Represión franquista en Valladolid

Luis Lavin Gautier

Orosia Castán — 2012-12-02T11:42:30Z

La figura del que fuera último gobernador civil de Valladolid nombrado por la República ha sido difuminada intencionadamente por las autoridades franquistas hasta el extremo de negar su existencia y su cargo institucional. Recurriendo a ardides tan bajos como evitar inscribir su defunción en el Registro correspondiente o utilizar el silencio administrativo ante las demandas de su familia, se intentó hacer desaparecer su nombre y borrar su figura. Uno más de los muchos intentos infructuosos para eliminar la evidencia de los crímenes cometidos contra la legalidad republicana y sus representantes, intento fallido de nuevo, pues la memoria permanece, y con ella el conocimiento de la verdad acerca del golpe de estado de 1936.

Lavín nació en Santander en el año 1899. Sus padres se llamaban de Ignacio y Martina. Casado con Emilia de Lama, en 1936 tenía seis hijos. Era profesor mercantil en Santander y propietario de una fábrica de muebles y construcciones. Afiliado a Izquierda Republicana, desempeñó el cargo de Gobernador Civil durante la República; estuvo destinado en Cuenca, Toledo y Zamora, desde donde fue destinado a Valladolid, ciudad en la que se estaban produciendo múltiples problemas de orden público que el Gobernador civil, señor Campos Torregrosa, era incapaz de resolver.

La sustitución se produjo el día 20 de junio de 1936, tras una huelga general de 24 horas convocada en protesta por las reiteradas agresiones derechistas a elementos obreros, que tuvo su punto álgido el día 19 de junio, cuando grupos falangistas atacaron a tiros varios centros de reunión de obreros provocando tres muertos y varios heridos. Uno de los tiroteos tuvo lugar en la cantina de la calle Zapico, lugar de reunión de los afiliados a la CNT, cuya sede se encontraba en la calle contigua. Varias personas entraron en el bar y dispararon a mansalva, escapando por la plaza delos Arces. Nunca fueron detenidos. Entre los atacantes había una mujer. Estos mismos grupos derechistas atacaron aquella noche dos cantinas más, una en la calle Renedo y otra en la de Nicasio Pérez; las tres cantinas eran lugares conocidos de reunión de obreros izquierdistas.

El gobierno, alarmado por los reiterados sucesos en Valladolid, decidió cesar de manera fulminante a Torregrosa y enviar a Valladolid a Lavín con el encargo de terminar con aquel estado de cosas; el relevo de cargos tuvo lugar en plena madrugada del domingo 21 de junio, y los periódicos locales recogieron la noticia el día siguiente: “el gobierno ha autorizado al gobernador para tomar cuantas medidas crea oportunas para mantener el orden público” ( El Diario Regional, 23/07/36)

Campos Torregrosa, a su vez, había sido nombrado el 27 de febrero del 36, es decir, que llevaba en el cargo cuatro meses escasos. Muy poco tiempo, pero bastante más que el que su sucesor lo desempeñaría, pues no llegó a ejercer un mes completo. Lavín iba a pagar los 28 días ejercidos con su vida.

Lavín actúa

El nuevo Gobernador civil había ganado fama de buen negociador, duro pero dialogante. En Zamora, de donde venía, había resuelto varias situaciones conflictivas con mucho éxito.Lavín entró en acción de inmediato para detener la escalada de violencia en las calles de la ciudad.

El día 23 ya había publicado un bando, tal y como recogía la prensa; mantuvo reuniones, recibió a varias comisiones y tomó diversas medidas, como las dictadas a la policía para que realizara registros domiciliarios, requisa de armas y detenciones. Además dispuso la revisión de los permisos de armas, la prohibición expresa de que los ciudadanos realizasen cacheos por las calles y, una medida que era de otro rango, el aviso de que se aplicarían sanciones por el incumplimiento de la bolsa de trabajo.

Ese mismo día 23, Lavín habló a los vallisoletanos “exponiendo su propósito de terminar con el estado de subversiòn e indisciplina social”. Esta declaración de principios, realizada a través de la radio, se materializó de inmediato: se produjeron las medidas anunciadas, además de detenciones; el nuevo Gobernador se reunió con los huelguistas del transporte y los jornaleros del campo y las cosas parecieron tomar una nueva vía más pacífica. Lavín cumplía así con las expectativas que en él se habían puesto, pero se enfrentaba con un enemigo que iba a colocarle en su particular lista negra.

Pero además, el gobernador realizó visitas a varios pueblos, donde conoció a los alcaldes y se dio a conocer; se interesó por los conflictos del campo, por las obras pendientes, por las aspiraciones de los vecinos… una actitud inusual que esperanzó a los ciudadanos, hartos ya de los hostigamientos, de los conflictos y de la situación violenta que sufrían en el día a día. Lavín se convirtió en una figura providencial: el día 30 de junio, apenas transcurridos diez días de su toma de posesión, la prensa anunciaba sus triunfos: la huelga del transporte, resuelta por el acuerdo entre patronos y trabajadores; tres conflictos del campo solucionados; las obras del nuevo colector se iban a reanudar…

Para rematar estos diez días milagrosos, el ministro de Agricultura anunció su visita a Valladolid para el domingo 5 de julio. Valladolid, provincia eminentemente agrícola, iba a recibir con expectación las palabras del ministro, señor Ruiz de Funes, quien habló en un acto realizado en el Teatro Calderón junto con las autoridades provinciales. Le acompañaron especialmente el gobernador civil, Luis Lavín, y su correligionario y Presidente de la Diputación de Valladolid, Serafín Alcover Gómez-Caro. Ambos aparecen juntos durante los actos celebrados aquel día: el discurso del ministro y el almuerzo que le fue ofrecido después. Se trata, posiblemente, de las últimas fotografías oficiales de todos aquellos republicanos, que sin sospecharlo siquiera, estaban a punto de ver sus vidas truncadas, y alguno de ellos, como el propio Lavín, iba incluso a perderla.

Una circular y un bando

Las primeras comunicaciones del nuevo gobernador civil tomaron la forma de una circular dirigida a los alcaldes de todos los pueblos de la provincia y de un bando en el que daba a conocer a los ciudadanos las medidas de orden público que había resuelto tomar. El bando, que lleva fecha de 22 de junio, es el que sigue:

“Don Luis Lavín Gautier, gobernador civil de esta provincia, hago saber: Siendo deber primordial e ineludible del cargo que desempeño el mantenimiento del orden público, y estando firmemente decidido a cumplirlo, con el fin de evitar que en cualquier momento pueda alterarse la normalidad; en uso de las atribuciones que me están conferidas, debidamente autorizado por la superioridad, he decidido proceder a la revisión de todas las licencias de uso de armas de fuego cortas, ajustándose a las siguientes normas: Primera. En el plazo de cinco días desde la publicación de este bando, todos los poseedores de las armas referidas las entregarán en unión de la licencia; los de la capital en la Intervención de armas de la Guardia civil, y los de los pueblos de la provincia, en las Comandancias de los puestos del expresado Instituto. Seggunda. Igual deber cumplirán los tenedores de licencias gratuitas de arma de fuego corta. Tercera. Transcurrido dicho plazo, se procederá por mi autoridad a la revisión de las que haya lugar, entendiéndose que las que no sean revalidadas no podrán sus titulares hacer uso de ellas, ni alegar los derechos que de su expedición se deriven. Cuarta. A contar del día 29 se por los agentes de mi autoridad a la recogida de todas las armas cortas que no hayan sido entregadas, verificándose para realizarla los cacheos necesarios y registros domiciliarios que por este Gobierno se ordenen, y sus poseedores serán denunciados a los Tribunales por tenencia ilícita de armas, ya que, aunque la tuvieran , el hecho de no haberla entregado ni estar revisada, implica su invalidez. Lo que se hace público para general conocimiento, esperando de los ciudadanos de esta provincia que, comprendiendo la finalidad de esta medidas, las cumplirán exactamente sin dar lugar a la imposición de las sanciones que la ley me autoriza, a lo que estoy dispuesto en caso necesario.. Valladolid, 22 de junio de 1936.- El Gobernador Civil Luis Lavín Gautier.

Otra circular

Por el Gobierno Civil se ha hecho pública una circular, encareciendo que, con la máxima urgencia, se envíe relación de los guardas jurados existentes en las respectivas demarcaciones, indicando la fecha de su nombramiento, quiénes poseen licencia de uso de armas y los que la utilicen sin este requisito. Asimismo se ordena que dichas autoridades municipales se abstengan de nombrar guardas jurados, sin previo conocimiento de la primera autoridad civil de la provincia.”

Estas dos comunicaciones se publicaron en los diarios vallisoletanos a la vez que el nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario particular del señor Lavín.

Ya sabía el nuevo gobernador que tanto en la ciudad como en los pueblos de la provincia proliferaban las armas de fuego. Casi a diario se producían altercados y disputas en las que solían aparecer, creando una situación por momentos insostenible. La primera medida intentaba conseguir, si no un desarme efectivo de la población, si un control lo más exhaustivo posible de las armas en circulación y la identificación de sus propietarios. Esta medida no pudo llevarse a cabo, ya que la sublevación acabó con la legalidad abruptamente aquel sábado 18 de julio. Y como pudo verficarse, las armas de todo tipo proliferaban en todos los rincones de la provincia.

Los enemigos de Lavín

Los grupúsculos derechistas de Valladolid no eran muy numerosos, pero a cambio mantenían una gran actividad y eran extremadamente peligrosos. La llegada de Lavín y sus medidas les hicieron pensar que su impunidad iba a terminarse. No era muy difícil, dado que en la ciudad todos conocían al grupo de violentos por sus nombres y apellidos, y muchos apoyaban sus acciones, como se demostraría solamente unos días después, durante la sublevación contra la República.

Para comprender la dinámica violenta y sin freno de estos grupos, asociados en su práctica totalidad a las JONS de Onésimo Redondo, hay que pensar que Valladolid era una ciudad pequeña, donde todos se conocían; que Onésimo Redondo era, en puridad, peón a manos de la iglesia, que le había formado y becado en Alemania, de donde regresó con un montón de ideas no originales, pero sí nazis, y dispuesto a ponerlas en práctica por los medios que fuera, y que en las fechas de la llegada de Lavín se encontraba en la cárcel, detenido por posesión de armas y atentado; pero en la cárcel de Valladolid, como en otras instituciones, estos agresores tenían personas que estaban de su parte; en el caso de la cárcel, el funcionario Conrado Sabugo oficiaba de enlace con el exterior, y los detenidos llegaron a tener armas en sus celdas.

Estos hechos escandalosos no eran, sin embargo, un secreto, por lo que llegaron a conocimiento del nuevo gobernador, quien dispuso el traslado de una veintena de presos falangistas a la cárcel de Ávila. Entre ellos estaba su dirigente, el mismo Onésimo Redondo.

Pero las falanges vallisoletanas no eran los únicos enemigos de Lavín. Tras sus viajes por algunas localidades de la provincia, el nuevo gobernador decidió efectuar inspecciones sobre algunos consistorios sobre los que pesaban denuncias por irregularidades contables. Se designaron delegados gubernativos cuya función era, sobre todo, la de revisar las cuentas municipales. Uno de estos delegados fue el también profesor de contabilidad Florentín Quemada, quien pagaría con su vida el haber intentado regularizar las enredadas contabilidades de algunos consistorios.

Quemada fue asesinado el día 10 de abril de 1937 por un grupo de “voluntarios de España”, que es como eran llamados los insurrectos civiles, junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el pariente y secretario personal de Luis Lavín, Rodolfo Casanova, un chico de 24 años que era de la total confianza de Lavín y le acompañaba en sus sucesivos destinos. Era natural de Unquera, también contable y esperaba su primer hijo, una niña a la que no llegaría a conocer, ya que permaneció detenido en las Cocheras de Tranvías de Valladolid desde la noche del 18 de julio, cuando se dirigía a la sede del Gobierno Civil en compañía del gobernador, hasta su muerte.

Detención de Lavín

El sábado 18 de julio, la ciudad de Valladolid hablaba en todos los tonos posibles del levantamiento en contra de la República. Ya desde por la mañana se desarrolló una actividad extraordinaria en el Gobierno Civil, donde comparecieron los responsables de la Guardia Civil y de la Policía con el fin de recibir órdenes y orientaciones del Gobernador. Se sucedían las llamadas telefónicas desde las alcaldías de los pueblos, así como las visitas de emisarios de las localidades cercanas, que deseaban que la máxima autoridad gubernativa les garantizase que podían estar tranquilos. Lavín tranquilizó a todos; ordenó a los alcaldes de las localidades donde existían grupos derechistas problemáticos que se recogieran las armas y que incluso se detuviese a los elementos alborotadores, tal y como se hizo en la propia ciudad, donde fueron detenidos algunos líderes derechistas, los más significados, como Criado del Rey, que sería nombrado alcalde por los sublevados, o Manuel Semprún, conocido activista antirrepublicano.

Esa misma tarde había de reunirse el Consistorio vallisoletano. Tras esa reunión, que sería la última realizada por los representantes de la legalidad municipal, algunos de los concejales se dirigieron al edificio del Gobierno Civil para hablar con el gobernador y exponerle el temor de que la sublevación se hiciese efectiva.

Socialistas lúcidos, con un gran sentido de la realidad, pidieron a Lavín la apertura de los depósitos de armas, con el fin de que el posible levantamiento pudiera ser repelido por el pueblo. Lavín no veía la existencia de un peligro tan inminente como para armar al pueblo. Naturalmente que conocía los rumores, mucho más que otras autoridades, porque sus informantes se los ponían sobre la mesa continuamente; pero él pensaba como la mayoría del gobierno, que la conspiración, de materializarse, podría ser aplastada de inmediato tal y como había ocurrido con la “sanjurjada”, y que era mejor dejar que los hechos se desarrollasen para poder detener a los conspiradores y aplicarles la ley con todo su rigor.

Los socialistas Eusebio González Suárez y José Garrote Tebar, acompañados por el diputado Federico Landrove López y algunos más, intentaron hacer ver al gobernador el peligro real que la ciudad corría, pero salieron del edificio con las manos vacías. A esas horas, ya estaba la suerte echada para todos: Lavín, su secretario y todos sus interlocutores serían asesinados; más de quinientas personas, reunidas en la Casa del Pueblo serían detenidas, muchas de ellas asesinadas o encarceladas; y en la provincia, decenas y decenas de autoridades municipales correrían la misma suerte tras obedecer escrupulosamente las órdenes del gobernador acerca del mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.

Esta fue la responsablilidad de Luis Lavín: no confió en el pueblo y se equivocó en la valoración de la crisis. El error lo pagó caro él mismo, desde luego; pero como autoridad, le atañe una responsabilidad mucho mayor. Simplemente hay que pensar en que, si los republicanos hubieran tenido ocasión y medios para defender la República y a la vez su propia vida, lo más probable es que nuestra historia fuese hoy día muy diferente de lo que es.

Tras las reuniones mantenidas hasta altas horas de la madrugada con cuadros políticos, militares y policiales, Lavín y su secretario Rodolfo Casanova permanecieron en el palacio del Gobierno Civil, muy cercano al de la Capitanía General. La toma de la Capitanía, con su lucha, los tiroteos, el gentío y los gritos les hicieron comprender rápidamente que el anunciado golpe de estado se estaba produciendo casi ante sus ojos.

Los militares sublevados, jaleados por paisanos armados, se dirigieron al edificio del Gobierno Civil tras tomar la Capitanía y detener a la máxima autoridad militar, Nicolás Molero Lobo, a quien habían herido de un tiro. Lavín y Casanova salieron del edificio por la puerta lateral del edificio a la calle Fray Luis de Granada y dirigieron sus pasos hacia el río Pisuerga. Posiblemente intentaban ver con sus propios ojos el estado de cosas en las calles.

La salida del gobernador se produjo cerca de la una de la madrugada del ya domingo 19 de julio. La Casa del Pueblo estaba cercada por gentes armadas, quienes también estaban emplazando varias metralletas en la torre de la catedral, en la zona superior del Pasaje Gutiérrez y en el terrado de los almacenes Calabaza, entre otros; patrullas de derechistas detenían a los escasos transeúntes y se escuchaban disparos por toda la ciudad.

Lavín y su secretario deambularon unas horas por la zona de Poniente y las riberas del río. Por fin tomaron la decisión de regresar a su puesto. A las cinco de la madrugada, ambos se presentaron en el cuartel de la División. Fue, quizá, el último e infructuoso intento de la autoridad gubernativa para intentar reconducir una situación que ya no tenía vuelta atrás. Rodeados de oficiales rebeldes, fueron conducidos al Gobierno Civil, y tras un tiempo, los hicieron salir por la misma puerta lateral por la que habían abandonado el edificio y los llevaron en un coche hasta la cárcel Nueva. Los sublevados habían nombrado ya al que había de sustituir a Lavín, el militar Miguel Ponte.

Juicio y ejecución

Los documentos de la época explican sucintamente lo ocurrido al Gobernador. La prensa local publicaba el 21 de julio una nota dando cuenta de la detención:

Ingresa en prisión el 19 de julio de 1936 por mandamiento del Juzgado Militar, a disposición del Gobernador, acusado de rebelión.

Los sublevados habían nombrado Gobernador Civil al general Miguel Ponte, conocido en los círculos políticos y militares por su actitud conspirativa a favor del rey. Lavín permaneció en la prisión provincial 31 días. Fue juzgado en la Causa 153, acusado de rebelión y condenado a muerte.

El sábado 15 de agosto, el Norte de Castilla publicaba la noticia de la condena a muerte de cinco personas. En realidad, los condenados eran once y fueron ejecutados por fusilamiento en las cascajeras de San Isidro el día 18 de agosto. En el grupo había dirigentes estudiantiles como Félix Lefler; líderes sindicales, como Eliseo San José; concejales como Tomás González Cuevas, y diputados como José Maestro San José y Juan Lozano Ruiz. Y con ellos fue al paredón el último Gobernador civil de la República, el señor Luis Lavín Gautier, quien conservó hasta el momento de su muerte una gran serenidad y una dignidad ejemplar.

Rodolfo Casanova Tebar, secretario del gobernador

El nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario del gobernador se publicó en la prensa vallisoletana con fecha de 23 de junio. La nota decía de él que era periodista, aunque en realidad había estudiado la carrera de Contabilidad. La característica más acusada de este joven desconocido fue, sin duda, la lealtad que demostró hasta el final hacia su jefe, el gobernador Lavín, junto con quien fue detenido. Lavín fue ingresado en la prisión provincial, la conocida como Cárcel Nueva. Su secretario permeneció detenido en las Cocheras como preso gubernativo, y nunca sería juzgado; posiblemente porque los sublevados habían decidido ya su muerte y no había absolutamente nada de qué acusarle.

El día 10 de abril de 1937, un grupo de civiles armados sacó delLas Cocheras a Rodolfo Casanova junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el delegado gubernativo Florentín Quemada, nombrado por Luis Lavín para investigar las irregularidades en las cuentas de varios consistorios de la provincia. En total, diez personas, todos ellos hombres, todos conocidos por su actividad al lado del gobierno legal republicano, fueron conducidos desde ambas prisiones (la Nueva y las Cocheras) hasta un paraje cercano al lago de Laguna de Duero. Allí los asesinaron a tiros. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Laguna (excepto el del señor Quemada, que pudo ser recogido por su hermano tras obligarle a firmar un falso documento).

Se cumplía así la fatal corazonada del joven secretario, quien deprimido y angustiado por sufrir una prisión sin condena y una sentencia sin juicio, temía no conocer a su futuro hijo y no volver a ver a su mujer, quien se libró de mayores males al encontrarse junto a su madre en Cantabria.

Epílogo: suma y sigue

La ruindad humana a veces es arrolladora. Se ejerce mejor y con más satisfacción y saña contra una víctima ya vencida. Este fue el caso de Lavín, a quien mucha gente, eso sí, tras su asesinato, se permitió vilipendiar e insultar gratuitamente. Ni aun en el caso de ser el gobernador culpable de algún hecho reprobable, que desde luego no lo fue, se puede justificar el ruin comportamiento que se tuvo para con su memoria y lo que es más doloroso todavía, para con su familia.

La mujer de Lavín, Emilia de Lama, estaba junto a él en aquella noche de los generales. Tras la detención de su marido, fue también detenida y además, maltratada. Tras intensas negociaciones, las autoridades republicanas lograron canjearla por otra señora; Santander, localidad de origen de la familia Lavín, había permanecido leal, y eran muchos los vallisoletanos que se encontraban veraneando en aquella zona cuando el golpe los sorprendió.

La familia de Lavín volvió a Santander. El gobierno de la República concedió de inmediato a la viuda y a sus seis niños una pensión; pero en el momento en que Santander cayó en manos de los facciosos, la vida de los republicanos y de sus familias quedó destrozada.

La viuda de Lavín y sus hijos quedaron abandonados a su suerte. Los vencedores les acosaban y les hacían la vida imposible hasta tal punto que decidieron exiliarse. Vivieron en Francia, pero a finales de los años 60 comenzaron a realizar gestiones para rehabilitar la memoria de Luis Lavín, recuperar su cadáver (que estaba en una fosa común del Cementerio del Carmen de Valladolid) y solicitar la pensión de viudedad correspondiente. Después de más de treinta años, la memoria histórica de los vencedores estaba en plena forma, y su sed de mal no había sido satisfecha.

Primeramente negaron la muerte de Lavín, ya que no estaba inscrito en el Registro Civil de Valladolid. Esto es cierto, y revisando cuidadosamente los libros de defunciones no se ven trazas de que el folio correspondiente haya sido manipulado o arrancado (como ocurre, por ejemplo, con el de Medina de Rioseco, donde faltan varios folios, obviamente arrancados); sencillamente, NO FUE REGISTRADO.

Por si esto fuera poco, la pensión fue denegada, pues según los funcionarios del Ministerio de Hacienda, en ninguna parte constaba la existencia de un gobernador civil llamado Lavín Gautier. La familia envió entonces copias de la hemeroteca, noticias y fotografías de la época que recogían el nombramiento, pero sencillamente el ministerio no les contestó.

Los reiterados intentos de sepultar la memoria de aquellos a quienes destruyeron, como puede comprobarse, no han tenido efecto alguno. Cada afloramiento de la memoria, cada reivindicación de una persona, cada recuperación de un suceso, es contestada con gran indignación por quienes tienen algo que reprocharse. Mejor el olvido, nos dicen, apelando a no se sabe qué mejoras en la convivencia. Se comprende perfectamente que el que la hace, en su intento por no pagarla, luche con todas sus armas para que las víctimas olviden la fechoría.

Vano intento. La memoria de las víctimas será recuperada hasta donde sea posible. Y con ella, la exigencia de justicia y de reparación.

Orosia Castán. Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas.

Valladolid, octubre de 2012

Excelentísimo señor Presidente de la Diputación de Valladolid, Serafín Alcover Gómez - Caro

Orosia Castán — 2011-12-11T19:54:52Z

Serafín Alcover fue una bellísima persona, según afirman todos los testigos de la época, y un excelente Presidente de la Diputación al que jamás se ha reconocido desde las instituciones democráticas actuales.

Serafín Alcover Gómez-Caro nació en Valladolid, el dia 2 de Febrero de 1893, hijo de Antonio y Justa.

Soltero y de profesión contable, fué elegido presidente de la Diputación de Valladolid. Vivia con su madre en la calle Joaquin Costa de Valladolid.

Serafín Alcover estuvo ligado desde su juventud al Casino Republicano de la ciudad, que no era simplemente un lugar de expansión, ya que en sus Estatutos se hablaba de "promover la educación laica" y "difundir la cultura"; además, esta institución, creada en 1917, se enfrentó a la Dictadura, librando batallas políticas y sociales en pro de la democracia durante los años 20 y 30.

En el año 1919, el Casino se hizo cargo de un colegio, lo arregló y designó profesorado; era la escuela laica "Luz de Castilla", pensada para alumnos de 6 a 15 años, hijos casi todos ellos de los socios del Casino Republicano, aunque se crearon varias becas destinadas a hijos de obreros.

En 1930 estando Serafín Alcover en la Junta Directiva, el Casino se vinculó a Alianza Republicana, un partido político en el que militó siempre, y con el que se presentó a las elecciones municipales en el año 1931, resultando elegido concejal por el Distrito de Campillo, lo que hoy es la Plaza de España.

Representaba a la agrupación ALIANZA REPUBLICANA, muy extendida en la ciudad y de la que formaban parte los mejores y más reputados miembros de la cultura y la industria vallisoletanas. Como detalle anecdótico hay que hacer notar que muchas niñas nacidas en esta época recibieron el nombre de Alianza.

El señor Alcover fue nombrado Excelentísimo señor Presidente de la Diputación de Valladolid el día 9 de marzo de 1936, y a pesar de la gran tarea que su cargo conllevaba (más de 200 localidades conformaban la provincia), nunca abandonó sus obligaciones como concejal del ayuntamiento.

Durante la etapa de su mandato los pueblos de la provincia experimentaron avances notorios; muchos de ellos pudieron construir escuelas dignas, que serían después dotadas y equipadas; se pusieron al día las contabilidades municipales; los accesos se mejoraron; se construyeron fuentes; se avanzó en las traídas de aguas y en la electrificación… en todos estos trabajos fue determinante la colaboración positiva y los objetivos comunes entre las diversas instituciones, siendo la Diputación el eje y nexo natural entre todas ellas.

El día 17 de julio de 1936 era viernes, y el ayuntamiento de Valladolid tenía convocada una Sesión Ordinaria a las 19.30 horas de la tarde. La sesión comenzó a las 19.35, a pesar del clima de inquietud, los rumores de movimientos militares y la desazón apreciable en las calles de la ciudad.

En la Sala de Plenos se reunió el Consistorio legal por última vez. Muchos de los asistentes serían asesinados durante los siguientes meses por los militares sublevados; algunos de ellos serían sometidos a un juicio ilegal; otros, asesinados y abandonados o enterrados en campos y cunetas; los que conservaron la vida fueron sometidos a penas de prisión, humillaciones y venganzas de todo tipo que acabarían arruinando su vida y la de sus familias.

Presidía aquella Sesión Ordinaria el alcalde, señor Antonio García de Quintana, asistiendo únicamente 11 concejales, entre los que se encontraba Serafín Alcover.

La reunión terminó a las 20.50 de la tarde y la mayor parte de los reunidos abandonaron el ayuntamiento, pero alguno de ellos regresó más tarde: pasadas las 21.00 de la noche, entraban por una de las puertas laterales (la que da a la calle Jesús) Serafín Alcover, Apolinar Polanco, Alfredo García Conde y José Caballero, quienes se reunieron con el alcalde y otros concejales para evaluar la situación reinante. La reunión se disolvió a las 03.00 de la madrugada del sábado, 18 de julio.

Tras el triunfo del levantamiento en Valladolid, se desató una auténtica cacería de representantes republicanos y políticos de izquierdas; la mayoría de ellos fueron detenidos, y muchos de ellos, asesinados sin más.

Serafín Alcover fue destituido de su cargo legal por el nuevo (e ilegal) gobernador civil, un Teniente Coronel de la Guardia Civil llamado Joaquín García de Diego, quien se encargó de nombrar a las gestoras de los pueblos, a la nueva Diputación (27 de julio) y al nuevo ayuntamiento de Valladolid (el día 31 de julio).

El nombramiento del nuevo Presidente (un general de la Guardia Civil retirado, llamado Inocencio Martín Píriz), coincidió en el tiempo con la detención del señor Alcover, quien fue conducido al Gobierno Civil para decidir su futuro; después de ser fichado allí por personal militar, fue conducido a las Cocheras de Tranvías, situadas en el Paseo del Príncipe, en las cercanías del Campo Grande, donde coincidió con algunos de sus compañeros y con muchos conocidos.

Justamente al cumplirse un mes de su detención, el señor Alcover fue sometido a Consejo de Guerra, acusado de tenencia ilícita de armas y condenado a 3 años y 3 meses de prisión. Pero el 22 de diciembre del mismo año 1936 se le formó una nueva causa y esta vez, acusado de rebelión militar, fue condenado a 30 años de cárcel.

Estuvo casi dos años en la prisión provincial de Valladolid, comprobando cómo los alzados asesinaban a una gran cantidad de personas, la mayoría compañeros y conocidos suyos.

Por si fuera poco, en abril de 1937 falleció su madre, con la que vivía, y los carceleros no le permitieron acudir al entierro.

El 22 de Noviembre de 1938 le trasladaron de la cárcel de Valladolid a la de Burgos, donde cumpliría condena hasta 1941.

Searfín Alcover salió de la cárcel muy mal. Habia visto cómo habían fusilado a muchos amigos suyos. En Valladolid no le daban trabajo y apenas le quedaban amigos, por lo que decidió marchar de la ciudad, a pesar de que tenía que comparecer cada cierto tiempo ante un tribunal relacionado con la masonería.

Por fin pudo rehacer su vida; se casó con Felisa Castro Pérez, una muchacha de Palencia, y se trasladaron a Plasencia (Cáceres), donde encontró trabajo y pudo sacar adelante a sus seis hijos.

Desde esta página le rendimos homenaje, recuperamos su memoria y continuaremos trabajando para recopilar informaciones que sirvan para que las generaciones futuras, más generosas que las actuales, conozcan y honren su figura.

José Garrote Tebar

Orosia Castán — 2011-09-05T16:46:40Z

Detenido, juzgado y por fin ejecutado en San Isidro el día 29 de julio de 1936. Tenía 53 años.

Nació en Valladolid el 25 de mayo 1883. Estudió la carrera de medicina en la universidad de Valladolid, graduándose en el año 1904.Dos años más tarde se doctoró en la universidad de Madrid, especializándose en ginecología. Fue concejal por primera vez en 1913, presentándose en una candidatura republicana. Después pasó a militar en el Partido Socialista. En 1921 impulsó la creación de la Universidad Popular “Pablo Iglesias”. Fue Diputado Provincial, concejal por el Partido Socialista en 1931, Diputado a Cortes en las legislaturas 1931-1933 y miembro de la Comisión para el Seguro de Maternidad del Congreso.

Garrote pertenecía al “ala dura” del Partido Socialista, junto con Federico Landrove López y Eusebio González Suárez.

Ejerció su profesión y tenía fama de médico excelente. Además fue profesor en la Facultad de Valladolid, donde formó a los médicos en la especialidad de ginecología.

A pesar de su intensa actividad política, José Garrote no se apartó jamás de su profesión: era un médico vocacional que asistía a sus pacientes allá donde estuvieran. Sabemos por los testimonios recogidos que se desplazaba a los pueblos de la provincia para atender casos difíciles, y sabemos también que no quería cobrar a las familias con pocos recursos.

Tenía mucho genio y valor físico. Durante la campaña electoral de 1936 viajó por muchos pueblos de la provincia dando mítines y apoyando a los candidatos del Frente Popular. En varias ocasiones fue hostigado por derechistas, que lo provocaban lanzando gritos o haciendo gestos amenazadores. Garrote jamás se dejó amilanar, y hacía frente a todas estas situaciones sostenido, sin duda, por su legendaria coherencia.

Por todos estos motivos, don José Garrote era una de las personas más conocidas y admiradas de Valladolid y de toda su provincia.

Esta debió ser la causa principal por la que fue elegido por los sublevados para inaugurar la enorme lista de los asesinados vallisoletanos. La impresión que produjo la noticia de su ejecución en toda la sociedad vallisoletana tuvo que ser tremenda. Los sediciosos se ocuparon de que la noticia llegase a todos los confines provinciales mediante los periódicos, que recogieron el hecho sin escatimar detalles.

Se advertía así a los republicanos del fin que esperaba a todos los que estaban en el lado de la legalidad republicana.

Garrote no se engañaba acerca de la peligrosidad de las derechas, y fue uno de los que vio el peligro real que corría la República. De nada sirvió su insistencia con el Gobernador Lavín, ni con el Alcalde Quintana, más confiados que él, pidiendo que se armara al pueblo ante la tragedia que se avecinaba.

En la tarde del sábado 18 de julio, Garrote estaba en la Casa del Pueblo, junto con los socios, militantes, simpatizantes y familiares. Junto con Landrove y Eusebio González decidieron ir a ver a Lavín, y estuvieron intentando convencerle de la necesidad de entregar armas para la defensa, cosa que no consiguieron.

José Garrote fue detenido, juzgado y por fin ejecutado en San Isidro el día 29 de julio de 1936. Tenía 53 años.

Fue enterrado en el cementerio de Valladolid el día 30 de julio de 1936. No habían transcurrido ni 15 días desde que se produjo la sublevación.

Federico Landrove Moíño, primer alcalde republicano

Orosia Castán — 2011-02-04T01:00:00Z

Discurso de Federico Landrove Moíño en la toma de posesión

“La ciudad dormirá esta noche por primera vez cobijada bajo los pliegues de la bandera republicana y amanecerá mañana con un nuevo día de libertad. Se ha constituido una república que no será para los republicanos únicamente, sino para todos los españoles de buena voluntad que no tengan el propósito de contrariar la voluntad nacional, y así como se trata de constituir una República para todos los españoles, la Corporación Municipal será para todos los vallisoletanos, no solo para los republicanos. Es el pueblo el que ha venido a sentarse a estos escaños, y los hombres que aquí le representan harán honor al compromiso que han contraído, porque no desconocen la responsabilidad inmensa que pesa sobre ellos; pero sería inútil todo su esfuerzo si el pueblo no adquiere conciencia clara de su responsabilidad. La tranquilidad de la ciudad debe descansar sobre los hombros que constituyen la Corporación y los vallisoletanos, haciendo honor a la confianza que en ellos han depositado, deben ser los guardadores del orden y de la tranquilidad como manifestación de cultura del pueblo de Valladolid”.

Federico Landrove Moíño (cuya biografía está publicada en esta Página) fue, pues, el primer alcalde republicano en Valladolid. Su persona y su labor en pro de la ciudad de Valladolid fueron sistemáticamente borrados de la memoria colectiva, tanto por los golpistas (no se conserva ni una sola fotografía de la toma de posesión de la alcaldía, ni de ningún otro acto institucional), como después por todos aquellos personajes mediocres que fueron ocupando los puestos de poder durante la dictadura franquista.

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, la figura enorme de Federico Landrove Moiño aparece de nuevo, recuperada por el respeto y la admiración de quienes hemos sabido de su trabajo, y también por la memoria y el cariño de sus descendientes, a los que nadie pudo arrebatar el recuerdo.

Landrove Moíño ejerció como alcalde de la ciudad hasta diciembre del año 1932, en que dimitió. Fue también Diputado a Cortes por el Partido Socialista en 1933, y siempre y ante todo, docente: uno de los cargos que desempeñó fue el de Director General de Enseñanza Primaria.

El día 23 de julio de 1936, el señor Landrove fue detenido junto con su hijo, el abogado y Diputado Federico Landrove López, de 27 años. Acusados de tenencia ilícita de armas (cuestión ésta que no se demostró), fueron juzgados sumariamente y condenados: el hijo, a muerte; el padre, a 30 años de reclusión.

Federico Landrove Moíño fue conducido al Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona. Su hijo había sido fusilado el día 15 de agosto en las cascajeras de San Isidro, en Valladolid. Con este dolor inmenso sobre él, enfermó de gravedad. Las condiciones del Penal de San Cristóbal conducían al exterminio de los penados.

Por fin fue trasladado al Hospital Penitenciario de Segovia, donde falleció el día 6 de junio de 1938 a los 53 años de edad sin haber recibido tratamiento ni ayuda.

Sus últimas palabras fueron para la República.

La ciudad de Valladolid y su ciudadanía tiene el deber moral de reconocer, recordar y honrar a este alcalde, nuestro primer alcalde electo, a quien siempre le deberemos las lecciones de honradez personal y valores democráticos que, además de las de matemáticas, nos legó.

Primer ayuntamiento republicano en Valladolid

Orosia Castán — 2011-02-04T01:00:00Z

El día 14 de abril se constituyó la nueva Corporación Municipal entre la alegría y la esperanza de los ciudadanos de Valladolid, muchos de los cuales asistieron a este acto en el Ayuntamiento de la ciudad.

Se acordó designar alcalde a Federico Landrove Moíño, profesor de matemáticas y socialista convencido y conocido en la ciudad, donde había trabajado por la causa socialista y republicana desde hacía muchos años.

Federico Landrove, por su personalidad, su coherencia y su superior talla moral, concitaba la confianza de todos los que le conocían, como se demostró el día de su toma de posesión como Alcalde, en que fue aclamado y aplaudido por todos los presentes, público, compañeros y miembros de las minorías, tal y como reflejó la prensa vallisoletana en los días posteriores.

El nuevo Consistorio quedó formado por los siguientes concejales:

COALICIÓN REPUBLICANA-SOCIALISTA:

Alianza Republicana

Medardo Iglesias Díez
Virgilio Mayo Rubio
Serafín Alcover Gómez-Caro
Alberto González Ortega
Andrés Torre Ruiz
Apolinar Polanco Criado
Manuel Gil Baños
José Caballero Catalina
Miguel de Tena García
Bartolomé Vallejo Muñoz
Saturnino Lamarca Molina

Izquierda Liberal

Agustín Enciso Briñas
José López Rumayor
Isidoro Sánchez Hernández
José Fernández de la Torre
Pantaleón Muñoz Muñoz
Marcelino Alonso Arias
Jesús Sáez Escobar
Joaquín Álvarez Taladriz
Luis Cuenca Agudo
Isidoro de la Villa
Emilio Segoviano Rogeró

Partido Radical Socialista

Enrique Pons Irureta
Santiago Vega Fierro
Juan Moreno Mateo
Eugenio Curiel Curiel
Valerio Vega San José

Partido Socialista

Alfredo García Conde
Federico Landrove Moíño
Eusebio González Suárez
Teófilo Salgado Martínez
Tomás González Cuevas
Víctor Valseca Rodríguez
José Garrote Tebar
Remigio Cabello Toral
Mariano de los Cobos Mateo
Antonio García Quintana

COALICIÓN MONÁRQUICA

Derecha Regional

Jesús Rivero Ramos

Centro Constitucionalista

Cesar Silió Beleña
Sebastián Criado del Rey
Adriano Rubio Díez

Liberal Conservador

Manuel Carnicer Pardo
Luis Altoaguirre Olea
Tomás Tabarés Samaniego

El destino de los Concejales en 1936

Los sublevados emprendieron una salvaje campaña de exterminio de los representantes de la legalidad. Sabido es y demostrado está que intentaron difundir todo un sistema de mentiras, en un intento descabellado por dar la vuelta a la historia, presentando a las víctimas como verdugos y a los golpistas y asesinos como salvadores de la patria.

Los ediles demócratas fueron, dentro de este contexto, las primeras víctimas de la represión. Las Milicias Patrióticas, esos grupos de falangistas, gentes de las JAP, delincuentes y gentes que se unieron a ellos en extraña mezcolanza, se lanzaron a la calle, armados y con licencia para matar, a la caza y captura de los republicanos.

Las personas conocidas no pudieron escapar. Algunos fueron detenidos por fuerzas policiales, como fue el caso del concejal Garrote Tebar, o de los Landrove; y tuvieron un trato menos malo que los detenidos por estas turbas sanguinarias.

Fuera como fuese, los componentes del grupo socialista del primer Consistorio republicano de Valladolid desaparecieron en su totalidad antes del final de la guerra:

Alfredo García Conde (médico): sacado de Cocheras, donde estaba detenido, y asesinado en las cercanías de Laguna de Duero el día 11 de abril de 1937.
Federico Landrove Moíño (profesor): detenido el 23 de julio de 1936. Fallece en prisión el 6 de junio de 1938.
Eusebio González Suárez (tipógrafo): perseguido y detenido en un pinar en la tarde del lunes 27 de julio de 1936 junto con su esposa. Su cadáver desapareció, parece ser que arrojado al río Duero.
Tomás González Cuevas (tipógrafo): fusilado 17 de agosto de 1936.
Víctor Valseca Rodríguez (industrial): logró escapar y falleció en el exilio francés; en “compensación”, su hermano y su hijo fueron asesinados.
José Garrote Tebar (médico): detenido y juzgado, fue el primer fusilado en San Isidro, el día 29 de julio de 1936.
Remigio Cabello Toral (tipógrafo): falleció de muerte natural en junio del 36, por lo que, afortunadamente se libró de conocer la represión.
Mariano de los Cobos Mateo: Detenido, condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la cadena perpetua. Estuvo preso en el Fuerte de San Cristóbal. Cuando salió, padecía un cáncer terminal, que le ocasionó la muerte muy pronto.
Antonio García Quintana (escribiente): detenido tras un tiempo de ocultamiento, fue juzgado en la Sala de Plenos del ayuntamiento para mayor escarnio; condenado a muerte y fusilado el día 11 de octubre de 1937.

Otros concejales republicanos corrieron la misma suerte:

Apolinar Polanco Criado (agente comercial), fusilado el 23 de agosto del 36
Juan Moreno Mateo (maestro), asesinado en La Coruña; en ese momento era Diputado encargado de Centros de la Diputación de Valladolid.
Eugenio Curiel Curiel, paseado.

Otros pudieron salvar la vida y acabaron en prisión, destituidos, depurados y arruinados, como:

Joaquín Álvarez Taladriz (farmacéutico), juzgado y condenado, cumplió su condena en la Prisión de Burgos.
Enrique Pons Irureta, profesor y Director del Instituto Zorrilla fue depurado y expulsado de su puesto.

Además, la mayoría de ellos fue expedientado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que imponía enormes multas y embargaba los bienes de los encausados, de sus viudas, de sus padres e incluso intervenía “el caudal hereditario” de los huérfanos.

Todos nos preguntamos qué clase de actos fueron aquellos: si estos concejales hubieran cometido algún tipo de delito, allí estaba la Justicia para juzgarlos. Sin embargo, simplemente fueron asesinados; y en esta categoría se incluyen los fusilamientos, a todas luces irregulares, que sufrieron los condenados.

En esta misma Página, en el artículo "La justicia durante la guerra", pueden verse ejemplos de los juicios militares a que fueron sometidos nuestros conciudadanos: sin posibilidad alguna de defensa, sin ningún tipo de prueba, fueron condenados por personas ajenas al derecho, que aplicaban su propia ley. Todos los juicios de ese tipo están considerados “ilegales” por el Derecho Internacional, por lo que es pertinente su anulación.

01. Elecciones municipales en febrero de 1931 en Valladolid

Orosia Castán — 2011-02-04T01:00:00Z

El año 1930 transcurrió en medio de una gran inquietud no sólo en Valladolid, sino en todo el país. Se necesitaba y se deseaba un cambio. Las viejas estructuras ya no valían; todo se sentía ya como caducado, y un viento de renovación comenzaba a hacerse notar en todos los órdenes de la vida. El Gobierno Provisional convocó Elecciones Municipales, que se celebrarían el día 12 de febrero de 1931 y que traerían de la mano la tan esperada República.

La década de los años 30 se despidió de una manera terrible: un intento de instaurar la República era abortado por las fuerzas gubernamentales en Jaca (Huesca), y dos de sus dirigentes, los capitanes Galán y García Hernández fueron fusilados por ello, a pesar del enorme movimiento pro amnistía que se desató en todo el país. Desoyendo las peticiones de clemencia, el rey Alfonso XIII firmó la sentencia de muerte, convirtiendo a ambos capitanes en mártires de la causa republicana. Miles de efigies de los dos mártires, coplas alusivas al levantamiento y cientos de escritos referentes a su trágico final se repartieron por todo el país llegando hasta el último rincón.

La inquietud republicana cristalizaba en movimientos perseguidos con dureza por la policía gubernamental. Esta inquietud política se materializaba en la existencia de multitud de organizaciones políticas, en las que los vallisoletanos militaban entusiásticamente. Las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, culturales… hervían de actividad.

Eran momentos de transición: el dictador Primo de Rivera había partido hacia el exilio y se encontraba en París, ciudad donde moriría; el rey Alfonso XIII, consciente del proceso antimonárquico que se vivía en el país, había nombrado un Gobierno Provisional que fue quien convocó las elecciones municipales. A pesar de que las elecciones generales quedaban lejos todavía, flotaba en el ambiente la idea de que la República, por fin, estaba a punto de llegar, y que lo iba a hacer a través de los comicios municipales.

Las elecciones municipales se celebraron el día 12 de febrero, y a ellas se presentaban dos corrientes bien diferenciadas: la coalición republicana socialista, por un lado, y las fuerzas monárquicas, que reunían a los políticos que habían detentado el poder durante la monarquía y también durante la Dictadura de Primo de Rivera, por otro.

Todos los candidatos eran personas conocidas, pues Valladolid era todavía una ciudad pequeña, donde los círculos de acción estaban bien delimitados: la Casa del Pueblo; los Sindicatos; las agrupaciones estudiantiles… sus líderes se hacían notar en reuniones, manifestaciones y artículos periodísticos.

Los políticos monárquicos, por su parte, estaban, por así decir, “amortizados”, y su nombre se asociaba a los tiempos ya pasados y a escándalos y desastres militares. Sus manifiestos electorales no hablaban más que de revolución, escenas subversivas y caos en caso de que triunfasen los republicanos; pero la idea de la Republica entraba ya como un vendaval en todo el país.

La necesidad de renovación flotaba en todos los ambientes y la victoria republicana se daba por hecha entre unos y otros.

La ciudad de Valladolid tenía en 1931 algo más de 90.000 habitantes, de los que únicamente votarían los varones mayores de edad. Los distritos electorales en que se dividió la ciudad fueron nueve:

Argales, del que saldrían elegidos 4 concejales
Campillo (actual Plaza España), 5 concejales
Campo de Marte (Campo Grande), 8 concejales
Chancillería, 4 concejales
Fuente Dorada, 5 concejales
Museo, 5 concejales
Plaza Mayor, 5 concejales
Portugalete, 4 concejales
Puente Mayor, 4 concejales

Los colegios electorales contaron con observadores, y estuvieron muy concurridos. La prensa de aquellos días no recoge incidentes significativos, pero sí se hace eco del ambiente electoral, que califica de entusiasta y festivo.

Los resultados no dejaron lugar a dudas: la coalición republicano socialista vencía de manera limpia e inequívoca. Los nombres de los candidatos elegidos en los diversos distritos se hicieron públicos de inmediato: se trataba de los primeros regidores de un ayuntamiento republicano en Valladolid, lo que suponía el triunfo de la esperanza y el comienzo de una nueva época para la ciudad.

Estos resultados, similares a los obtenidos en el resto del país, pusieron de manifiesto la voluntad política de la ciudadanía española: la mayoría de los españoles se decantaba por un cambio de régimen, que sería republicano. Así se comprendió desde las más altas instancias hasta el último rincón de cualquier pueblo, y en Madrid comenzó a gestarse el cambio.

La familia real optó por salir del país hacia un exilio dorado; el Gobierno Provisional dimitió y el país entero salió a la calle para celebrar el acontecimiento tan largamente esperado: España, por fin, era republicana.

El día 14 de abril de 1931, la bandera republicana fue izada por vez primera en la ciudad de Valladolid, en el edificio de Correos y Telégrafos, entre las ovaciones de miles de personas que acudieron de todas partes de la ciudad para celebrar el advenimiento de la II República en medio de las mayores muestras de alegría.

Pero en aquel mismo momento, las fuerzas contrarias se dispusieron a luchar contra ella para derrocarla y destruirla a cualquier precio, como después se comprobó; y mientras, el nuevo consistorio se preparaba para asumir el mandato de la ciudadanía, iniciando una nueva etapa en la historia vallisoletana.

Casa del Pueblo de Valladolid

Orosia Castán — 2010-05-30T09:13:43Z

Las Casas del Pueblo eran lugares de reunión que funcionaban como locales sociales para los afiliados y simpatizantes de los diversos Sindicatos y de las Agrupaciones Socialistas. Los trabajadores se reunían en cantinas, casinos, casas particulares o corrales, dependiendo de sus posibilidades en cada localidad; pero cuando reunían fuerzas suficientes, se esforzaban en alquilar o comprar un local digno donde poder radicarse de forma estable.

Las Casas del Pueblo cumplían muchas funciones, pues reunían teatros, aulas donde se impartían clases nocturnas y conferencias, cafés, bibliotecas, despachos… estos locales eran sufragados por los afiliados mediante cuotas y aportaciones voluntarias, y eran los mismos socios quienes las levantaban y acondicionaban con sus propias manos.

En la ciudad de Valladolid se creó un Centro Obrero muy pronto, a principios del siglo XX. En aquella época existía ya una Agrupación Socialista y una serie de Sociedades de Oficios, afectas a UGT.

Este Centro Obrero estaba en la calle del Salvador, en el número 6. El edificio, muy antiguo, fue originalmente un convento y después un colegio. Los promotores y afiliados organizaron allí las diversas Secretarías, una biblioteca, un cafetín y un salón de actos. Los días señalados se colgaba en la fachada una gran bandera roja. Todo esto se hacía bajo la dirección de un hombre conocido y respetado por todos los vallisoletanos: el tipógrafo Remigio Cabello Toral, padre del socialismo vallisoletano y que llegaría a ser el referente de los socialismos en nuestra provincia.

Desde este primitivo Centro Obrero se trabajó con entusiasmo y habilidad, y a finales de los años 20, en una ciudad que no alcanzaba los cien mil habitantes, había 32 Sociedades constituidas que acogían a 8.689 afiliados. El local quedaba pequeño y no reunía las condiciones necesarias para seguir desarrollándose, y así fue como se planteó la posibilidad de fundar una nueva Casa del Pueblo.

Y en mayo de 1927 se tomó, por fin, la decisión. El edificio elegido fue el palacio de los marqueses de Verdesoto, que estaba situado en la calle Fray Luis de León e iba de un lado a otro de la manzana. La decisión era importante: el precio ascendía a 175.000 pesetas de la época; una fortuna que iba a suponer un gran esfuerzo para todos los afiliados y simpatizantes.

La ilusión y el entusiasmo de todos ellos eran enormes. Dos dirigentes de la época, Antonio García de Quintana y José Antonio García Santelices, realizaron una entrevista explicando los detalles de la compra, la situación del edificio y sus detalles y las necesidades que se deberían afrontar.

En la nueva Casa del Pueblo se proyectaban las oficinas de todas las Sociedades, y además, biblioteca, café, salones para bailes y representaciones, una cooperativa de consumo para los socios y la universidad Pablo Iglesias.

El capital necesario salió de los bolsillos de los asociados. La escritura de la propiedad se puso a nombre de Víctor Valseca, miembro histórico del Partido Socialista y persona respetada por todo el mundo, que fue autorizado por el Congreso Extraordinario de la Federación.

El local estaba, según el gran alcalde socialista Antonio García de Quintana, “en la mejor zona de la calle Fray Luis de León, frente al solar donde estuvo la prisión del gran poeta místico”. Se trataba de un antiguo palacio con una extensión de casi 2.000 metros cuadrados, lo que permitiría establecer una cooperativa de consumo, un amplio café, salones de recreo y de actos, teatro, sala de lectura, escuela de primera enseñanza, escuelas de aprendices y sobre todo, la Universidad Popular Pablo Iglesias. Estas eran las expectativas con que nació la Casa del Pueblo de Valladolid en esta segunda etapa, y que miles de vallisoletanos se afanaron por cumplir.

Pero se necesitaban medios materiales, como es de suponer; y se allegaron a base de recaudaciones voluntarias que, en forma de aportación hicieron los socios, las Sociedades, los amigos y los simpatizantes.

El año 1930 se despidió con un par de grandes disgustos: el intento fallido de proclamación de la República en Jaca y el incendio que devoró la Casa del Pueblo de Valladolid, reduciéndola a escombros. Parecía que las circunstancias se conjuraban contra la idea republicana, pero los vallisoletanos no se apocaron: limpiaron los escombros y se dispusieron a levantar un nuevo edificio con sus propias manos. Los albañiles y trabajadores de todos los oficios de la construcción, agrupados en la Sociedad La Progresiva se pusieron a la tarea: hicieron los cimientos, levantaron los muros, colocaron las ventanas… Mientras, otros afiliados entregaban un día de su salario y organizaban rifas, y el Coro y el Cuadro Artístico multiplicaban sus actuaciones con fines recaudatorios.

Por fin, la Casa del Pueblo quedó terminada y lista para su inauguración a principios de 1936. Ninguno de los que colaboraron en su construcción y que tantísima ilusión y energía habían puesto en ella pudieron siquiera imaginar la tragedia que se avecinaba y que iba a impedir que aquella flamante Casa del Pueblo fuera inaugurada jamás.

A falta de remates interiores, en julio de 1936, la Casa sirvió de trampa mortal para muchos de los afiliados vallisoletanos.

Asedio, disparos de metralleta y cañonazos fueron la despedida de aquella ilusionante empresa. Todavía quedaban cantidades pendientes de pago, y otras, adelantadas generosamente por afiliados como Nicéforo Velasco, veterinario municipal, salvajemente maltratado y fusilado en fechas posteriores.

En julio de 1936, al ser asaltada la Casa del Pueblo por los traidores a la República, había en el local Cajas de Resistencia y Solidaridad de diversas Sociedades, además de bienes y enseres de todo tipo, propiedad de los afiliados. Todo desapareció, esfumándose en la nada.

El 29 de julio de 1937, un año después, la propiedad pasó al Estado franquista mediante su incautación. Se cumplía así el artículo 12 del Reglamento de Administración. El local pasaba a ser propiedad de la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española y Tradicionalista de las JONS.

Saqueo, incautación, apropiación… y la Casa del Pueblo quedó como trofeo en manos de los que durante tantos años habían conspirado contra ella. Quedarían entre sus muros los ecos de la ilusión y la alegría de sus verdaderos dueños, los obreros de Valladolid; queda su recuerdo y nuestro homenaje a todos ellos, junto con la determinación de divulgar la Verdad de lo ocurrido, y exigir por ello Justicia y Reparación.

Los antecedentes: Octubre de 1934

Orosia Castán — 2010-01-27T23:56:10Z

En octubre de 1934 se convocó una huelga revolucionaria que fue desigualmente seguida en la provincia de Valladolid. Así, en la capital se produjeron disturbios, principalmente en barrios como La Pilarica, donde los huelguistas llegaron a sabotear la vía del tren; se efectuaron muchas detenciones que afectaron a personas de todo tipo, desde cargos políticos y sindicales a obreros del extrarradio. Así lo confirma la prensa de la época, que se hace eco tanto de los movimientos de los huelguistas como de la represión posterior.

En el año 1.934 España era una República Parlamentaria, con un gobierno de centro-derecha. La fuerza fundamental de este gobierno era la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo dirigente, Gil Robles, admiraba a Mussolini. Nunca quiso declarar lealtad a la República.

El día 1 de octubre del 34, Gil Robles amenazó al Gobierno de Samper con derribarlo si no le entregaba tres carteras. Los trabajadores y toda la izquierda vieron en esta amenaza el peligro de la entrada del fascismo en España por la vía legal, como ya había ocurrido en Alemania, Austria e Italia.

Desde principios de año hubo muchas tensiones en el campo. En junio se derogó la Ley de Términos Municipales, que había sido la esperanza de miles de jornaleros para mejorar algo sus vidas; esta Ley quitaba al propietario la libertad de acción para contratar a quien quisiera, libertad que los caciques utilizaban para contratar mano de obra de fuera de los pueblos, dejando en la miseria a los trabajadores del campo.

A partir de ahí se produjeron huelgas, que fueron duramente reprimidas, y hubo abundantes detenciones tanto de trabajadores huelguistas como de dirigentes políticos, alcaldes de izquierdas y hasta diputados.

En este clima se fue gestando una gran Huelga Revolucionaria, que cristalizó en octubre, y que fue rápidamente dominada por el Gobierno, que utilizó todos los medios represivos a su alcance. El movimiento revolucionario se sofocó de inmediato en Madrid y Barcelona, así como en las demás regiones; sólo en Asturias pudo mantenerse unos días, debido a la unidad ejemplar de todas las fuerzas izquierdistas (UHP), y quizá a una mejor preparación: tenían armas y también dinamita. El día 5 de octubre se proclama la República Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo.

El Presidente Lerroux llamó a Franco y a Goded para que organizasen la represión. Se envió a la Legión y a los Regulares de Marruecos. El día 10 se acabó todo con la caída de Gijón.

La represión fue durísima en todo el territorio nacional: se calculan unos 30.000 detenidos: socialistas, cenetistas, catalanistas (Companys fue condenado a muerte), Largo Caballero, el propio Azaña... A continuación se descabezó el movimiento obrero.

En el campo se produjo el caos: los propietarios tomaban represalias por su cuenta; hubo miles de despidos; se volvió a la semana de 48 horas y se redujeron los salarios. Hubo 20 sentencias de muerte. Lerroux no quería que se ejecutasen, pero Gil Robles se negaba a las conmutaciones, y por ese motivo dimitió.

La sociedad quedó profundamente dividida: eran los antecedentes de la Guerra Civil.

En la provincia de Valladolid, provincia agraria por excelencia, y cuya mayor fuerza laboral eran los jornaleros del campo, la huelga fue secundada en muchos pueblos, aunque sin éxito. Se proclamó de inmediato el estado de guerra y comenzaron las detenciones. La ciudad volvió a la normalidad el día 7, pero en los pueblos hubo más resistencia.

En Medina de Rioseco se asaltó una armería; murió un sargento, fueron heridos un teniente y cuatro guardias civiles y se practicaron más de setenta detenciones.

En Tudela de Duero hubo enfrentamientos y más de cincuenta detenidos. En Aguilar de Campos, tal como recoge la prensa del momento, “se proclamó el Comunismo Libertario”. Los huelguistas desarmaron a uno de los guardias y se hicieron con el Ayuntamiento. Este hecho se saldó con abundantes detenidos. Lo mismo ocurrió en Peñafiel, en Fombellida, en Cabezón de Pisuerga, en Corcos del Valle, en Cigales, y en varios pueblos más.

A continuación, el Gobierno organizó una represión durísima: se detuvo a cientos de personas; se clausuraron decenas de Casas del Pueblo, y se destituyó a los republicanos de todos los puestos de poder: alcaldías, concejalías, actas de diputados...

Así, la mayoría de los Ayuntamientos, incluido el de Valladolid capital, fueron suspendidos.

La represión continuó durante los siguientes meses, practicándose detenciones en muchos pueblos, estuvieran o no los detenidos complicados en la intentona; hubo además registros domiciliarios, acoso y persecución.

El año 1.935 comienza en España con 35.000 presos políticos; los partidos políticos y sindicatos de izquierdas, prácticamente desarticulados, los obreros en manos de los patronos y caciques, y un problema de paro gravísimo.

Con este panorama comenzaron a celebrarse en todo el país los consejos de guerra a los detenidos.

Estos encausados por la huelga de octubre cumplirán penas más o menos largas en prisión; algunos, hasta que sean amnistiados en febrero del 36 por la victoria electoral del Frente Popular.

Y son precisamente las personas con estos antecedentes, así como en muchos casos, sus familiares directos, las primeras víctimas del golpe de estado de julio del 36: nuestras investigaciones confirman los asesinatos y ejecuciones de la inmensa mayoría de estos detenidos del 34 durante los primeros días del golpe a manos, principalmente, de los grupos falangistas de sus propios pueblos, que actuando de forma incontrolada, sacaron a estas personas de sus casas, las asesinaron e hicieron desaparecer por montes y cunetas en fosas anónimas e ilegales, se incautaron y destruyeron sus bienes e intentaron, por fin, hacer desaparecer para siempre su memoria.