personas que son nietos de emigrantes y en algunos casos de exiliados.

Esta "graciosa concesión" no tiene nada que ver con lo solicitado por las asociaciones y que se refería a la legalización de los nacidos en el extranjero y registrados en los consulados bajo jurisdicción de la República española. O sea, lo que se solicitaba era el reconocimiento legal de los consulados republicanos a efectos de otorgar la nacionalidad española. |5|

La solicitud en concreto, recogida en el punto décimo del Plan de Acción estaba formulada en los siguientes términos: "Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas de la II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos".

El rechazo a la misma fue manifiesto y en su lugar, el entonces Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante la confección del programa para la campaña electoral previa al segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo la "brillante idea", para obviar las demandas de los descendientes de exiliados registrados en los Consulados de la II República, de asumir las demandas de los nietos de españoles en América Latina que exigían que se les otorgara la nacionalidad española |6|.

Entonces, por arte de birlibirloque y campaña de imagen por medio, se usó la campaña electoral del Partido Socialista en Argentina y Uruguay para ocultar las auténticas demandas de las víctimas republicanas y sus familiares en materia de nacionalidad.

Esto provocó el desconcierto en las asociaciones ya que, por un lado, era totalmente legítimo el derecho de los nietos, pero esto no tenía nada que ver con el origen del problema y, por el otro, el procedimiento legal para otorgar la nacionalidad a los nietos se podía hacer, como así ocurrió, usando las facultades del Registro Civil Central en un procedimiento administrativo denominado de recuperación de la nacionalidad.

De esta manera se burló lo solicitado por las asociaciones de víctimas y eso es lo que nos permite afirmar que las cifras recogidas son falsas. Esas cifras no tienen que ver con la cuestión de nacionalidad analizada más arriba que ha quedado pendiente para escarnio de las víctimas concretas de estos casos.

III) El documento afirma también que "más de 2.400 Niños de la Guerra han visto reconocida una prestación económica. En algunos casos, son pensiones que les han devuelto a la dignidad y a la supervivencia".

Esta proposición es manifiestamente inmoral y no recoge en forma alguna la cuestión de los niños de la guerra. Asumirla de la forma propuesta es de una hipocresía y alegalidad que no se puede aceptar en congresistas y, menos aún, si se auto-denominan socialistas. Afirmar que a esta categoría de víctimas se les ha reconocido una prestación económica a la que tendrían derecho si fueran ciudadanos españoles roza el esperpento.

La cuestión de los niños de la guerra está recogida en el punto décimo del Plan de Acción de nuestro informe y dice expresamente lo siguiente: "Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados 'niños de la guerra', y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano".

Lo que se solicitaba, y que es básicamente de sentido común, es que se elaborara un censo de niños de la guerra. Estos menores fueron a parar al menos a unos quince países y en la inmensa mayoría fueron acogidos de forma aceptable y humanitaria. Pero estos niños, que no pueden ser incluidos como beligerantes, perdieron la nacionalidad española y no volvieron nunca a España. De ahí la necesidad de recoger la excepción de "doble nacionalidad" (derecho sólo existente con países latinoamericanos) y de permitir que ellos y sus herederos pudieran obtener la nacionalidad española.

El problema de los denominados niños de la guerra |7| fue una cuestión que afectó a numerosos países al tratarse de menores, en muchos casos, indocumentados y sin nacionalidad, de la cual carecían al no haber sido reconocidos nunca por el régimen franquista. Precisamente esta problemática está en la base de las cuestiones de apatridia y refugio a las que la comunidad internacional hubo de hacer frente al término de la Segunda Guerra Mundial.

El caso de los niños de la guerra es especialmente grave en términos de política de Estado. No se entiende cómo un país que se auto-define como democrático puede desconocer esta realidad, negarles los derechos propios de un ciudadano español y considerar en cambio que con otorgar algunas pensiones especiales - que tienen que ver especialmente con los niños de la guerra en Rusia y cuya concesión ha sido utilizada desde un punto de vista despreciablemente anticomunista- el problema quedaba zanjado; sin embargo, niños de la guerra hay en Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Francia, Chile, Perú, Cuba y otros países.

En conclusión, lo que hizo el Gobierno Zapatero es continuar con la política de no reconocimiento practicada por el régimen de Franco, en un acto que es un escarnio para los derechos civiles y para todas las víctimas del fascismo, y, no sólo para los españoles.

IV) Podríamos desmenuzar de la misma forma las demás afirmaciones del documento relacionadas con los presos políticos, con los Brigadistas y las 1.300 "Declaraciones de reparación y reconocimiento personal expedidas por el Ministerio de Justicia", que no son más que fraudes legales para no dar solución a la cuestión de las víctimas del franquismo.

Como decimos en la introducción al documento que elaboramos en 2004: "Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del estado social de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea".

V) Es evidente que el modelo surgido de la transición post-franquista está en crisis profunda y que no tiene solución debido a un profundo problema de ilegitimidad e ilegalidad que no permite su modificación constitucional.

Creemos por ello que la única solución es la convocatoria a unas cortes constituyentes cuyos miembros han de ser elegidos en elecciones libres en que los electores voten a candidatos individuales (y no mediante el actual sistema de listas cerradas elaboradas por las distintas formaciones políticas) que permitan superar el problema legal de la sucesión de la Corona y el problema que se derivaría de la auto-convocatoria de las Cortes actuales como asamblea constituyente prevista en la actual constitución post-franquista |8|.

La falta de adopción de leyes que hubieran puesto término a esta situación de impunidad y de no reconocimiento de las víctimas republicanas y del franquismo en general, lleva indefectiblemente a esta conclusión.

Para cerrar este documento recurrimos a una frase, que resume la cuestión de las víctimas republicanas, que creemos podría ser la definición de las causas de la crisis social y económica que afecta actualmente a España y que tiene que ver con aquella cuestión de que el problema son las causas y no las consecuencias:

"Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad" Jeremy Bentham (1748-1832)

Notas: 1. Ver: "Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Jáuregui, en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Jáuregui ataca de nuevo: declara que el Gobierno aprobará informes sobre Memoria Histórica el día 28 y defiende 'la seguridad jurídica del pasado'", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

2. Ver "Respuesta a la Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Carta Abierta a la Vicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, María Teresa Fernández de la Vega", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

3. Ver: • Discurso pronunciado por Francisco Franco Bahamonde en las Cortes anunciando su sucesión en el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Palabras de Don Juan Carlos de Borbón al aceptar el acuerdo de las Cortes franquistas por el que es nombrado sucesor del Caudillo, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Juramento de lealtad al Jefe del Estado y a los Principios del Movimiento Nacional del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón ante las Cortes franquistas el 23jul69, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Discurso del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón ante las Cortes franquistas el 23jul69 con motivo de su juramento de lealtad al caudillo y los Principios del Movimiento Nacional: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Discurso del Príncipe Juan Carlos de Borbón al ser proclamado rey por las Cortes franquistas, disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espa...

[Volver] 4. El seguimiento documental del caso Baltasar Garzón se encuentra en: • Caso Gürtel (escuchas ilegales): http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Caso de los cobros ilegales en Nueva York: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Denuncias por "desapariciones" durante la guerra civil y el franquismo: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

[Volver] 5. Esta cuestión está recogida en el punto décimo del Plan de Acción y explicitado en el documento titulado "Informe sobre la Nacionalidad" [Volver]

6. Ver: "España: avanza la ley para que descendientes de emigrantes puedan obtener la nacionalidad", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

7. Ver: "La cuestión de los Niños de la Guerra en cuanto víctimas y su estatus jurídico", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

8. Si bien el artículo 168.2 de la Constitución Española de 1978 no hace mención expresa a cómo han de ser elegidas las Cámaras, es perfectamente posible que las Cortes, al auto-disolverse convoquen a elecciones generales en las que los electores elijan los candidatos que han de integrar las Cortes constituyentes conforme al sistema de listas abiertas.

El actual artículo 168 dispone:

"1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación."

http://www.derechos.org/nizkor/espa...

Nos ha dejado Adelina Kondratieva

Orosia Castán — 2012-12-17T12:33:51Z

Nos ha dejado Adelina Kondratieva, la legendaria brigadista, nuestra particular heroína, la persona admirada y mujer entera, decidida y valiente que tuvimos el honor de conocer en el Ateneo Republicano de Valladolid, en el transcurso de la V Semana Republicana de noviembre del 2008.

La Semana estuvo dedicada a la Memoria Histórica, y Adelina tuvo un papel central en ella con su intervención en la Casa Revilla, donde fue homenajeada por cientos de personas que abarrotaban la sala principal.

Después tuvimos la gran oportunidad de tenerla junto a nosotros en la sede del Ateneo Republicano, donde en el transcurso de un acto impuso varias medallas: a Pedro García Bilbao, vicepresidente de la Plataforma de Ciudadanos por la República y a Orosia Castán, presidenta del Ateneo Republicano, entre otras personas, en reconocimiento a su trabajo en pro de la III República.

Adelina nos impresionó de tal manera que no es un lugar común el decir que siempre, siempre, la recordaremos.

Nuestras condolencias y un gran abrazo fraternal para Dolores Cabra, su amiga, compañera y valedora, sin cuyo apoyo, trabajo y desvelos no hubiéramos tenido el privilegio de conocer a la gran

ADELINA KONDRATIEVA

Valladolid, 16 de diciembre de 2012

Exigir transparencia en la gestión de las subvenciones para compartir los trabajos realizados.

Redacción — 2012-10-14T09:23:37Z

ACTUALIZADO. Campaña pública: MEMORIA HISTORICA. EXIGIR TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS SUBVENCIONES PARA COMPARTIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.

El movimiento por la Recuperación de la Memoria Histórica (RMH), por su propia naturaleza, se ha constituido a partir de referencias locales, tanto para iniciativas y procesos de trabajo, como para el propio ámbito del tejido asociativo. En consecuencia, vienen proliferando numerosas iniciativas y actuaciones que tratan de arrojar luz sobre nuestro pasado reciente (República, guerra civil, dictadura y transición) muy apegadas al terreno, pero con desigual alcance en su proyección pública. Sin embargo, para la Verdad, Justicia y Reparación -síntesis de las aspiraciones del movimiento memorialista-, esta variedad de acciones deben estar enmarcadas en el cauce común que le debe proporcionar una política sobre la Memoria Histórica, habiéndose constatado desde hace más de una década como una exigencia social fundamentada y necesaria.

Con mayor o menor acierto y recursos, la Junta de Andalucía ha creado desde 2005 un marco institucional y operativo al que el movimiento memorialista le ha solicitado en todo momento transparencia en su gestión. Después de estos años subvencionando proyectos concebidos por asociaciones, administraciones locales y universidades andaluzas, resulta difícil poder ofrecer un balance global por falta de sistematización en la gestión y seguimiento de los recursos administrados por el (hasta ahora) Comisariado de la Memoria Histórica, especialmente en relación a la socialización de sus resultados, elemento central en el proceso RMH.

La transparencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia democrática que, ahora con las modificaciones estructurales en el ámbito de la MH (ahora en Andalucía asignada a la Dirección General de la Memoria Democrática), resulta más pertinente aún recordar. Es por ello que las entidades y personas del movimiento memorialista que suscriben la presente Iniciativa consideran necesario trasladar a los responsables políticos esta orientación que requiere la política RMH para avanzar más y mejor en sus objetivos:

1. Más transparencia para compartir sus resultados y favorecer valores añadidos en el proceso común de Verdad, Justicia y Reparación. Dicha transparencia se entiende y concreta en los siguientes términos:

+ Ofrecer en la Web de la Consejería la realización de los trabajos subvencionados, debidamente ordenados, mediante un resumen sistemático y sintético según la tipología de actuaciones y características, así como de las personas que han intervenido, y que estén accesibles mediante buscadores con el mayor desarrollo posible (geográfico, por entidad, fecha...). Dicha información debe, asimismo, poder enlazar con cuantos documentos (memoria justificativa, folletos y otros materiales de difusión editados, fotografía de las diferentes actividades, enlaces a Web con datos publicados...), lo cual debe permitir el más completo conocimiento de los resultados de los trabajos financiados con recursos públicos.

+ Facilitar el trabajo anterior estableciendo unas instrucciones para elaborar las Memorias justificativas de las actuaciones subvencionadas según tipo de actividad, especificando la documentación anexa. Estas instrucciones son un requisito previo para agilizar la gestión de la Web señalada anteriormente.

+ Hacer accesible la documentación original (especialmente las publicaciones no electrónicas) en un centro documental que permita su consulta. Dicho centro documental debe ser también accesible para conocer su contenido así como el régimen de uso.

+ Utilizar este trabajo recopilatorio para hacer un balance de las actuaciones promovidas, y que sirvan de base para definir mejores los criterios de gestión y evaluación de sus resultados para el conjunto de la política MH.

En la medida que algunas de estas propuestas nos conciernen de forma directa, las entidades y personas que se adhieren a esta iniciativa se comprometen, de forma coherente con lo expresado, a facilitar y contribuir a la socialización de los resultados logrados en los proyectos de trabajo subvencionados completando, si fuera necesario, en un tiempo breve la información de los proyectos en los que ha estado implicado.

2. Se sugiere así mismo, que dicha síntesis sea una base de partida para el necesario proceso participativo que debería generarse en el marco de la elaboración de un nuevo marco jurídico. A este respecto se recuerda que hace años venimos promoviendo que en el Parlamento de Andalucía, a tenor de las diversas resoluciones adoptadas, se constituya una Comisión de Trabajo parlamentaria en la que puedan participar los diferentes actores sociales e institucionales, que le permita hacer un balance exhaustivo y sentar las bases para dicho nuevo proceso legislativo. Este sería el marco más adecuado para sentar las bases de una política transparente y participativa en relación con la Recuperación de la Memoria Histórica.

Andalucía, septiembre de 2012

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Enviar apoyos (nombre y apellidos, profesión, localidad y NIF/DNI) a:

memoriahistorica@cgtandalucia.org / todoslosnombres@cgt.es

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http://www.todoslosnombres.org/

La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica

Redacción — 2012-05-07T21:05:27Z

El 23 de abril de 2010 decíamos que Thomas Paine en su obra "Los derechos del hombre", referencia indispensable para la ética de libertades civiles que emana de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa y que consideramos de especial relevancia en la situación actual, escribía: "Conviene a sus propósitos [de aquéllos que se oponen a los valores republicanos y las libertades civiles] el exhibir las consecuencias omitiendo sus causas. En eso consiste uno de los recursos del drama. Si se exhibieran los crímenes de los hombres al mismo tiempo que sus sufrimientos el efecto escénico se destruiría fácilmente y el público se sentiría inclinado a aprobar, cuando no se desea más que su conmiseración."

El 14 de diciembre de 2006 dio comienzo el procedimiento presentado por Maria Antònia Oliver París y Margalida Capellà i Roig como representantes legales de la Associació per a la Recuperació de la Memoria Històrica de Mallorca y cuyas vicisitudes desde entonces hemos recogido en nuestro sitio documental. [Ver http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

El 29 de enero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, emitió su dictamen sobre admisibilidad, en el cual concluye que "no procede admitir a trámite las denuncias presentadas, ex art. 313 Lecrim, al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción, debiendo procederse al archivo".

El 5 de septiembre de 2008 la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas hizo público un comunicado donde dicen textualmente: "La Ley de la Memoria Histórica de 2007 ignora a decenas de miles de víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales..." [Ver texto completo en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

El Equipo Nizkor, desde que tuvo conocimiento directo de la denuncia presentada, trató de explicar que era una denuncia cuyo sustento doctrinal era débil y algunos aspectos claramente erróneos, especialmente en lo referido a la falta de competencia de la Audiencia Nacional y la utilización de tipos penales no existentes en la época como, por ejemplo, las desapariciones forzadas; sólo con estos dos elementos la denuncia podía muy bien convertirse en un arma en contra de las asociaciones de víctimas.

El 21 de febrero [http://www.derechos.org/nizkor/espa...] y el 23 de abril de 2010 [http://www.derechos.org/nizkor/espa...] hicimos públicos sendos comunicados en los que, entre otras consideraciones, anticipábamos lo que podía ocurrir en el procedimiento por la causa del franquismo y que la sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado ampliamente.

En nuestro comunicado de 20 de noviembre de 2008 advertíamos claramente lo siguiente:

"El problema de fondo [en el caso que nos ocupa] no es la argumentación jurídica con relación a los tipos penales, sino lo que se denomina competencia absoluta y, en este sentido, tanto el Juez Baltasar Garzón como todos los abogados que presentaron las distintas denuncias ante la Audiencia Nacional sabían o deberían haber sabido que la Audiencia Nacional no es competente para delitos de esta naturaleza cometidos en territorio nacional."

Tampoco les era desconocido que había una cuestión muy clara en cuanto a la aplicación de los tipos penales que era fácilmente objetivable; nos referimos a la inexistencia durante la II República y en toda Europa de tipos penales como "desaparecidos", y menos aún "detenidos desaparecidos".

Todo esto si lo que se hubiera presentado en la Audiencia Nacional hubieran sido denuncias penales en el sentido estricto, pues como dice la Sentencia:

"Sin embargo, desde las denuncias, y quizás también desde la instrucción, no se perseguía exactamente la incoación de un proceso penal dirigido a depurar responsabilidad penal contra las personas determinadas, o susceptibles de ser determinadas en la instrucción judicial, por hechos que revisten apariencia de delito. Más bien, se pretendía mediante la demanda de tutela judicial la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció, en la manera en que se han desarrollado estos denominados juicios de la verdad en otras latitudes. Esa pretensión de las víctimas, aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender esas legítimas pretensiones.

Como hemos señalado, el proceso penal tiene una misión específica: hacer recaer un reproche social y jurídico sobre quien resulte responsable de un delito. El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho. Las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, la disciplina de garantía de la prueba, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, etc., como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la guerra civil y la subsiguiente posguerra."

Durante las sesiones orales del juicio ante el Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón dejó claro tres aspectos que clarifican lo que queremos decir y que nos eximen de más comentarios:

a) reconoce que se negó a abrir fosas en forma expresa,

b) que no realizó investigación alguna y

c) que la ley de Memoria Histórica es perfectamente compatible con lo se investigaba en su juzgado.

[Ver Sentencia Nº: 101/2012, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 27feb12 en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

Estos elementos por sí solos demuestran que existe un problema de fondo ético y moral en el comportamiento con relación a las asociaciones de víctimas que actuaban de buena fe y que, según nos consta, creían a pie juntillas que:

a) se ordenaría la apertura de fosas,

b) se investigaría para saber "lo que había pasado" y, por supuesto, que esto era dentro de un proceso penal.

A pesar de nuestros comunicados públicos fue imposible convencer a numerosas asociaciones de que el procedimiento en la Audiencia Nacional terminaría con el archivo definitivo de todas las denuncias y con la nulidad completa de las actuaciones. Tal y como explicamos en nuestro comunicado de 21 de febrero de 2010. [http://www.derechos.org/nizkor/espa...] :

La falta de competencia objetiva podía originar un problema muy grave para los distintos casos incluidos en esas denuncias, ya que conforme al art. 238, 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), tal y como después lo puso de manifiesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "Los actos procesales serán nulos de pleno derecho" "1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional", cual era el caso.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 [http://www.derechos.org/nizkor/espa...] absolutoria de la acusación de prevaricación en contra de Baltasar Garzón resuelve una causa que no debería haber existido y que se convierte en una grave derrota para el incipiente movimiento de víctimas del franquismo y especialmente para las víctimas republicanas.

De este modo constatamos que el Tribunal Supremo confirma lo que hemos denominado "modelo español de impunidad" y lo hace con una interpretación que deja muy claro que las víctimas republicanas no tienen derecho alguno frente a la legalidad que surge de la Constitución de 1978, o dicho de otro modo, confirma que existen dos categorías de ciudadanos: la conformada por quienes gozan de derechos civiles completos, y la integrada por aquéllos a quienes la ley, según esta interpretación del Tribunal Supremo, no acoge de manera alguna, salvo para la identificación de sus restos, según el Auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012. [http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

Cuestiones previas

Con ser importantes las cuestiones legales y doctrinales relativas a estas denuncias, existe otro análisis imprescindible desde el punto de vista ético y moral con relación a todo lo que ha ocurrido y que ha tenido como consecuencia esa grave derrota para las asociaciones de víctimas del franquismo, derrota que afecta incluso a quienes decidimos no participar en ninguna de las etapas de este proceso que, como ya hechos dicho, arrancó en 2006.

Ninguno de los aspectos procesales relacionados con la competencia a que hace relación la sentencia del Tribunal Supremo era desconocido por Baltasar Garzón Real ni por los abogados que representaban organizaciones de distinta naturaleza, que deberían saber o haber sabido estos extremos como son, entre otros, Fernando Magán Pineño, Margalida Capellà i Roig, Enrique Santiago o Joan Garcés.

Esta posición se vio agravada, desde nuestro punto de vista, por la presencia en el procedimiento de CC.OO. y UGT, por cuanto era de nuestro conocimiento que:

a) Comisiones Obreras, en una reunión mantenida en Asturias, nos había informado oficialmente que no participarían en ninguna actividad en relación con las víctimas del franquismo y

b) UGT, tras habernos informado oficialmente que su Comisión Ejecutiva había aprobado el documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" [http://www.derechos.org/nizkor/espa...], se había negado a firmarlo.

Se puso en marcha lo que se conoce técnicamente como "campaña de imagen"("PR Campaign" por su denominación en inglés) y que en la prensa tuvo sus agentes directos en el diario "Público", medio de prensa directamente relacionado con Moncloa, y el diario "El País". Ambos tenían ya una postura fijada sobre estas cuestiones bastante antes de estos hechos, según nos habían informado en varias oportunidades periodistas de ambos medios.

Esta campaña de imagen tenía por finalidad el crear deliberadamente una imagen irreal de lo que estaba ocurriendo y, de hecho, provocó una visión equivocada del procedimiento que nos hizo comprender a muchas asociaciones que nos habíamos negado a ser parte en las querellas, que había una voluntad política muy clara de llevar adelante el procedimiento en la Audiencia Nacional en los términos en que lo exponemos y que había una implicación directa de Moncloa apoyada por Izquierda Unida, e incluso por el PCE, y que pretendía:

a) legitimar la denominada "Ley de la Memoria"

b) crear un grupo de asociaciones "imagen" que fueran reconocidas como únicas representantes de las víctimas y que estaban relacionadas directamente con los desenterramientos.

c) reemplazar el conflicto de las víctimas del franquismo por otro que ponía como centro al Juez Garzón, reemplazando en el imaginario colectivo la necesidad de justicia por la defensa del Juez Garzón y que tuvo su punto álgido en las manifestaciones promovidas desde el Gobierno.

d) la utilización para ello de medios financieros que promovían esta campaña, tanto en el interior de España como en algunos países europeos (Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, entre otros) y en América Latina, con especial relevancia en el caso de Argentina, donde desde la Embajada española en Buenos Aires y con el apoyo del Ministerio de Justicia y, por supuesto, del diario El País, se llegó incluso a manipular la causa de las víctimas de la dictadura argentina de nacionalidad española. [Ver la entrevista a Bárbara García de 27 de abril de 2008 en: http://www.radionizkor.org/arg/inde...]

La campaña tuvo su mayor contratiempo cuando el Tribunal Supremo aceptó por unanimidad la querella por prevaricación presentada en contra del Juez Baltasar Garzón por parte de grupos ultraderechistas y de la propia Falange Española y de las JONS. De hecho, muchos ciudadanos tomaron conocimiento por primera vez de que Falange Española era un partido político legal y de que nunca había sido ilegalizado.

Las consecuencias directas de lo ocurrido han sido exactamente las previstas en nuestro comunicado de 21 de febrero de 2010:

"Existe por tanto un peligro serio de que el Tribunal Supremo, en lugar de limitarse a valorar la cuestión objetiva de la competencia del juez Baltasar Garzón respecto de esas denuncias de 2006, entre en las cuestiones sustantivas y utilice este caso para rechazar la aplicación de la tipificación penal de crímenes contra la humanidad a los delitos cometidos por el régimen franquista."

Precisamente eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria del Juez Baltasar Garzón de 27 de febrero de 2012 [Ver http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

Los partidarios de la Ley de la Memoria.

Nuestra posición con relación a esta ley es conocida; no obstante, conviene recordar los comunicados específicos que publicamos sobre este tema para no repetir todos los argumentos nuevamente, y que son:

• El emitido el 30 de octubre de 2007 titulado "Una ley aberrante" [http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

• El emitido el 19 de abril de 2007 titulado "Declaración ante el "pacto de desbloqueo" de la ley de la memoria" [http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

• El emitido el 14 de agosto de 2007 titulado "Aclaración sobre la información publicada en el diario "El Punt"" sobre la ley de "memoria histórica" [http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

• El emitido el 11 de enero de 2010 titulado "Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria" [http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

Es públicamente conocido que los diputados Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres del grupo parlamentario IU-ICV, así como los parlamentarios del PSOE encabezados por Ramón Jáuregui y la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, fueron los propulsores y artífices de esta ley aberrante, a los cuales habría que sumar, al menos, al ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y al magistrado José Antonio Martín Pallín. Dicha Ley fue aprobada en el Parlamento por la totalidad de los grupos parlamentarios, con la única oposición del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà i Coma [http://www.derechos.org/nizkor/espa...] y la abstención del Grupo Popular. [Ver documento con los discursos íntegros en audio en:http://www.radionizkor.org/impuesp/...] y en texto en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

Pese a ello, hicieron del caso Garzón una cuestión de fondo, o sea, que las víctimas fueron reemplazadas por el conflicto provocado por la querella contra el Juez Garzón.

De este modo, todos ellos aparecieron ante la opinión pública como defensores de una "investigación penal" de los hechos ocurridos durante el franquismo, lo cual era materialmente falso dado su adscripción militante a la defensa de la Ley de la Memoria, pues esta ley reconoce la legalidad de toda la legislación franquista y por supuesto de la denominada "Ley de Amnistía".

A lo anterior se suma la constatación procesal de que, como dice el Supremo, con las denuncias en cuestión "no se perseguía exactamente la incoación de un proceso penal dirigido a depurar responsabilidad penal contra las personas determinadas".

Es un fraude ideológico muy claro el defender la "Ley de la Memoria" y pretender que se investiguen penalmente los crímenes. Además de confundir a las víctimas y todos los ciudadanos, provoca una serie de reacciones que no tienen sustento racional alguno y una clara decepción negativa que surte el efecto deseado: la desmovilización y destrucción de las asociaciones de víctimas republicanas.

El modelo de impunidad español.

Las consecuencias de todo este procedimiento, al que cuanto menos podemos calificar de artificioso, son evidentes: la confirmación del modelo español de impunidad tal cual fue caracterizado en nuestro documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" hecho público el 14 de abril de 2004 [http://www.derechos.org/nizkor/espa...] y del cual nos ratificamos expresamente en todos sus términos y, especialmente, en respuesta a algunas aseveraciones de la Sentencia absolutoria de Baltasar Garzón que son doctrinalmente falsas:

1) No es cierto que la ley de amnistía cumpla el principio de legalidad y menos aún que se pueda aplicar a los responsables de los crímenes franquistas.

2) No es cierto que el Reino de España, surgido a partir de 1978, no esté obligado al cumplimiento de los denominados "Principios de Nuremberg", [ver http://www.derechos.org/nizkor/espa...] y de la doctrina europea de "Crímenes de guerra".

3) No es cierto que el Reino de España surgido a partir de 1978 pueda desconocer las resoluciones de las Naciones Unidas que califican el régimen franquista, especialmente la 39 (I), según la cual: "... (a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini."

Creemos que el Tribunal Supremo aprovechó un procedimiento en el que no se discutían estos aspectos para conseguir una "solución final" a las cuestiones derivadas del reconocimiento del régimen franquista y de los crímenes por él cometidos, aprovechando además que no existía representación procesal de las víctimas, ni era un procedimiento de investigación penal. Vemos en esto un uso ilegítimo de las atribuciones naturales del Tribunal Supremo, dado que le hubiera bastado con considerar la no competencia del Juez Baltasar Garzón al no cumplirse lo dispuesto en el artículo 65 de la LOPJ y que ya había sido subsanado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tal cual especifica el Tribunal Supremo en el apartado Tercero de los Fundamentos de Derecho de la propia sentencia absolutoria.

La fundamentación doctrinal de cada una de estas afirmaciones está desarrollada en el Informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", al que pueden recurrir cuantos deseen una fundamentación más amplia y que se encuentra el sitio web documental del Equipo Nizkor en español, francés e inglés.

Los desenterramientos y el papel del juez natural

Convertir la "cuestión de los desenterramientos" en el eje central de la cuestión de las víctimas del franquismo es un grave error que ha quedado manifiestamente en evidencia con el Auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012 [Ver http://www.derechos.org/nizkor/espa...], que confirma que los jueces naturales del lugar de los hechos son competentes para desenterrar e identificar a las víctimas del franquismo, independientemente de que dichos jueces incumplieran en muchos casos con la legislación rituaria penal relativa a restos de crímenes graves, e incluso con la mera normativa forense.

Sólo dos juzgados -el de Instrucción nº 3 de Granada, con relación al caso Lorca, y el de Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial- de los muchos en cuya jurisdicción se produjeron denuncias y/o desenterramientos, plantearon al Tribunal Supremo la cuestión de si eran competentes para estos casos, como consecuencia de la inhibición efectuada por el titular en ese entonces del JCI No. 5 de la Audiencia Nacional, D. Baltasar Garzón Real. El auto mencionado de 28 de marzo de 2012 trae origen en estas consultas.

Lo grave es que en España ha habido cientos de desenterramientos y algunos procedimientos donde los "jueces naturales" negaron la aplicación de las normas forenses, convirtiendo en ilegales los desenterramientos. [Ver documentos del Caso Benagéber http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

El principio del juez natural del lugar de los hechos es un principio básico de los derechos y libertades civiles reconocido desde la Revolución Francesa, en contraposición al derecho absolutista de elegir jueces y fijar jurisdicciones de excepción que fue convertido por Carl Schmitt en el moderno "derecho de excepción", base del derecho nacionalsocialista y del franquista y que ha resurgido asimismo como base de la legislación post atentados de las torres gemelas, siendo su ejemplo más representativo el de los presos de Guantánamo.

Lo resuelto por este Auto debe poner fin a los desenterramientos ilegales, desenterramientos que han llevado a la destrucción de pruebas de los crímenes cometidos por el Franquismo. Este tipo de actividades han sido ampliamente difundidas por los medios y han contado además con la mayor parte de la financiación que, desde Moncloa, se distribuyó para estos fines "memorialísticos", de forma que los desenterramientos ilegales se han convertido, como ya hemos dicho, en el eje central que ha permitido la ocultación de la cuestión de fondo, esto es, el reconocimiento jurídico de las víctimas.

De los fundamentos del Auto de 28 de marzo de 2012, que resuelve la cuestión de la jurisdicción, son de destacar especialmente los siguientes:

"La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder, de 29 de noviembre de 1985, de la Asamblea General de la ONU propugna el establecimiento y reforzamiento, cuando fuera necesario, de "mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles".

"En el mismo sentido, con mayor precisión y detalle, la Resolución de 2000, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y, sobre todo, la Resolución de 2006, aprobada por la Asamblea General de la ONU, relativa a Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitaria a interponer recursos y obtener reparaciones."

Ambas normas son previas a la denominada "Ley de la Memoria" y fueron deliberadamente ignoradas por los "padres" de esta esa Ley, por los "padres" de la "Comisión interministerial" y, por supuesto, por numerosos jueces, fiscales y abogados, constituyendo per se la demostración objetiva de la manifiesta mala fe de cuantos pusieron en marcha esta nueva doctrina de impunidad e injusticia.

Este Auto ilustra descarnadamente las bases de la nulidad de la denominada "Ley de la Memoria" y la necesidad de la aplicación de lo previsto en nuestro "Plan de Acción", en donde recogíamos los siguientes puntos:

• 1. Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad".

• 2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.

• 3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

• 4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos. Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla.

• 5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.

• 6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica.

• 7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.

• 8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.

• 9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países

• 10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados "niños de la guerra", y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas de la II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.

• 11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.

• 12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.

• 13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.

• 14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.

• 15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.

• 16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia.

• 17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.

• 18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.

Algunas conclusiones

La cuestión principal de las víctimas republicanas, y, en general de las víctimas del franquismo, tal cual está definida en nuestro documento de 2004, es el reconocimiento jurídico por parte del Estado español.

Este reconocimiento implica necesariamente el cumplimiento de una serie de medidas legislativas como las previstas en el punto VI) del "Plan de acción" [Ver http://www.derechos.org/nizkor/espa...]

El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada "Ley de la Memoria Histórica", la cual no ofrece solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares y, más aún, pretende alejarles de la historia común europea, y, especialmente, de las soluciones que se adoptaron en la materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas, tal cual afirmamos en nuestro comunicado de 01 de septiembre de 2006 titulado "Entre la cobardía moral y la ilegalidad" [Ver [>http://www.derechos.org/nizkor/espa...]]

Los partidos políticos con representación parlamentaria deben hacer una profunda reflexión sobre las consecuencias perversas de este tipo de actos que aumentan el déficit democrático pendiente desde la denominada transición y que tienen como consecuencia el que los ciudadanos lleguen a la conclusión de que las libertades civiles, los principios democráticos y los derechos humanos son en realidad parte de una "democracia bajo tutela" por parte de un régimen ilegal como el franquismo.

Los operadores jurídicos (abogados, fiscales, jueces, etc.) deben obrar, como mínimo, de conformidad con las normas deontológicas que les obligan a actuar de buena fe y a asesorar sin inducir a las organizaciones sociales a actuar judicialmente cometiendo errores procesales graves e insalvables que, como en este caso, han tenido como consecuencia la consolidación jurídica del modelo de impunidad español, provocando la mayor derrota del movimiento en contra de la impunidad surgido en 2004.

La constatación de que las víctimas republicanas no son aceptadas como tales y que, por lo tanto, se produce una evidente desigualdad ante la ley, tendrá efectos profundos y perversos en la sociedad española.

La constatación de que no todas las estrategias son correctas, ni tienen como objetivo el reconocimiento jurídico de la víctimas republicanas, lo que nos sirve para ratificar que es necesario profundizar la lucha por las libertades civiles en su más amplia definición, recuperando los principios de ética republicana y libertades civiles que le son consustanciales.

Hacemos un llamamiento expreso a las asociaciones que han actuado de buena fe para que no pierdan la esperanza de justicia y amplíen su esfera de actuación a la defensa de las libertades civiles republicanas necesarias para hacer frente a la crisis profunda en que se encuentra sumido el sistema surgido de la denominada "transición democrática". Tal crisis afecta a su legitimidad en la medida en que dicho sistema reconoce la legalidad franquista, como quedó demostrado con la Ley de la Memoria, ilegitimidad que provoca una crisis moral y social con repercusiones económicas graves para las clases más desfavorecidas.

El reconocimiento jurídico de las víctimas republicanas y del franquismo no es incompatible con el análisis histórico de lo ocurrido, pero en modo alguno pueden los historiadores reemplazar al sistema judicial. Hay pocos sucesos históricos tan estudiados como la Guerra Civil española y el franquismo y, sin embargo, hay historiadores que pretenden reemplazar a la justicia en un acto impropio de su profesión y que sólo podemos calificar como un acto de soberbia.

Nos ratificamos en el "Plan de acción" de nuestro documento de 2004 ya mencionado [Ver [>http://www.derechos.org/nizkor/espa...]] y manifestamos una vez más que todos los aspectos recogidos en este diagnóstico de la impunidad en España pueden ser solucionados sin modificar la Constitución de 1978 y que, por lo tanto, dependen exclusivamente de la voluntad política de los grupos parlamentarios para que, actuando de buena fe, den solución a los mismos.

Equipo Nizkor - 14 de abril de 2012

http://www.derechos.org/nizkor/espa...

Nuevo libro "José Maestro San José, un gran alcalde para Ciudad Real"

Redacción — 2010-11-29T11:45:01Z

Este ensayo acerca del diputado a Cortes José Maestro San José es obra de Federico Bello Landrove y Manuel López Camarena.

José Maestro se encontraba en Madrid el 18 de julio de 1936 ejerciendo sus funciones como diputado en el Congreso por Ciudad Real, cuando se produjo la sublevación franquista.

Reunidos los diputados, decidieron salir hacia algunas de las ciudades amenazadas por los golpistas, en un intento de ayudar a las autoridades a superar aquellos graves momentos.

José Maestro, acompañado por Juan Lozano Ruiz, diputado por Jaén, y por José María Sánchez Izquierdo, un compañero socialista, salió de inmediato hacia Valladolid.

Entrando casi en la ciudad fueron interceptados por una patrulla de civiles, siendo detenidos y encarcelados. Tras un juicio sumarísimo, fueron condenados a muerte y ejecutados en San Isidro.

Federico Bello Landrove, habitual colaborador de esta página, simultanea su faceta de escritor con el ejercicio de su profesión como Fiscal en Salamanca, y ahora también como ensayista e investigador. Hoy nos ofrece un extracto de su interesante investigación acerca de un tema poco conocido: los intentos de ayuda desde el Congreso de los Diputados a las ciudades más amenazadas por los sublevados.

JOSÉ MAESTRO SAN JOSÉ (1899-1936)

Por Federico Bello Landrove

1. UN DIPUTADO POCO CONOCIDO.

José Maestro San José, alcalde de Ciudad Real por el PSOE (1931-1934) y diputado al Congreso por dicha provincia (1936), es persona poco conocida fuera del ámbito ciudadrealeño, en el que es toda una institución, admirado por su generosidad, eficacia y apertura a todos los ciudadanos.

Nacido en Salamanca, de humilde familia de menestrales, el 30 de octubre de 1899, quedó huérfano de padre a los ocho años, junto a otros cuatro hermanos. Su madre, oriunda de la provincia de Madrid, se trasladó al año siguiente a la capital de España, donde José recibió esporádica y modesta escolarización, con el apoyo de su párroco, que lo empleó de monaguillo.

Al llegar a la adolescencia hubo de buscarse la vida en solitario, recorriendo diversas ciudades en busca de trabajo. Consta que, a los dieciséis años, estaba en Valladolid y posteriormente marchó a León, adquiriendo conocimientos de odontología y convirtiéndose en un buen mecánico dentista, que incluso soñó con perfeccionar su técnica emigrando a los Estados Unidos.

Hacia los veinte años contrató a distancia sus servicios con un conocido médico dentista de Ciudad Real, rico y poco amigo de atender regularmente la consulta. José viajó hasta la capital manchega e inmediatamente alcanzó fama de profesional competente y desinteresado, que incluso ejercía funciones más propias del dentista titular. En Ciudad Real estudió el bachillerato, del que se examinó en el madrileño Instituto de San Isidro, y conoció a su futura esposa, Belén Víctor Cantos, de familia acomodada y algo mayor que él, con quien contraería feliz matrimonio en 1925, del que no hubo descendencia.

Simultáneamente, José Maestro se acercó a sindicatos de clase y adquirió notable cultura y excelentes dotes de escritor. Afiliado al PSOE y la UGT, en 1931 fue elegido concejal del Ayuntamiento ciudadrealeño. Al alcanzar acta de diputado el alcalde, José fue promovido a ese puesto, en el que permanecería hasta la disolución de los ayuntamientos democráticos, a raíz de la revolución de 1934.

2. UN GRAN ALCALDE PARA TODOS LOS CIUDADANOS.

Los tres años de José Maestro en la alcaldía de Ciudad Real (1931-1934) fueron reconocidos por todos como los de incorporación de la atrasada ciudad manchega al mundo moderno del progreso. Volcado especialmente con las necesidades médicas y educativas, su acción fue decisiva en el alcantarillado, el saneamiento de los barrios, la traída de aguas, la dotación de una infraestructura hospitalaria y de primeras asistencias, la creación incesante de grupos escolares, el transporte por ferrocarril, la realización de obras públicas para luchar contra el paro forzoso, etc. Honesto y admirado por sus conciudadanos, fue capaz de obtener ayudas y financiación económica donde nadie lo hubiera conseguido y de mantener un gobierno avanzado y de progreso, sin necesidad de adular a los poderosos ni de apoyarse sectariamente en los proletarios. Laico sin partidismo ni estridencias, evitó innecesarios roces con la Iglesia. En fin, ganó masivamente su reelección y todos lamentaron su cese forzoso tras la intentona revolucionaria de 1934, de la que se mantuvo al margen o cooperó de la forma menos violenta posible.

El tiempo libre conseguido por su pasividad política forzada hasta 1936, lo aprovechó para obtener formalmente el título de odontólogo por la Universidad de Salamanca y permitirse ciertas satisfacciones personales, como una más intensa vida familiar y la frecuente asistencia a las sesiones cinematográficas, de las que era un entusiasta reconocido.

El gran prestigio de Maestro en toda su provincia, determinó que el PSOE lo presentase para diputado nacional en las elecciones de 1936, pese a la preferencia del candidato por la opción a la alcaldía. Arrasó en las votaciones y se encontró de golpe y porrazo en el mundo de la gran política madrileña, que no conocía ni compartía la fragmentación en sectores y capillitas. Así pasó, casi desconocido, los meses hasta julio, participando de la Comisión de Hacienda, aunque su intervención e intereses dominantes siguieron volcados hacia la enseñanza primaria.

3. MARTIRIO EN VALLADOLID.

En la tarde del 18 de julio de 1936, por ofrecimiento personal, José Maestro fue comisionado, junto a su colega por Jaén, Juan Lozano Ruiz, para que acudiese a Valladolid en auxilio de las personas que, como Lavín, Landrove López o Garrote, trataban penosamente de mantener la ciudad afecta a la República. Al parecer, la encomienda procedió de Indalecio Prieto y les fue transmitida por el diputado José Lamoneda. En un taxi, sin escolta alguna, partieron de Madrid, acompañados por el ciudadrealeño José María Sánchez Izquierdo, admirador de Maestro y secretario del Subsecretario de Hacienda. Llegados a la capital del Pisuerga hacia las ocho de la tarde, fueron detenidos en un control militar montado por el Regimiento de Farnesio, a la entrada de la carretera de Madrid.

La detención impidió a los diputados intentar, cuando menos, cumplir su mandato. Los consejos de guerra contra ellos se celebraron los días 13 y 14 de agosto de 1936. En el primero de ellos fueron condenados a muerte Maestro, Lozano y Sánchez Izquierdo y absuelto el taxista que los trajo desde Madrid. En el del día 14, juzgados en unión de Lavín, Eliseo San José, Lefler y varios más, se repitió contra ellos la sentencia de muerte, recibiendo ahora el taxista la condena a 30 años de reclusión.

Pese a la excelente fama de Maestro, incluso entre la gente de derechas manchega, y a los denodados esfuerzos de su esposa (que vino a Valladolid a fin de acompañar a su esposo y gestionar una condena meramente de prisión), Maestro fue fusilado en la madrugada del día 18 de agosto de 1936, en el alto de San Isidro, siendo enterrado en el Cementerio Municipal vallisoletano, donde permaneció su cuerpo hasta 1941, en que su viuda reclamó el cadáver, que creo está actualmente sepultado en algún camposanto madrileño.

4. AMIGOS HASTA EL FIN.

La familia de José Maestro ha conservado algunas cartas desde la prisión, en las que se demuestra que el diputado entró en contacto con una antigua novia vallisoletana de sus años mozos y una hermana de ella, las cuales le atendieron en todo momento sus peticiones de ropa, útiles de aseo, lavado de prendas, etc., sin que aceptasen en ningún momento el reembolso de los gastos realizados.

En cuanto a la relación de Maestro con mi tío, Federico Landrove López, ya he dejado dicho que la venida de aquél a Valladolid –donde encontraría la muerte- pudo ser desencadenada por la llamada de auxilio formulada por los socialistas vallisoletanos (en concreto, por Landrove López), hecha telefónicamente a sus compañeros madrileños, a primera hora de la tarde del 18 de julio de 1936.

Mi tío creo fue juzgado en consejo de guerra (juntamente con su padre, el ex-alcalde Landrove Moíño) el 10 de agosto de 1936 y ciertamente fusilado el 15 del mismo mes. Ignoro si la proximidad cronológica y su respectiva detención propiciarían algún encuentro o saludo entre Maestro y Landrove. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que, habiéndose conocido sus esposas, Belén Víctor y Hortensia Caballero, en las antesalas de cárceles y consejos de guerra, se hicieron buenas amigas y, aprovechando su común residencia en Madrid, mantuvieron reuniones mensuales hasta el fallecimiento de doña Belén, producido hacia 1992, a los 96 años de edad. Su amiga Hortensia, más joven que ella, la sobreviviría aún unos cuantos años, falleciendo así mismo nonagenaria.

La Comissió de la Dignitat reúne 150 personas en Madrid para honrar a Companys

Redacción — 2010-09-28T20:09:34Z

Reclaman la anulación de los procesos del franquismo

Varios Medios, - 19 Septiembre 2010

Deia, Domingo, 19 de Septiembre de 2010

Claveles rojos 70 años después

Reclaman la anulación de los procesos del franquismo

Claveles rojos, banderas republicanas y senyeras en memoria del president. Más de un centenar de personas se dieron cita ayer en Madrid para rendir homenaje a Lluís Companys en un acto organizado por la plataforma Comissió de la Dignitat. El político catalán fue fusilado en Barcelona hace setenta años, pero antes permaneció preso en Madrid. Los asistentes al acto se concentraron, precisamente, frente al edificio donde Companys estuvo cautivo: en la actual sede de la Comunidad de Madrid, que antaño acogió las dependencias de la Dirección General de Seguridad, ubicada en la popular Puerta del Sol.

“¡En esta casa se asesinaba, en esta casa se torturaba, y ahora es la cueva del Partido Popular!”, entonaban a viva voz algunos de los asistentes, que llevaban en el pecho una pegatina con el retrato de Companys y un texto que rezaba: 70 anys de processes sense anullar. Y es que, los organizadores del acto dejaron bien claro que este homenaje se hacía extensible a todos los que también estuvieron presos en aquellos calabozos y reclamaron insistentemente la anulación, no sólo del juicio que llevó a la muerte al president, sino también la de todos los procesos del franquismo por motivos políticos.

Al encuentro acudieron representantes de entidades vinculadas a la memoria histórica así como políticos de partidos catalanes. En nombre de ERC estuvo el diputado Joan Tardá, además de los senadores Miquel Bofill, Josep María Esquerda y Pere Muñoz. De CiU asistió el senador Ramón Alturo.

El acto contó con el discurso del escritor Ignaci Riera y con una ofrenda floral, en la que los presentes depositaron varios ramos y claveles rojos en una de las oscuras ventanas de los bajos del edificio que en su día fueron los calabozos. Tanto Riera como el portavoz de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, relataron el infierno que Companys vivió en aquellas dependencias. “Aquí fue torturado salvajemente, incluso se le sometió a burlas. Venían dirigentes franquistas y, como a un perro, le tiraban mendrugos, le escupían a la cara y le tiraban calderilla”, explicó Cruanyes.

“Como fue detenido como presidente de la Generalitat, era un símbolo, y como símbolo le quisieron degradar”, añadió. “Estuvo preso en la celda número 11 en régimen de incomunicación”, afirmó Riera: “Le hacían recoger tierra y ponerla en un capazo que luego volvían a tirar y así una y otra vez”.

Mensaje a Aguirre. También criticaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por no haber permitido la celebración del acto en el interior del edificio, tal y como solicitó la Comissió de la Dignitat. “Pensamos que hay una voluntad de no recordar una cosa muy importante. Olvidar esto es como olvidar los campos de concentración. Es importante para una sociedad recordar lo que representó la dictadura”, declaró Cruanyes. Riera terminó su intervención subrayando que los crímenes cometidos en el franquismo son crímenes contra la humanidad y que, por tanto, no prescriben.

Tras las intervenciones de varios representantes de asociaciones de la memoria histórica, los presentes protagonizaron un minuto de silencio en el que no faltó algún puño en alto y que fue roto por gritos de “Viçca Catalunya!” y varios “¡Viva la República!”, a los que incluso se adhirió algún espontáneo que se encontró con la concentración en su paseo sabatino por el centro de la capital española. “¡No hay dos sin tres, República otra vez!”, se oyó en la Puerta del Sol mientras los participantes concluían el acto colocando las flores en la fachada del edificio de la Comunidad. Unas horas después, los viandantes miraban con curiosidad aquellos claveles rojos solitarios, testimonio de una reivindicación y una lucha que va a seguir adelante.

http://www.deia.com/2010/09/19/poli...

El Economista, 18/09/2010

La Comissió de la Dignitat reúne 150 personas en Madrid para honrar a Companys

Europa Press |

La Comissió de la Dignitat ha reunido este sábado a 150 personas en Madrid para homenajear al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys. El acto ha tenido lugar frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue detenido y torturado Companys hace 70 años, cuando el edificio era la Dirección General de Seguridad.

A la cita han acudido miembros del Memorial Democràtic, y representantes de ERC –entre ellos, el diputado Joan Tardà– y de CiU. ICV, por su parte, ha apoyado la iniciativa pero ha excusado su presencia por problemas de agenda.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Comissió, Josep Cruanyes, ha calificado el homenaje de “muy intenso”. “Hemos conseguido lo que pretendíamos, poner sobre la mesa los hechos y homenajear también a todas las víctimas del franquismo”, ha explicado.

http://ecodiario.eleconomista.es/po...

Política.e-, 18 / 09 / 2010

Reclaman “justicia” para Companys en Madrid

Piden la anulación del juicio al ex presidente de la Generalitat

La Comissió de la Dignitat ha reunido a 250 personas en Madrid que han reclamado justicia y reparación por el presidente de la Generalitat Lluís Companys. El acto ha tenido lugar frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que durante el franquismo era la Dirección General de Seguridad donde fue retenido y torturado el presidente mártir hace 70 años.

En este acto han asistido representantes de CiU y de ERC, así como el portavoz de la Comisión, Pep Cruanyes, que cree que “no es suficiente” declaró ilegítima la sentencia sino que hay que trabajar para conseguir la anulación. Precisamente esta semana el Congreso de los Diputados ha rechazado una moción de ERC en este sentido con los votos en contra del PSOE, el PP y UpyD.

Según los organizadores, la presidencia de la Comunidad les ha negado la posibilidad de realizar este acto dentro del edificio. El homenaje ha finalizado con una ofrenda floral a las puertas de donde Companys fue retenido y torturado.

http://politica.e-noticies.es/homen...

http://www.foroporlamemoria.info/20...

Concentración en Madrid a los 70 años de la tortura de Lluís Companys en la DGS

Redacción — 2010-09-11T18:55:23Z

Nos gustaría mucho que nos acompañárais en el sencillo pero emotivo acto de Madrid el día 18 de septiembre.

Compañeros y compañeras,

Os informamos que el sábado 18 de septiembre, a las 12 del mediodía, se va a hacer una concentración ante la antigua Dirección General de Seguridad en Madrid (actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, donde hacen las "campanadas"), edificio donde fuera retenido y torturado el presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, entre finales de agosto e inicios de septiembre de 1940. Las biografías de Companys revelan que en este edificio se le sometió a malos tratos e insultos de todo tipo y que incluso se organizaban visitas de "notables" franquistas que hacían cola ante su pequeña celda para "escupirle entre los barrotes". La presidenta Esperanza Aguirre se ha negado a hospedar el acto en las dependencias de la actual presidencia.

Se trata hoy de recordar que hace exactamente 70 años de estos hechos. La concentración, autorizada, consistirá en la lectura de un texto a cargo a un/una intelectual. Se quiere contar con el apoyo de los grupos de la Memoria Histórica de Madrid. También se trasladará una representación de compañeros/as de Catalunya. Se hará con ocasión de los 70 años del asesinato de Companys y se quiere hacer especial hincapié en el hecho de que la sentencia que se le aplicó no haya sido jurídicamente anulada (sólo cuestionada su "legitimidad"), quedando, pues, en pie a todos los efectos legales como las de todos y todas los represaliados de la guerra. Hace unas semanas también organizamos un viaje a La Baule (Bretaña) para recordar los 70 años de su detención por parte de la policia militar nazi con un éxito notable de concurrencia y repercusión mediática. Además, los días 15 y 17 de octubre, coincidiendo con la ejecución de Companys, se harán importantes actos en Barcelona en este mismo sentido con la realización de unas Exequias Civiles (15 octubre, Iglesia Sant Agustí, 20.30 tarde) y un gran acto en Montjuïc en la mañana del día 17. Más información en la web http://www.comissiodeladignitat.cat.

Nos gustaría mucho que nos acompañárais en el sencillo pero emotivo acto de Madrid el día 18 de septiembre.

cordialmente,

Secretariado Comissió de la Dignitat. Contacto: 625370661.

secretariat@comissiodeladignitat.cat

Os enviamos la imagen que estamos usando para la campaña con una pintura de Lluís Companys realizada por el artista valenciano Toni Miró. Se pueden adquirir litografías numeradas con un mail a esta @-dirección.

Cuando el presente excluye el pasado

Redacción — 2010-08-26T19:03:58Z

Francisco Espinosa Maestre. Historiador y Director Cientifico de http://www.todoslosnombres.org/

Todos fueron asesinos

Aquellos que llevan mal todo lo relacionado con la memoria histórica se han visto obligados a reconocer el derecho de la gente a dar sepultura digna a sus familiares enterrados en fosas comunes. No hacerlo les hubiera dejado en muy mal lugar. Curiosamente, aunque no se diga, este reconocimiento generalizado a honrar a las víctimas del fascismo es fruto en exclusiva del movimiento pro memoria, que desde fines de los 90 y concretamente desde el año 2000 logró mostrar a la sociedad una realidad oculta y prohibida durante el franquismo y también a partir de la transición (las exhumaciones de entonces fueron hechas al margen del sistema cuando no en contra). Sin embargo, los enemigos de la memoria, para justificar lo que no se hizo ni en la transición ni después por quienes tenían la obligación y el poder para hacerlo, se agarran a que esto es cosa de los nietos, que ignoran lo que fue el franquismo y la transición y que, por tanto, no pueden calibrar justamente lo que se hizo. Y como para esta gente todo es tan sencillo, no tienen reparo alguno ahora en responsabilizar al Gobierno de no dar solución a este asunto de los muertos y las fosas, que es, según ellos, para lo que se hizo la Ley de Memoria Histórica (LMH). De paso, aprovechan el debate para meter otras cuestiones de más calado relativas a la interpretación de nuestro pasado reciente. Sería el caso de Joaquín Leguina en su artículo “Enterrar a los muertos” (El País, 24/04/2010).

Para el político del PSOE son preocupantes “algunos mensajes de muy dudosa calidad” que se han ido colando en estos años. Así, critica la interpretación que se está dando de la Ley de Amnistía como vulgar apaño amnésico, que considera calumniosa “para quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada”. Todo por un objetivo: la reconciliación, dice Leguina. Porque para él hay algo que no admite discusión y que está en el origen de todo este asunto: “… en los dos bandos se practicó una enfurecida ‘limpieza étnica'”. Las palabras lo delatan. No parece caer Leguina en que bando, lo que se dice bando, sólo hubo uno, que fue el sublevado; la otra parte era el Gobierno legal de la República. Si designamos a ambos con la palabra bando estamos igualándolos y situando al Gobierno y a quienes le servían a la altura de las bandas de facciosos que dieron el golpe militar. Éstos, además, traían un plan que pusieron en práctica desde el primer día: no de limpieza étnica sino de exterminio político y social. Como en Chile, caso que el señor Leguina debe conocer bien, pero a lo grande (piénsese en cualquiera de esas provincias en las que el golpe triunfó y la “guerra civil” fue sólo represión: todas superan en muertos a Chile). Los golpistas sabían que iniciaban la cadena de violencia y que, en consecuencia, en el otro lado caerían muchos de los que supuestamente venían a salvar de las garras del marxismo, pero esto no sólo no les importaba sino que venía bien a sus propósitos.

Es vieja la práctica de negar afirmaciones que nadie ha mantenido para lanzar las propias. Mantiene Leguina que tan inexacto fue antes catalogar a unas víctimas de “mártires de la Cruzada” como ahora a otras de “héroes de la democracia y de la libertad”. Quizás Leguina no haya caído en la cuenta pero esto de poner en duda a los “héroes” ya lo vienen haciendo los Moas hace tiempo. Con ello muestra su absoluto desprecio por los que dieron su vida por la libertad y por las víctimas del fascismo. Sabiendo lo que fue el golpe y la reacción popular que lo hizo fracasar prácticamente en todo el país, salir además con el ejemplo de Agapito García Atadell entra en el terreno de la perversión moral. ¿Será acaso la historia de García Atadell la que nos lleve a no generalizar sobre los represaliados franquistas o la que nos mueva a equiparar la violencia en ambas zonas? García Atadell representa el terror desatado en zona republicana a consecuencia del golpe militar y del resquebrajamiento del Estado y sus instituciones; también marca las diferencias entre unos y otros: al contrario que los “García Atadell” de la zona franquista, éste tuvo que huir y fue el propio gobierno republicano el que posibilitó a los franquistas su captura. Ni en Madrid ni en el resto del territorio que quedó en zona gubernamental hubo durante meses fuerzas y recursos para controlar enteramente la situación. Lo que hemos demostrado los historiadores es que, a pesar de esto, en gran parte del territorio primó el respeto a la vida por deseo de las autoridades republicanas y de los comités que se constituyeron por todas partes en representación del Frente Popular. Fueron miles de presos de derechas los que salvaron la vida en aquellas terribles circunstancias gracias a lo que quedó de la República.

Pero el golpe no triunfó en todo el país y lo que se planeaba como una marcha triunfal hacia la capital se convirtió en una marcha plagada de obstáculos que se prolongó durante casi cinco meses. Además había que limpiar el territorio. Para colmo Madrid consiguió heroicamente frenar al ejército de África en sus mismas puertas y el golpe devino en larga guerra. No encontrará el Sr. Leguina a historiador alguno que justifique el terror que asoló ciudades y pueblos de la zona gubernamental; mucho más fácil le será lo contrario, ya que, como bien debe saber, abundan los justificadores del terror que acompañó en todo momento a las columnas franquistas. Sin embargo, uno formaba parte del programa y el otro no. Los historiadores sabemos que para las víctimas de los rojos hubo mucha memoria histórica, pero, a pesar de ello, no hemos olvidado en nuestros trabajos ni uno de sus nombres.

Ahora bien, lo que carece de sentido alguno, cuando ni siquiera sabemos aún el número y la identidad de todas las víctimas del franquismo, es que los tratemos por igual. Pide Leguina “ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos sean también de todos”. Pero ¿cómo que todos? ¿Ignora Leguina que sólo podemos hablar de todos los de un lado? ¿Desconoce que ha costado tres décadas de arduo trabajo recuperar parte de los nombres de las otras víctimas? ¿No sabe que, fiel a sus orígenes recientes e imbuida de espíritu de transición, la Universidad tardó años en ocuparse de esa etapa? ¿Ha olvidado ya que su partido gobernó durante catorce años y nunca tuvo voluntad ni tiempo de mirar atrás? Sin ir más lejos, ¿no tuvo tiempo él mismo entre 1983 y 1995, cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid, de dedicar un poco de atención a los hombres y mujeres que perecieron a manos del fascismo en su comunidad, fueran o no héroes de la democracia y de la libertad? Evidentemente no, ya que debía de pensar como sus superiores. La historia nos enseña que el primer deber de la democracia es la memoria pero, en aquellos años rutilantes, al PSOE, como a buena parte de la sociedad surgida de la dictadura, la memoria le estorbaba. Así acabó él y así acabó el PSOE.

Todos los muertos son iguales

El artículo de J. Leguina fue rebatido en el mismo periódico por Almudena Grandes, “La condición miserable” (09/05/2010), Teodulfo Lagunero, “Enterrar a los asesinados por los fascistas” (29/05/2010) y Javier Cercas, “La puñetera verdad” (06/06/2010). En todos ellos, por diferentes que sean, se pueden encontrar ideas interesantes que ha costado y está costando mucho transmitir a la sociedad y que hoy sean cosa aceptada para muchos, aunque no para los que aún funcionan dentro de esquemas heredados de la propaganda franquista, que no son pocos.

De orden muy diferente fue “Los muertos de todos”, artículo de Jorge M. Reverte que vio la luz en el mismo periódico citado el 18 de junio. Aquí volvemos otra vez a los dos bandos. Reverte, para quien todas las víctimas son iguales, las de Paracuellos como las de Badajoz, reconoce la responsabilidad de los golpistas y su plan de exterminio, pero para mostrar que los otros actuaron igual remite a Paracuellos (su documento encontrado por la documentalista Diana Plaza), Barcelona (Miquel Mir y Diario de un pistolero anarquista), La Solana (Fernando del Rey y Paisanos en lucha) y las matanzas finales de la guerra en Cataluña (J. Cercas).

No sé si será consciente Reverte de dónde se mete al asumir los más que dudosos escritos de Mir y a un historiador como Del Rey que considera esto de la memoria histórica “como una losa que ha caído sobre los historiadores profesionales” y que lamenta lo que llama “la irrupción de la historia militante”. Tampoco parece muy serio poner como ejemplo la conocida novela de Cercas. Yo podría mostrar a Reverte otros muchos casos que prueban que, por más que se cometieran crímenes en todo el territorio, nunca cabrá igualar ambos terrores. Podremos estar con las víctimas y despreciar a los asesinos, pero ni ambos bandos fueron iguales ni lo fueron todas las víctimas.

De entrada, no tenemos por qué asumir ni una sola víctima de los franquistas, ya fuera provocada en enfrentamiento armado u otros actos bélicos como por los bandos de guerra o los sumarísimos de urgencia. Sólo la investigación permitirá identificar a los asesinos. Efectivamente García Atadell era un criminal que mereció su final, pero no hay que olvidar que estos monstruos dan vía libre a sus instintos cuando la situación lo permite, y, en este caso, lo que lo permitió fue el golpe militar. Sin embargo, nuestra actitud, aunque cautelosa, debe ser diferente con las víctimas causadas en su defensa por la República y por quienes la apoyaron en todo momento, desde el 17 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39 y desde las acciones iniciales que hicieron fracasar la sublevación en lugares clave hasta las penas dictadas por los tribunales populares.

Lo que no cabe justificar en modo alguno, por más que entre los afectados cayeran elementos responsables y colaboradores del golpe, es el terror salvaje que durante varios meses causó miles de víctimas en numerosos lugares del territorio republicano. Podemos explicarlo, mostrar sus causas y retratar a sus responsables, pero no asumirlo. A estas alturas sabemos que, además del terror implantado por los comités, muchas de las matanzas que tuvieron lugar en zona republicana fueron consecuencia directa de bombardeos franquistas sobre objetivos civiles. ¿Justificaremos con ello el crimen? No, pero sí ofreceremos la secuencia completa, que la propaganda franquista tuvo buen cuidado en ocultar.

Reverte puede hacer suyos todos los muertos, los de Badajoz y los de Paracuellos; yo no creo que se puedan ni deban mezclar. Badajoz precede a la matanza de la Cárcel Modelo, en la que sin duda influyó; la de Paracuellos, por el contrario hay que relacionarla con el asedio a Madrid en noviembre del 36. Es fundamental la contextualización de estos hechos, ya que lo contrario sólo favorece a la propaganda y a la manipulación. Por ejemplo: falta una investigación sobre los brutales bombardeos a que fue sometida Madrid por la aviación fascista en esos meses. No para justificar la actividad criminal de las checas sino para saber por qué, cómo y dónde se gesta el odio asesino que conduce a algunas de esas masacres. De hecho, muchas de las matanzas ocurridas en zona republicana no se entienden sin la violencia previa derrochada por los golpistas, bien fuera por acciones de exterminio como por bombardeos, ocupaciones salvajes, etc. No es conveniente olvidar quién agredió primero, sin que esto suponga justificar crimen alguno. Pero recordémoslo una vez más: no podemos equiparar en modo alguno la violencia del que agrede con la violencia del que se defiende. Mención aparte merecen los elementos que en zona republicana derrocharon igual desprecio por la vida ajena que el que venían practicando los fascistas desde que se sublevaron.

Hechos de las dimensiones de Paracuellos hay muy pocos en la zona republicana; hechos como Badajoz hay muchos en el territorio controlado por los fascistas. Yo estoy a la espera de que se investigue a fondo lo ocurrido en Madrid desde el 18 de julio hasta bien entrados los años cuarenta. Una vez que esto ocurra sabremos a qué atenernos. No obstante, la gran diferencia entre las matanzas de Badajoz y Paracuellos es que la primera nunca fue investigada y la segunda sí. Compararlas para mostrar que todos fueron iguales mientras no conozcamos a fondo ambas constituye una aberración.

Franco nos salva del Soviet

Y llegamos a Santos Juliá (SJ) y su “Duelo por la República Española” (El País, 25/06/2010), en la misma línea que el de Leguina pero menos basto. Para SJ la revolución social latente tras las matanzas de la cárcel Modelo hubiera acelerado la derrota y acarreado el fin de la República. Además, en zona republicana, “durante los primeros meses de la guerra, [se cometieron] crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad”. Para SJ sólo a partir de mayo del 37 “comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros”. Para Juliá en territorio republicano no se mató más porque ya no había dónde ni a quién. Dejemos de lado las referencias a Dionisio Ridruejo, nuestro pequeño Goebbels convertido ahora en “ideólogo de la democracia” (vivir para ver), quien por cierto murió sin contarnos lo mucho que debía saber sobre la época dorada del terror azul a pesar de haberse comprometido a ello en Escrito en España (seguimos a la espera de que su hagiógrafo J. Gracia nos cuente sus años fascistas). También preocupa a SJ “la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco”.

Sin duda lo más llamativo del texto de Juliá es la idea, nada novedosa por cierto, de que, de haberse inclinado la situación a favor de la República, la revolución social hubiera ido llevando el terror a todo el territorio para terminar devorando a la propia República. Desde este punto de vista cabe agradecer que los golpistas impidieran con su incesante victoria tan negro futuro, posibilitando así que veinte años después los hijos de vencedores y de los vencidos –esa increíble generación a la que pertenecen Leguina y Juliá– iniciaran el camino hacia la democracia. Conste, al menos, que la idea esta es franquista y no ha dejado de circular. No en vano L.P. Moa recibió el artículo de SJ que comentamos con otro titulado “Santos Juliá va enterándose”.

Aparte de esto debe quedar claro que la represión en ambas zonas no fue en absoluto equiparable ni en cantidad ni en objetivos. Una era fruto de un golpe militar que incluía un calculado plan de exterminio; otra de un proceso revolucionario abierto precisamente a consecuencia de lo anterior. No vale despachar de un plumazo, como hace SJ porque a él no le interesan, una serie de hechos objetivos como quién inició la agresión, de dónde partía, y qué plan y dimensión tuvo en cada zona. Que todo tenga “lógica propia” no significa que todo sea igual. Asusta un poco este relativismo.

Además, habrá que recordar a Juliá que las diferencias entre la represión en ambas zonas no empiezan en mayo de 1937 sino el mismo 17 de julio. La razón es simple: al contrario que los sublevados, tanto el gobierno de la República como los partidos que integraban el Frente Popular, carecían de plan alguno para acabar con nadie. Esta situación cambió tras el golpe. De ahí que sea algo admitido que, por más que en algunos lugares las ramificaciones del terror alcanzasen ciertos espacios del poder político y sindical, nunca se trató de un proyecto planificado con implicación de las más altas instancias del Estado ni del Frente Popular. Las tesis de SJ, como antes las de Leguina, suponen un total desprecio hacia aquellas personas, la mayoría, que, en todo el país y desde diversos ámbitos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar el derramamiento de sangre. Nada de esto ocurrió en zona franquista, por la sencilla razón de que el derramamiento de sangre constituía la médula del plan.

Al tratar el asunto como lo tratan –los dos bandos que de pronto se lanzan por la pendiente de la guerra civil dirimiendo sus diferencias a garrotazos en medio de una orgía de sangre y terror– SJ y sus seguidores están ocultando y tergiversando la realidad con un claro objetivo: la memoria de la República y de quienes dieron la vida por ella desde el primer día, tanto civiles como militares, tanto en el frente como en los paredones, debe ser sacrificada en beneficio de la Transición. Esto es tan antiguo como la propia transición pero, a medida que ha ido saliendo a la luz la realidad de eso que llamamos “guerra civil”, a sus defensores se les ve más la tramoya de su argumentación. Así, no se dejan de lanzar sombras sobre la baja calidad de la democracia republicana o sobre la escasa validez de las elecciones de febrero del 36 (buen partido están sacando algunos, sin haberlos visto, a los “papeles” de Alcalá Zamora), y día llegará en que alguien desempolve de nuevo los “papeles” de la conspiración comunista, que vendrán bien a unos para demostrar una vez más que el “18 de julio” estaba justificado y a otros para probar que la República estaba ya carcomida por la hidra revolucionaria.

Veamos finalmente esa argentinización de la mirada al pasado que tanto preocupa a SJ. Debe referirse sin duda al tratamiento de la cuestión represiva y a la petición de verdad, justicia y reparación que se ha hecho desde el movimiento social a favor de la memoria. No debe extrañarse SJ de que haya gente que pida eso. Para argentinización pionera la del franquismo con sus víctimas. No parece muy justo que sólo haya habido “verdad” (Causa General), “justicia” (la represión judicial militar) y reparación (los muchos derechos y privilegios de que gozaron los Caídos y sus descendientes) para unos, y silencio, olvido y limosnas para los otros. Y ya que no es posible llevar al banquillo a los responsables, qué menos que exigir Verdad, Reparación y que la Justicia defina lo que realmente fue aquello.

La tesis central del artículo de Juliá fue rebatida por Josep Fontana (“Julio de 1936”, Público, 29/06/2010). En su respuesta SJ, como siempre, eludió el debate, recurriendo a su estilo habitual. Curiosamente –esto suele pasar– el “estilo” que lo caracteriza viene a ser una mezcla de dos de los insultos obsesivos que lanza sobre los demás: Vishinsky y Torquemada, es decir, estalinismo e inquisición. El resultado ya sabemos cuál es: alguien que no deja de sermonearnos desde sus muchos púlpitos y tribunas pero que, fiel a la máxima Roma locuta causa finita, no admite no ya sólo crítica alguna sino simplemente puntos de vista diferentes al suyo. De seguir así no habrá quien le chite urbi et orbi. Unos por temor reverencial, otros por puro miedo y los demás por débito o vasallaje. En realidad, la sensación que da es que sería un magnífico secretario de la Conferencia Episcopal Española.

Y al final del camino… la Tercera España

Dejó tan alto el listón Juliá que una de dos, o acabó con el debate en su periódico o bien el periódico, con la ayuda inestimable de alguno de sus manipuladores profesionales como el tal Javier Valenzuela, decidió desechar otras opiniones. Luego ya sólo vimos un “análisis” de José Juan Toharia titulado “La tercera España, 74 años después” (El País, 18/07/2010). De entrada y dado el día, aludía a “la irreconciliable fractura entre las dos Españas dispuestas a extirparse mutua e inmisericordemente de la convivencia nacional”. Para Toharia lo ocurrido en el 36 no fue un enfrentamiento entre “buenos y malos” sino “un choque entre dos fanatismo extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes”. Pero había otra España, dice Toharia: “… una mayoritaria tercera España que braceó, sin éxito, para evitar el desgarro. No lo logró y quedó finalmente laminada”. Aquí no podía faltar la referencia a Trapiello, el gran fustigador del rojerío hispano desde la República a la transición. A éste igual le da tirar contra uno de la generación del 27 que contra los maquis o los antifranquistas de los 70. Algunos parece que buscan así matar al rojo que alguna vez llevaron dentro.

Pues bien, Toharia ha descubierto, porque para eso es presidente de Metroscopia, que según dicen ahora los españoles, sus familias se posicionaron entonces de la siguiente manera: un 17% con “el bando franquista o nacional”, un 26% “con el bando republicano” y un 57% con la “Tercera España”. Y hay más, porque Toharia aporta un dato sensacional: la mayor parte de los votantes del PSOE y del PP “proceden de familias integradas en la tercera España”. ¡Acabáramos! ¡Haber tenido que esperar tanto tiempo para saber que ya en el 36 España no era ni de derechas ni de izquierdas sino de centro! Como ahora, qué casualidad. Bien es verdad que esto no cuadra mucho esto con los resultados de las elecciones de febrero del 36, pero seguro que Toharia tendrá alguna explicación. Igual es que fueron fraudulentas, como mantuvo “el bando franquista o nacional” (¿pero qué sociólogos son éstos que aún hablan de “nacionales”?). Quizás esos resultados hablen más de ahora que del 36 y resulte que hay una mayoría social que se siente desvinculada de “los dos bandos”. Lo cual no es de extrañar después de la incesante y machacona campaña que desde la transición se viene haciendo para relegar el pasado reciente al olvido y situar la amnistía del 77 y la Constitución del 78 como nuestros únicos referentes históricos.

Sin duda, este “análisis” contiene méritos para engrosar los desvaríos “científicos” del clásico de Cipolla (Allegro ma non troppo). Lo curioso y lo que me hace traerlo aquí son las conexiones de las teorías de Toharia con las de Leguina, Juliá, Trapiello y, cómo no recordarlo, con Muñoz Molina, otro cantor de la “tercera España”. Todos ellos y otros muchos están empeñados en convencernos de que “los dos bandos” eran, en el fondo, iguales; que la República contenía el germen de su propia destrucción y hubiera sido engullida por sus propios hijos (ya decían los franquistas que el Frente Popular conducía directamente al Soviet), y que es mejor que olvidemos todo aquello, incluidos los muertos, pues maldita sea la hora en que se empezó a mover todo esto de la represión y las fosas. Si hiciéramos caso de la encuesta de Toharia y pensáramos en la representación de los tres grupos en el actual panorama de los medios de comunicación veríamos que los de la “tercera España” están bien representados; aquellos cuyas familias se alinearon con los franquistas están sobrerrepresentados, y, finalmente, el 26% que se posicionó con la República es el que peor escapa, ya que apenas cuenta con medio alguno para exponer sus ideas (Internet sigue siendo prácticamente la única vía y ya sabemos sus limitaciones: un 80% de la población nunca lo usa para obtener información).

Seguramente a algunos debe molestar que se les diga que sus ideas coinciden con los Moas o que han sido gratamente recibidas por Intereconomía o Libertad Digital. No debe ser muy agradable para aquellos que pasan por ser referentes ideológicos de nuestro tiempo que sus ideas sean bien acogidas por los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Al final va a resultar que, en lo fundamental, todos están de acuerdo. Ocurre que es la fuerza del movimiento por la memoria histórica la que ha obligando a estos señores a decir lo que de otra forma ni se hubieran atrevido a decir ni hubiera hecho falta que dijeran. Ha sido la decisión de mostrar lo que fue realmente el “18 de julio” y de exigir que el Estado cumpla con su deber, la que ha llevado a esta gente a exponer públicamente lo que piensan de la República, de “la guerra civil” y de la dictadura. De paso nos han dado las claves de por qué actuaron como lo hicieron en la transición; incluso de por qué están tan contentos de conocerse: según parece, les debemos todo.

Por lo demás, pensando como pensaban de la anterior experiencia democrática, qué otra cosa iban a hacer. Se entiende que lleven tan mal las investigaciones sobre el golpe de julio del 36 y sus consecuencias, y, sobre todo, el movimiento pro memoria histórica. En realidad hubieran preferido que todo quedara como en la transición o como en los tiempos de Felipe González, aquellos del nosotros decidimos no mirar atrás. Pero fue en vano: de pronto, la “guerra civil” se fue mostrando como lo que realmente fue: la matanza fundacional del franquismo, y la tierra, mero paisaje, dejó ver las pruebas: un país sembrado de fosas comunes.

Unos nombres nada inocentes

Orosia Castán — 2010-07-14T19:30:06Z

El ejemplo es muy manido, ya lo sé; pero, ¿os imagináis una calle en Bonn con el nombre de Hitler? ¿una plaza dedicada al Duce en Roma? ¿una placa con los nombres de los colaboracionistas franceses en Burdeos?

No; es impensable, imposible de todo punto. Porque ningún gobierno elegido por los ciudadanos toleraría la vergüenza de mantener los nombres de aquellos criminales que tantísimo daño hicieron a sus países; y desde hace muchos años, los libros de historia explican claramente el papel jugado por estos personajes, analizando lo sucedido e impidiendo, de esa manera, que nazismos y fascismos se reproduzcan de nuevo.

Aquí, sin embargo, en nuestro país, hubo que esperar setenta años para que un gobierno socialista indicara prudentemente la oportunidad de retirar los nombres de los sublevados franquistas de los callejeros; y digo que lo indicó porque no estableció la obligatoriedad de dicha retirada.

Por este motivo, calles, plazas y avenidas de pueblos y ciudades, ostentan a día de hoy los nombres de las personas que se levantaron en armas el 18 de julio de 1936, derribaron un gobierno constitucional y democrático y eliminaron físicamente a los ciudadanos que lo defendían.

La guerra provocada por estos criminales destruyó pueblos y ciudades; acabó con la economía, devastando los campos, diezmando la población, desangrando la economía y haciendo retroceder al país decenas de años.

Por enésima vez, la ciudadanía vallisoletana exige a sus gobernantes la retirada de estos nombres del callejero de Valladolid. El regidor, señor León de la Riva, ya ha anunciado su negativa a atender el llamado de la ley y de los ciudadanos; los partidos en la oposición municipal, PSOE e IU, se unen a plataformas alternativas en lugar de intervenir con decisión allí donde su representación se lo permite, y los ciudadanos de a pie recogen firmas e intentan hacer oir su voz en los espacios públicos…. Y todo esto, para que se cumpla la ley.

Una paradoja más de nuestro sistema, que cuenta con todo tipo de resortes para obligar a los ciudadanos a cumplir leyes y normativas, a la vez que algunos mandatarios se permiten incumplimientos, objeciones y llamadas a la rebelión cuando las leyes no se ajustan a sus particulares gustos o creencias.